La próxima reforma de las pensiones está siendo objeto de debate en la mesa de diálogo social, que ha celebrado ya tres reuniones para tratar de llegar a un acuerdo. El principal tema que se ha tratado en estos encuentros no ha sido la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo -algo que ni siquiera se ha puesto encima de la mesa-, sino la nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que pondrá punto y final al polémico índice que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que abocaba a los jubilados a una mínima subida del 0,25% mientras el sistema estuviera en déficit.
El Ministerio de Seguridad Social presentó a sindicatos y patronal el nuevo mecanismo que pretenden aprobar en las primeras semanas del año próximo y que se ha ido puliendo dentro de esta comisión, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación, que trasladaron que ahora el acuerdo en este aspecto está más cerca tras las modificaciones realizadas. La propuesta que hizo José Luis Escrivá para calcular cuánto subirán cada año las pensiones es un deflactor que se basará en datos del IPC de periodos anteriores y, a su vez, en estimaciones de cómo puede evolucionar en el futuro.
Se descarta así la fórmula que se ha utilizado estos últimos años y que es el cálculo que hace el Gobierno del IPC que habrá en dicho ejercicio. Así es como se subieron las pensiones un 0,9% en 2020, el mismo porcentaje que lo harán en 2021. Tampoco se utilizará como se hacía antes la inflación de noviembre, ni se basará en la media de los últimos doce meses, una fórmula por la que abogaba el anterior secretario de Estado, Octavio Granado.
Se hará, por tanto, con una franja de tiempo mayor, que puede abarcar varios años, según confirmaron a este diario fuentes cercanas a la negociación. Con esta fórmula lo que podría perseguir el Ejecutivo es compensar las ganancias de poder adquisitivo que pueda haber en un ejercicio con las pérdidas que pudiera darse en otro, para que el gasto no se dispare más.
El mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas es uno de los compromisos del Gobierno de coalición, que además cuenta con el respaldo del texto consensuado en la comisión del Pacto de Toledo y aprobado en el Congreso. Así, los sindicatos exigen que la nueva fórmula se vincule exclusivamente al IPC, y no se tengan en cuenta otros parámetros. La negociación proseguirá ya después de las Navidades, cuando se convocará otra reunión.
