El Gobierno teme el veto empresarial a pagar el coste de la ‘mochila austríaca’

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El debate sobre la implantación de la ‘mochila austríaca’ en España como una forma de ahorro complementario para las pensiones va a marcar el inicio de la legislatura entrante con una pregunta clave en el ambiente que planea sobre las mesas del Ejecutivo: ¿Quién va a pagar la factura de su puesta en marcha, sobre todo en los momentos iniciales? El sistema básico supone dedicar parte de lo que sería la indemnización por despido de los trabajadores a una cuenta acumulativa a su nombre desde el primer día en que son contratados, para que lo puedan dedicar a lo que estimen oportuno cuando se queden sin trabajo o decidan jubilarse. Pero por el proceso plantea más incógnitas que soluciones en el caso español, según advierten fuentes del Gobierno cercanas a ese proceso.

Lo lógico que cabe pensar, a priori, es que sea el empleador quien sufrague esa cuenta, dado que la contraparte del sistema es una reducción general en los actuales 20 días de indemnización por año trabajado que debe pagar cuando se deshace de algún trabajador. Pero “algo que parece tan sencillo no lo es tanto”, advierten desde el lado empresarial, dado que eso supondría un coste adicional muy importante para cientos de miles de empresas en las que no es habitual despedir a nadie durante muchos años, o nunca. Ese ‘gap’ entre lo que se paga realmente por los despidos que se hacen cada año en España y lo que supondría poner en cuentas nominales una parte del dinero que costaría la salida de todos los trabajadores que opten por ese sistema, aunque no vayan a ser despedidos, “puede ser una cifra astronómica, que nadie ha calculado, pero que no se puede admitir como un coste más para las empresas”, señalan.

Una de las posibles soluciones a esa incógnita sobre la factura de poner en marcha un modelo adaptado de la ‘mochila austríaca’ en España, la propuso en la Comisión para el Pacto de Toledo del Congreso (hace más de dos años), la presidenta de la patronal de las aseguradoras, Unespa, Pilar González de Frutos. A su entender, se trata de una medida “necesaria y positiva”, que se podría enmarcar dentro de “un esquema más general de racionalización del ahorro y la previsión a través de ese tridente formado por las rentas salariales, las rentas empresariales y el apoyo estatal vía fiscalidad o vía subvención”. Es decir, con un reparto de los costes de su implantación entre trabajadores, empresarios y Estado.

Una de las grandes cuestiones que giran sobre este proceso, antes incluso de definir sus detalles, está en que todo debe ser pactado en el diálogo social con empresarios y sindicatos, tal y como ha reconocido ya el Gobierno. El director de Economía y Coyuntura Internacional de Funcas, Raymond Torres, recuerda que ese fue el gran escollo que encontró Austria para poner en marcha el modelo básico, hace más de quince años. “Las ventajas son claras para el mercado laboral español -asegura-, pues lograría atajar los problemas de la movilidad de los trabajadores, que no estarían atados a la empresa para no perder su indemnización, y se frenaría la temporalidad, pues el coste del despido deja de ser un factor clave”. Pero junto a esas ventajas, están las pegas de los trabajadores, “que temen que sea una carta libre para despedir”, y de los empresarios, “que quieren tener ese sistema, pero sin pagar todos los costes”.

A vueltas con el modelo italiano

Fuentes empresariales aseguran que el Gobierno (aún en funciones) no se ha puesto en contacto con ellos ni con la patronal del sector para lo que puedan aportar en ese debate, algo que se justifica porque todavía se está en un estado muy preliminar en el que no se ha profundizado nada, según han advertido esta semana desde el Ministerio de Trabajo. Pero de los primeros contactos realizados para analizar la cuestión, todo apunta a que la opción que mejor se adapta a la realidad española es el sistema italiano, aunque con matices.

En Austria se aporta un 1,5% del salario del trabajador a la cuenta del empleado y se elimina la indemnización por despido; pero en un hipotético sistema para España, no cabría ese sistema básico porque el despido es mucho más caro y la aportación sería demasiado alta. El paso intermedio se deriva del sistema italiano, basado en el Trattamento Fine Rapporto (TFR), una figura especial de su normativa laboral que constituye una aportación del empresario, consistente en un determinado porcentaje del salario de su trabajador, para un fondo cuyo cobro se difiere al momento en que el empleado deje de pertenecer a la empresa. Ese ‘despido’ a la italiana sufrió un cambio normativo en 2005 que supuso la reforma de la previsión social complementaria en el país, dado que abrió la posibilidad de utilizar el TFR como un fondo de pensiones. En ese momento, el empresario deja de aportar su dinero.

“Esa opción híbrida, con las adaptaciones necesarias, es la más realista para la situación española”, asegura Raymond Torrres, dado que no desparece la indemnización del despido del todo y permite capitalizar parte de ese dinero para que sea un complemento de la pensión futura. Eso sí, desde algunas formaciones políticas, que también apoyan este modelo, se ha advertido que se debería hacer una aplicación gradual y voluntaria, por el coste que podría suponer un modelo obligatorio.

A expensas de lo que ocurra en la discusión de todas las cuestiones que rodean a la ‘mochila austríaca’ en su adaptación para España, todas las fuentes consultadas advierten que una de las claves estará en los incentivos fiscales que suponga para todos aquellos que puedan hacer aportaciones. En el caso de las empresas sería en la base imponible del Impuesto de Sociedades y para los particulares en la del IRPF, de forma que en todo el sudoku final, junto a Moncloa, Economía y Trabajo, deberá entrar también el Ministerio de Hacienda.

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