El Pacto de Toledo estudia reformular las pensiones de viudedad para adaptarlas a la nueva realidad del momento social. El principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la prestación.
Concretamente, lo que está a debate en el Pacto de Toledo no es la conveniencia de este modelo, sino cuál debería ser el modelo de las futuras prestaciones. De hecho, el texto preambular habla de «garantizar una cobertura adecuada» de los beneficiarios, centrando la intensidad protectora en los mayores de 65 años, donde la pensión supone la principal fuente de ingreso «con el objetivo de garantizar una situación equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge«. Es decir, se recomienda que para los casos actuales se continúe elevando el porcentaje de la base reguladora de la prestación.
Otro elemento que podría distorsionar la futura cuantía de las pensiones, a la baja, es la eventual introducción, como ya ocurre en muchos países de la Unión Europea, de una prueba de rentas como criterio de acceso a la prestación, en el que se tendría en cuenta la situación financiera de todo el núcleo familiar. Cabe recordar que para los futuros beneficiarios será habitual que se hayan labrado una carrera de cotización, en el caso de la expedidas en periodo de retiro, o cuente con un empleo en el caso de las expedidas a menores de 65 años. Por ello, la naturaleza de garantizar el poder adquisitivo que el beneficiario tenía en estado de convivencia o matrimonio quedaría supeditado al nivel de renta o las necesidades familiares de cada caso.
Se habla de «liberar al sistema contributivo de coberturas que deben tener su acomodo en los niveles no contributivos o asistenciales«, es decir, que tendrían que ser financiados con los Presupuestos Generales. Aquí entrarían también todo el pliego de reducciones en las cotizaciones sociales, como incentivo a la creación de empleo, además de «otras manifestaciones de las prestaciones de muerte y supervivencia». Todo ello, con el objetivo de reordenar y homogeneizar el sistema en cuestión.