El alza salarial, comprometida desde 2018 en el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, había quedado pendiente al estar en funciones el Ejecutivo posterior de Pedro Sánchez.
Este alza, ya incluida en el proyecto presupuestario, se sacará adelante mediante real decreto y se aplica a 2,6 millones de funcionarios y empleados públicos.
De acuerdo con el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2019, en España hay 2.578.388 empleados públicos, de los que más de la mitad, 1,3 millones, corresponden a la administración de las comunidades autónomas, la mayoría circunscritos a la educación (553.014) y la sanidad (510.224). El resto se reparte entre la administración del Estado (507.830), la administración local (575.405) y las universidades (156.042). “Cumplimos nuestro compromiso con los empleados públicos, una prioridad porque son la base de nuestro Estado del bienestar”, ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete de Pedro Sánchez.
La subida salarial de los funcionarios contempla una subida del 2% más un 0,3% de fondos adicionales ajustada a la evolución del PIB con aplicación y tiene a efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020 y se actualizará la nómina de inmediato, aunque la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha explicado que el decreto ley aprobado hoy solo recoge el incremento fijo del 2% previsto en dicho acuerdo para 2020, recordando que el pacto incluye también una subida variable vinculada al crecimiento económico, cuya cuantía exacta se conocerá el próximo mes de mayo.
La subida, que ya estaba incluida en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo en funciones envió el pasado mes de octubre a la Comisión Europea, establecía una subida del 0,20% adicional si la economía crece el 2,1% en 2019, que puede llegar hasta el 1% si el PIB avanza el 2,5%.
La previsión de crecimiento del Gobierno para 2019 es del 2,1%, aunque algunos organismos y servicios de estudios calculan que ha quedado entre el 1,9 y el 2%. Contemplaba, asimismo, un alza adicional del 0,30% condicionada a productividad y otros aspectos, así como un 0,55% sujeto al cumplimiento del objetivo de déficit público.
Un coste de 3.264 millones de euros más variable
Esta subida salarial se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CC.OO. Y UGT) en 2018, que contemplaba un nivel mínimo de alza del 2,3% (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales). Junto a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la medida tendrá un coste de 3.264 millones de euros.
A este porcentaje del 2,3%, según el acuerdo pactado por el último Ejecutivo del PP y los sindicatos, se le suma otro incremento adicional si la economía creciese por encima del 2%, si bien el Ejecutivo estima un aumento del PIB del 1,8% para este ejercicio.
El Plan Presupuestario señala que en el escenario más optimista, en el que se recoge una subida del 3,3% por la suma de un 1% adicional por el incremento del PIB igual o superior al 2,5%, el coste ascenderá hasta los 4.575 millones de euros. En 2019 la subida fue finalmente del 2,5% tras sumar al incremento fijo del 2% un 0,25% de fondos adicionales y otro 0,25% derivado de la evolución del PIB de 2018.
Reivindicación salarial
Los sindicatos más representativos presentes en la mesa de negociación salarial CCOO, UGT y CSIF ya habían pedido “cuanto antes” esta subida comprometida y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había presionado con convocar paros y manifestaciones en el caso de que el incremento de su salario no se hiciera efectivo este mes.
Ante las presiones de este colectivo, el director de gabinete del Gobierno, Iván Redondo, volvió a asegurar en una carta a CSIF que la subida salarial se produciría “a la mayor brevedad posible” y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020, mensaje que volvió a repetir Darias en una carta enviada a los sindicatos el pasado viernes a los sindicatos.
Ayer, el Gobierno reiteró una vez más a CCOO que el incremento salarial para los empleados públicos en 2020 era “prioritario”, aunque no concretó plazos para la ejecución de la subida, según informó en una nota el sindicato, que pedía lleva la subida al Consejo de Ministros de hoy como finalmente ha confirmado Moncloa. Este sindicato también pedía que el incremento salarial se aprobase por real decreto ley para que no haya ningún riesgo de que lo comprometido no se percibiera en la próxima nómina.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado hoy positivamente la subida en una entrevista con Servimedia en la que ha destacado que es la primera vez que se firma un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de la función pública para tantos años y que “se va cumpliendo” y ha agradecido al nuevo Gobierno por ejecutar ese pacto, aunque “este sólo es un acto de cumplimiento de un acuerdo salarial” y recueda que el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos recoge un capítulo relativo a las plantillas de empleados públicos y a sus condiciones laborales, en el que destaca la revisión del contrato de interinidad para evitar su uso abusivo. Por eso ha pedido iniciar “cuanto antes” la negociación que “acabe con esta situación de interinidad, de precariedad que viven las administraciones públicas”.
El secretario general de la Federación de Empleados de los servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que la aprobación de esta medida en el Consejo de Ministros de hoy “era lo que cabía esperar”. “No teníamos ninguna duda al respecto”, ha afirmado, tras señalar que lo más importante ahora es cómo se hace frente durante esta legislatura a todo lo referente a la Función Pública en España.
