El mismo día que el PSOE hacía pública su Propuesta abierta de cooperación para un gobierno social, feminista, ecologista, europeísta y progresista en el que se compromete a «una actualización de las pensiones de acuerdo a la evolución del IPC real» y a la eliminación del factor de sostenibilidad creado en el gobierno de Mariano Rajoy, el Consejo Europeo le recordaba al Ejecutivo que las reformas de 2011 y 2013 fueron positivas y que deberá adoptar «medidas compensatorias» para «asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo».
Apenas es un párrafo -el número 15- en el documento de recomendaciones, pero es la muestra de que la UE es uno de los grandes antídotos contra el populismo y la demagogia. La Unión no sólo es una de las pocas empresas humanas en las que, con sus defectos y virtudes, merece hoy la pena participar, sino que proporciona un anclaje en la realidad que no tiene precio. Por muchas disfunciones institucionales que acumule un país miembro, por mucho tiempo que tengamos gobiernos en funciones y presupuestos prorrogados, al final siempre hay una brújula fiable señalando al norte.
El párrafo en cuestión comienza afirmando una verdad que los movimientos de pensionistas quisieron controvertir en 2018 con la complicidad del PNV y la anuencia de Rajoy: «Durante la crisis, el sistema español de pensiones contribuyó de manera importante a mantener el nivel de vida de las personas mayores, que se enfrentan a un menor riesgo de pobreza. Las previsiones del Informe sobre el envejecimiento y el Informe sobre la adecuación de las pensiones de 2018 señalan que las reformas de 2011 y 2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo».
Y continúa: «No obstante, el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad [el PSOE propone su eliminación] requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Además, se necesitarían medidas para abordar tanto la cuestión de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial».
Lo curioso es que, en este caso, el gobierno juega a ambos lados del tablero. Por un lado, recibe la recomendación, pero como miembro del Consejo Europeo, es el autor de la misma. Por lo tanto, Pedro Sánchez ya debería tener una idea de por dónde quiere avanzar en esta materia. En su documento, el PSOE apuesta por la revalorización de acuerdo al IPC (hay que aclarar si esto significa «exclusivamente» como pedía Podemos), la eliminación del factor de sostenibilidad que Rajoy aplazó, y elevar «en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas». Ayer, la ministra Magdalena Valerio añadió que el problema no es «un gasto excesivo» en pensiones, sino que es un «problema de déficit de ingresos».
La gran incógnita es si el PSOE pondrá en marcha la congelación de la pensión máxima junto con el destope de las bases máximas de cotización. Economistas como José Ignacio Conde-Ruiz han denominado a ésta como la «reforma silenciosa» y han subrayado que esto acabaría con la contributividad del sistema, haciéndolo evolucionar de un sistema bismarquiano (tanto aportas, tanto cobras), hacia uno de corte asistencial con muchas pensiones mediocres, y muy pocas altas y bajas.
