El Gobierno admite que las pensiones supondrán el 90% del déficit en 2023

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Los expertos advierten del enquistamiento del desequilibrio por el envejecimiento

Las pensiones representarán prácticamente el 90% del déficit español en 2023. Es decir, que la Seguridad Social será responsable de nueve de cada diez euros de desfase en las cuentas públicas en tan solo tres años, frente a los seis de cada diez euros de desajuste que soporta el Sistema actualmente. Así lo reconoce el Gobierno en la senda de déficit 2020/ 2023, definida el martes por el Consejo de Ministros, en la que el Gabinete económico del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, pese a que descarta encontrarse de aquí a tres años con saldos negativos tanto en autonomías como en ayuntamientos, atisba una exigua décima de PIB de desajuste en la Administración Central y de ocho décimas en la Seguridad Social (unos 9.600 millones sobre un descubierto total en el entorno de los 10.800 millones).

En virtud de ese horizonte, Moncloa prevé que la Seguridad Social cerrará este ejercicio con un desajuste del 1,1% del PIB, sobre unos números rojos del 1,8% para el conjunto de las Administraciones, con lo que el peso del Sistema sobre el saldo negativo total del país será del 61% este 2020. Esta situación se agravará paulatinamente ante la presión de las jubilaciones de la generación del baby boom, la prevalencia de nuevos retiros en los tramos máximos de pensión, el envejecimiento de la pirámide poblacional, la mayor longevidad, así como, y principalmente, el regreso a la actualización de las pagas con el IPC de forma acumulativa y la inaplicación del factor de sostenibilidad marcado por la reforma de 2013, destinado a rebajar las nuevas pensiones a través de un coeficiente basado en variables demográficas como la esperanza de vida.

Todos estos efectos, que engrosan el gasto, unidos al perfil permanente en los ingresos por cotizaciones, que rondan de forma perenne el 10% del PIB, hará que el aumento exponencial del desembolso en prestaciones lleve en menos de tres años a que la Seguridad Social represente el 89% del descuadre de las cuentas públicas. Así lo reconoce el Gobierno al prever para 2023 un saldo negativo del conjunto de las Administraciones del 0,9% del que el Estado sólo se atribuiría una décima, y las ocho restantes corresponderá a la Seguridad Social.

Diversos estudios y dictámenes, tanto de expertos como de organismos internacionales, vienen avisando a España del riesgo financiero de -en el actual contexto demográfico- regresar a la actualización de las pensiones con el IPC sin tomar al mismo tiempo medidas correlativas desde el lado de los ingresos. La decisión de volver a la actualización de las pagas con el IPC fue tomada por el Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2018 en virtud de un acuerdo con el PNV para salvar el apoyo a los Presupuestos del ejercicio que tumbó el IRP, un índice nacido de la reforma de 2013, que fijaba un suelo de actualización de las pensiones del 0,25% y fue propiciada por las movilizaciones de los pensionistas que, con origen en el País Vasco, comenzaron a recorrer España con sus protestas.

La opinión general respalda que las jubilaciones, especialmente las más bajas, ganen anualmente poder adquisitivo con algún parámetro vinculado al IPC, tal y como vino defendiendo el Pacto de Toledo en la última legislatura, pero recomienda acompañar esta decisión de medidas que apuntalen la recaudación para reequilibrar el Sistema y evitar, en palabras de Devesa, “una helenización de las pensiones”, es decir, que su peso en el déficit derive en una reconvención de la UE y los mercados que castigue a una generación con pagas más bajas.

Hará falta más superávit

En este sentido, sobre la vuelta a la revalorización de las pagas con la inflación, el profesor de la Universidad de Valencia Enrique Devesa explica a elEconomista, que esta medida “habría que contrarrestarla con superávit en otras partidas. Es difícil que podamos llegar a un saldo cero en el conjunto de las Administraciones porque una parte importante del déficit va a estar en la Seguridad Social”. Algo que se evidencia en la senda de déficit recientemente lanzada por el Gobierno, donde la Seguridad Social pasa de pesar un 61% en el déficit total este año, a un 66% en 2021, un 75% en 2022 y un 89% en 2023.

Esta progresión evidencia, según el economista Javier Santacruz, que el componente estructural del déficit y del sistema de pensiones es cada vez mayor por el propio factor demográfico y la insistencia en una fuere alza del gasto. Tanto es así, que Santacruz apunta a que actualmente el peso del saldo negativo del Sistema se encuentra infravalorado, ya que el alza del SMI ha elevado las cotizaciones pero en menor medida del alza prevista de los desembolsos.

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