Desde 2008 el capítulo destinado a abonar las pensiones se ha incrementado en un 57%, hasta los 153.864 millones de euros reflejados en el proyecto de Presupuestos para este año. Es decir, más de uno de cada tres euros del gasto público se destina a pensiones.
Detrás de este fuerte repunte está el efecto sustitución –las nuevas pensiones que entran en el sistema son mucho más elevadas que las que salen– y el envejecimiento de la población. A ello se suma el incremento provocado por la revalorización de las pensiones: hasta 2014 su subida estaba ligada al IPC interanual de noviembre.
Pero a partir de ese año el Gobierno de Mariano Rajoy activó el factor de revalorización de las pensiones que implicó que se elevaran solo un 0,25% anual hasta 2018, ejercicio en el que subieron un 1,6% gracias al acuerdo presupuestario con PNV.
Solo hubo un año, 2011, en el que las pensiones se congelaron. La situación de las cuentas públicas, sumada a la crisis de deuda soberana que azotaba a la zona euro, forzó a Rodríguez Zapatero a adoptar la impopular decisión.
Al gasto en pensiones se sumó el del desempleo. Una de las partidas que más se elevó en los primeros años de la crisis por el repunte del paro y que se fue reduciendo conforme mejoraba la creación de empleo. Desde los máximos de 2010, el gasto ha caído un 41%, hasta los 18.400 millones.
Entre las políticas de gasto, la de las pensiones registra un crecimiento del 6,2%. Contempla una subida de las pensiones del 1,6% –y del 3% para las mínimas y no contributivas–. Una revalorización cuyo futuro no depende de que el Congreso apruebe las cuentas dado que se ha tramitado y convalidado vía decreto. Lo mismo ocurriría con el alza del salario mínimo interprofesional, en vigor desde el 1 de enero.
