Expertos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social han coincidido este miércoles al indicar que el futuro de las pensiones en España no solo pasa por las cotizaciones de los que trabajan, sino que necesitarán financiación del Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Así lo han puesto de manifiesto este miércoles en Salamanca el vicerrector de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca (USAL), Enrique Cabero, el vicepresidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Jaime Cabeza, y el catedrático de la USAL Wilfredo Sanguineti durante la presentación del XXIX Congreso Anual que la entidad celebrará en la capital salmantina mañana y el viernes.
Está prevista la asistencia de unos 300 participantes, procedentes de más de 45 universidades, españolas y extranjeras, así como profesionales de diversos ámbitos: abogados, graduados sociales, expertos en recursos humanos, funcionarios del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, entre otros.
Cabero, Cabeza y Sanguineti han coincidido en destacar que el futuro de las pensiones es uno de los debates fundamentales que España tiene que acometer y en especial el de la “suficiencia” de los ingresos.
Cabeza ha recordado que España dedica a pensiones el 12,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), un poco por debajo de la media de la Europa mediterránea, pero en la media del conjunto del continente europeo.
El interrogante está, en su opinión, en ver qué porcentaje del PIB de un país que crece debe dedicarle a unas pensiones “dignas, sostenibles y suficientes” y a partir de ahí establecer “unas políticas de Seguridad Social, pero también financiera y fiscal necesaria”.
En este sentido, Sanguineti ha resaltado que el empleo “se está muriendo, pero no se muere nunca” debido a que surgen nuevas actividades y necesidades sociales.
Sobre la incógnita suscitada en torno a si los robots deben cotizar en la medida que van quitando trabajo, ha confesado que le da impresión de que “sería penalizar la inversión y el desarrollo tecnológico y la competitividad”.
Por su parte, Cabero ha augurado que “el dogma de que debe ser necesariamente contributivo el sistema se va a romper y también el Estado debe financiar la Seguridad Social”.
A su juicio, el debate central “está más en redefinir las fuentes de financiación que la determinación de si deben o no cotizar las máquinas”, de las que ha dicho que “al menos en el modelo actual no cotizan, ni reciben salario”.
Este XXIX Congreso anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social se enmarca en la conmemoración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.
Reflexionará sobre temas transversales, amplios, en los que son precisas las reflexiones y aportaciones que enfrentan los desafíos de futuro, ha sostenido Cabeza, quien ha calificado de “muy estable” la afiliación sindical en España con un 18%, por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
