En otro juicio, una empresaria se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel, acusada de defraudar 222.000 euros a la Seguridad Social
En este mes de noviembre habrá en la Audiencia Provincial de Cáceres dos juicios por fraudes a la Seguridad Social.
El que está previsto que dure más tiempo, debido a su complejidad, es el señalado para el 25 y 26 de noviembre, en donde hay doce acusados de cometer fraude, al cobrar ayudas en prestaciones por desempleo.
Se juzgará al supuesto responsable, gestor y administrador de una empresa, constituida en el año 2010, que figura que se dedica al transporte de mercancías por carretera, alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola. Según el ministerio fiscal, de acuerdo con los otros 11 acusados, les facilitó el alta y baja en esa empresa o en otras tres, «a cambio de contraprestaciones económicas no determinadas, sin que hayan llegado a desempeñar actividad laboral alguna y con la finalidad de acceder indebidamente a prestaciones por desempleo». De esta forma los organismos públicos reconocían y abonaban unos subsidios por desempleo que no tenían base real.
Estas personas recibieron cuantías que oscilan entre los 2.025 a los 18.556 euros. El total suma 103.631 euros.
El principal encartado, J.E. F. B. es acusado también de tener una deuda con la Seguridad Social de 110.340 euros. Se indica que no pagó cuota alguna, a pesar de haber tenido en alta a más de 20 trabajadores, sin que se le hayan conocido cuentas corrientes, ni bienes muebles o inmuebles susceptibles de embargo.
Se solicita para el principal acusado cinco años y medio de prisión, y pagar una multa de 310.894 euros; y a cada uno de los otros once acusados, 21 meses de prisión y pagar una multa de 2.700 euros. Tienen que devolver las prestaciones cobradas indebidamente y, en caso de que no puedan, subsidiariamente lo haría J.E. F. B.
Pagar un millón
El próximo 18 de noviembre, está previsto que quien se siente en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres, sea la empresaria M.J. F. P. acusada de cometer un delito de defraudación a la Seguridad Social.
Desde el 20 de mayo de 2014, la acusada ha ostentado el cargo de administradora única de una sociedad dedicada a explotaciones agrícolas, cuyo objetivo social era la gestión integral de fincas rústicas, tanto propias como en arrendamiento o por encargo de terceros mediante el cobro de comisiones, así como a la agricultura y compra y venta de todo tipo de productos ganaderos.
Según la acusación pública, desde el mismo momento en que comenzó a desempeñar su función como administradora única de la sociedad, «movida por el ánimo de no abonar las cuotas a la Seguridad Social que por su actividad empresarial le correspondía pagar, ha venido dejando de presentar las cuentas de la sociedad ante el registro mercantil». Afirma que ha simulado el cese de la actividad de la sociedad para evitar pagar a la Seguridad Social, aunque ha seguido trabajando, «teniendo en su haber un elevado número de trabajadores».
Se asegura que desde febrero del año 2015 hasta el mes de diciembre de 2017, tiene una deuda con la Seguridad Social de un total de 222.053 euros. También generó otra deuda con la Seguridad Social, derivada del impago de cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ascendiendo esa cantidad a 37.708 euros. La acusada carece de bienes a su nombre, y no figuran titularidades vigentes a favor de la sociedad en todo el territorio nacional.
En la calificación provisional de la fiscalía, se pide para ella una pena de prisión de cuatro años y medio, así como pagar una multa de 888.215 euros. Además debe indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en 222.053 euros. En total tendría que pagar más de un millón de euros.
