España no ha dado respuesta satisfactoria a ninguna de las 19 recomendaciones sobre corrupción que el Consejo de Europa le viene indicando desde hace seis años
Los datos de Eurostat confirman que nuestro país solo ha gastado el 19,5% de lo entregado por Bruselas hasta el momento
El GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa) en un reciente informe tiene abundantes concomitancias con el informe que emitió hace varias semanas la Comisión Europea en su Informe anual sobre el Estado de derecho.
Los incumplimientos se refieren a la regulación de los asesores gubernamentales, a los conflictos de intereses de los altos cargos, al acceso accesible a las informaciones públicas, la aplicación práctica del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en 2024), a la regulación de los lobbies añun en fase de anteproyecto legislativo.
Se refieren también a la regulación de las denominadas puertas giratorias tras el cese en cargos públicos; a las declaraciones públicas del patrimonio de altos cargos incorporando asimismo el de familiares y allegados, al control sobre las declaraciones de interés de los altos cargos, a la reforma de los aforamientos, que no ha obtenido respuesta alguna por parte de España; …
Es necesario acudir a diversas fuentes para hacer la estadística sobre los incumplimientos. Parece ser que actualmente tenemos alrededor de un centenar de denuncias activadas por la Comisión contra España y se refieren especialmente a la falta de transposición o a la mala transposición de directivas, así como a violaciones directas de los Tratados, reglamentos o decisiones de la UE.
En cuanto a casos abiertos ante el Tribunal de Justicia vamos terceros, después de Grecia e Italia. Es significativo el ámbito temático de los incumplimientos, puesto que en ese mismo Informe se lleva la palma el ámbito de Justicia y derechos fundamentales, seguido de Medio ambiente y Mercado interior.
Cuando un Estado miembro es sancionado por incumplimiento, la sanción puede consistir en un pago a tanto alzado más una multa coercitiva diaria. Y no hay manera de escaparse de ello, pues en el caso de que el Estado miembro no satisfaga la multa se descuenta su importe de fondos que tenga que percibir por parte de la UE.
Quizás con ello, sería deseable, entendiera mejor todo lo que se tiene que saber, con conocimiento fundado, incluso a veces precisando de una titulación acreditativa, acerca de las ventajas y los riesgos que la Inteligencia Artificial comporta. A ver si así nos alejamos de complejos y valoramos lo que realmente importa.
No es de extrañar que el presidente de la Generalitat, cuando tenemos pendiente la sentencia sobre la amnistía por parte del Tribunal de Justicia de la UE, avise que la última palabra sobre ello la tienen los ciudadanos. Parece que no se ha enterado de que la última palabra sobre cualquier cosa sujeta a litigio la tienen los jueces, concretamente, el juez o tribunal a quien el ordenamiento jurídico sitúa en la cúspide del sistema.
Desde los clásicos (Aristóteles o Platón entre los antiguos, Kant o Rawls entre los modernos) incluso entre los filósofos, la solución final a todo conflicto reside en los jueces. Únicamente existe un supuesto en el que la ciudadanía estaría sobre ellos: cuando la ley o la decisión judicial deriva de un tirano que ni tan siquiera la respeta ni la hace respetar. En tal caso, el derecho de resistencia nos daría la palabra a los ciudadanos, pero únicamente para reponer con nuestra acción el orden jurídico violado.
España también está a la cola en la ejecución de fondos UE
El presidente del Gobierno se despidió de los españoles la semana pasada, rumbo a la residencia de Patrimonio Nacional, La Mareta (Lanzarote), dejando un mensaje positivo y triunfalista de su gestión en los dos primeros años de legislatura, sin contar que España sigue estando a la cola en la tasa de desempleo y que la renta de las familias no levanta cabeza, según los datos de la UE.
Pese a ello, y sin capacidad para afirmar con contundencia que los españoles tendremos nuevos Presupuestos Generales en 2026 después de tres años de prórrogas de las cuentas de 2023, y con otras dos prórrogas anteriores, antes de los presupuestos de 2021, Sánchez justificó los fondos Next Generation como unos presupuestos generales más, que servirán de carril para la modernización de la economía española.
