El Ministerio de Trabajo ha planteado a los interlocutores sociales una serie de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores con las que busca que los tribunales tengan la última palabra sobre los despidos, al tiempo que será más fácil impugnar ante la justicia la decisión empresarial. Según el documento que ha entregado Trabajo a la patronal y los sindicatos, el Gobierno quiere facilitar la impugnación ante la jurisdicción social de aquellos despidos colectivos que sean considerados “desproporcionados”.
La propuesta del Gobierno otorga más poder al informe que debe realizar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo las “causas motivadoras del despido colectivo y la proporcionalidad de la medida prevista en relación con las mismas”. En el caso de que este informe señale la existencia de una “manifiesta desproporcionalidad entre la causa alegada por la empresa y la gravedad de la medida prevista“, la decisión de despido colectivo podrá ser impugnada mediante el correspondiente procedimiento de oficio ante la jurisdicción social. Lo mismo ocurre en el caso de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en las que también podrá ser impugnada la decisión empresarial si el informe que debe efectuar la Inspección de Trabajo detecta la citada desproporcionalidad.
En el caso de las suspensiones de contrato, el documento de Trabajo hace más difícil justificar las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción bajo las que el empresario puede llevarlas a cabo. Así, se entenderá que concurren dichas causas si con la adopción de las medidas propuestas “se contribuye a prevenir una situación económica negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos”.
