El pasivo de esta Administración es ya el que más rápido crece, un 57% en doce meses, por los préstamos que le da el Tesoro para poder abonar las pagas
El esfuerzo financiero que debe hacer el Estado para pagar las pensiones públicas está dejando una factura de difícil digestión al erario público. Con la situación deficitaria que arrastra la Seguridad Social desde hace ya ocho años y la hucha de las pensiones en mínimos, el Gobierno de Mariano Rajoy primero, y el de Pedro Sánchez ahora, se han visto forzados a pedir desde 2017 créditos al Tesoro público para cumplir con los 8,82 millones de pensionistas del país. Esos préstamos han disparado en poco más de dos años la deuda de la Seguridad Social en 25.895 millones de euros o un 150%, hasta los 43.068 millones registrados el pasado mes de marzo, según los últimos datos del Banco de España.
Es cierto que esos más de 43.000 millones es una cuantía relativamente baja respecto a los 1,2 billones que ya adeuda el conjunto de las Administraciones públicas. Lo preocupante es el ritmo al que el pasivo del organismo está creciendo. Solo en los últimos doce meses engordó en 15.705 millones o un 57,4%, muy por encima de lo que lo hicieron el otro subsector que más deuda pública genera, el Estado (+4,3%), y las comunidades autónomas (+2,2%).
No solo eso, sino que el endeudamiento de la Seguridad Social está contribuyendo cada vez más al aumento de ese pasivo total del sector público. Si la deuda conjunta de Administración central, autonomías, ayuntamientos y la propia Seguridad Social se elevó en el último ejercicio en 38.064 millones en términos netos, la del organismo que abona las pensiones lo hizo en el mismo periodo en 15.705 millones, cifra equivalente al 41,3% de ese monto total. Si se tienen en cuenta el pasivo consolidado o entre las propias administraciones, el aumento del pasivo del sistema es una cuarta parte.
Hace no tanto, al cierre de 2016, el pasivo de la Seguridad Social era de poco más de 17.000 millones, deuda que se considera estructural y que se arrastra de los préstamos que el Estado le otorgó entre 1994 y 1999 y cuya amortización se ha ido aplazando de década en década. En 2017, el Ejecutivo tuvo que volver a pedir financiación, 10.192 millones, y en 2018, otorgó a la Seguridad Social 15.164 más.
Tendencia creciente
Eso es lo que ha hecho que la deuda de la Seguridad Social se haya multiplicado por 2,5 veces desde diciembre de 2017, y seguirá aumentando este año. El pasado marzo el organismo recibió otro préstamo, esta vez de 13.830 millones, para pagar las extras de julio y de Navidad de este ejercicio. Con eso, previsiblemente la deuda de la Seguridad Social cerrará 2019 con un pasivo superior al menos a los 55.000 millones de euros, de forma que en solo tres años lo habrá triplicado.
Lo que justifica la necesidad del sistema de endeudarse es su difícil situación financiera. Su desfase entre ingresos y gastos ha hecho que los números rojos de la Seguridad Social se sitúen ya en 17.088 millones de euros, el 1,41% del PIB. El imparable gasto en pensiones, fruto de que los nuevos jubilados se retiran con pagas más elevadas —la media roza ya los 988 euros al mes— y de las subidas aprobadas en las últimas legislaturas, amenaza con empeorar ese déficit.
De hecho, y según adelantó el pasado miércoles ABC, el propio Gobierno estima en la notificación de déficit y deuda que remitió a la Comisión Europea el pasado 9 de abril que este año ese déficit seguirá aumentando por segundo año consecutivo y alcanzará los 17.558 millones, 470 más que el pasado ejercicio.
Ante esa situación, la Seguridad Social ha tenido que ir tirando en los últimos años de su Fondo de Reserva. El problema es que el recurso continuo a la hucha de las pensiones —desde 2012 se han retirado 77.437 millones— ha dejado este fondo de contingencia tiritando: le quedan 5.043 millones, cantidad insuficiente para pagar siquiera las pensiones de un solo mes, pues la Seguridad Social paga ahora mismo 9.598 millones cada mes por más de 9,7 millones de pensiones.
A pesar de esa preocupante tendencia creciente del gasto público en pensiones por las características de las nuevas jubilaciones, los últimos gobiernos no han tomado medidas para contener ese coste, sino todo lo contrario. Para poder obtener el apoyo del PNV a sus Presupuestos de 2018, el PP aprobó subidas de las pensiones en 2018 y 2019 que el PSOE no solo mantuvo, sino que además en 2019 ha vuelto a ligar su revalorización al IPC.
Inacción del Congreso
El enorme desafío que esto supone no ha evitado la falta de acuerdo total entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados sobre las medidas a tomar para garantizar la sostenibilidad futura del sistema. Prueba de ello es que el pasado febrero, fruto de la incapacidad de sus señorías para llegar al entendimiento, la comisión del Pacto de Toledo cerró sin hacer ni una sola recomendación.
La tensa situación de la Seguridad Social ha llevado a organismos como el Banco de España y la Autoridad Fiscal (Airef) a llamar la atención sobre el peligro que supone para la sostenibilidad de las cuentas públicas no actuar sobre los ingresos y gastos del sistema. Y es que el creciente gasto en pensiones está contribuyendo cada vez más a que la ratio de deuda del país, en el 98,5% del PIB, siga en esos elevados niveles que sitúan a España en una posición muy vulnerable. Más aún, la Airef ya ha estimado que no tomar medidas la dispararía en 2048 al 132%.