Al igual que la ejecución presupuestaria nos brindó la Intervención General de la Administración del Estado, este miércoles han sido los datos de Eurostat los que desarman el argumentario del jefe del Ejecutivo español, demostrando que España se encuentra en el furgón de cola de nuestros socios europeos por el bajo porcentaje de fondos gastados del Plan de Recuperación y Resiliencia, conocido como los fondos Next Generation.
Relación del porcentaje de fondos gastados sobre el total asignacio por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021-2024). Fuente: Eurostat.
El gráfico es esclarecedor y sin lugar a confusión. España se encuentra en la posición 21, a la cola de los 27, justo por delante de países como Rumania, Eslovaquia, Lituana, Hungría, Bulgaria y Polonia. Muy lejos de socios como Dinamarca, Francia, Países Bajos y, por hacer una comparación similar, en cuanto el volumen de la cuantía recibida, a mucha distancia de Italia, cuyo porcentaje en pago es del 33,1% -por encima de la media de la UE-, frente al 19,5% de nuestro país. Y todo este resultado, a menos de 390 días para que la Comisión Europea baje el telón de las ayudas Next Generation, ideadas para salvar a las economías más afectadas por la pandemia, como fue el caso notable de España.
Con datos de la Intervención General de la Administración del Estado, el economista y experto en fondos europeos, Santiago Sánchez López, hace balance de esta ejecución, comparando la gestión de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 en el mes de junio. Recuerda Sánchez López que España ha recibido de créditos totales, de una partida global concedida de 163.000 millones de euros, 118.500 millones hasta la fecha, de los que, según Eurostat, solo hemos gastado el 19,4% de los fondos.
En cuanto a las obligaciones netas reconocidas, la cifra tampoco es especialmente positiva, pues a seis meses de que concluya el 2025, el penúltimo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, España solo tiene reconocidos 1.740 millones de euros y 1.531 millones de gastos realizados de 18.700 millones como cantidad total presupuestada.
Un dinero que llama el interés de este economista, al poner el foco en la diferencia abismal con el desembolso de fondos de 2024 (35.834 millones) frente a los 18.700 de ahora. Razón de más -esgrime a este diario-, para que el Gobierno hubiera tenido mayor capacidad de gestionar, teniendo en cuenta que estamos hablando de menos fondos.
Por otra parte, respecto al desempeño individual de los ministerios, lo que la foto fija del IGAE muestra es que estamos viviendo desde la aprobación del Plan de Recuperación y Resiliencia en el año 2021 un despliegue del mismo que no es coyuntural. «Es más bien un problema estructural de gestión y ejecución», apunta Santiago Sánchez López.
Una afirmación que se puede comprobar cuando de los 22 ministerios con los que cuenta este Gobierno, 12 no alcanzan ni el 10% de pagos realizados, y 16 ministerios no sobrepasan el 20%. Con otro añadido, y es que los grandes ministerios inversores están bajo mínimos. Ese es el caso del Ministerio de Ciencia e Innovación, con 0,003%; Educación, con el 0,62%; Transición Ecológica, con 0,72%; Economía, con el 4,17%, Transportes, con el 7,75%, Vivienda, con el 7,75% e, Industria con el 9,67%.
Recientemente, España recibió el quinto desembolso de los fondos Next Generation. Y lo hizo con más de un año de retraso, habiendo sufrido, además, un recorte, como también sucedió en el cuarto desembolso, de 1.126 millones de euros.
De ellos, 626 millones fueron por la reversión del hito 144, que alude a la temporalidad en el empleo público -aun sin cumplir- y, 500 millones de euros más, por no equiparar la fiscalidad del diésel con la gasolina -la mayoría del Parlamento tiró esta iniciativa- y, el fallo en la digitalización de las administraciones autonómicas y locales.
