Normalmente, consideramos el déficit de la Seguridad Social como un todo sin pararnos a analizar el origen del desfase de ingresos y gastos, y hasta qué punto la caja de la Seguridad Social ha sido utilizada para aplicar políticas de gasto que no se corresponden con un sistema de seguro colectivo, tal como se diseñó el sistema público de reparto hace ya más de un siglo.
Este debate tan poco explorado ha sido objeto de algunos discursos como el del sindicato UGT, el cual publicó un estudio en el que subrayaba que un 60% del déficit de la Seguridad Social provenía de los Regímenes Especiales donde se encuadran el Reta (autónomos), el Régimen Especial del Mar y el del Carbón, una vez integrados los antiguos Regímenes Especiales Agrario y de Empleados de Hogar en el Reta -para los que eran trabajadores por cuenta propia- y en el Régimen General, respectivamente.
Tomando las cifras correspondientes al Presupuesto de la Seguridad Social de 2018, aunque el Régimen más deficitario es el General -de 7.346 millones de euros, incluyendo el Sepe-, en términos de diferencia entre cotizaciones y pensiones, la suma de los desfases generados en los capítulos de autónomos, marinos y mineros asciende a 9.306 millones de euros, un 64% del total del déficit bruto presupuestado -14.574 millones de euros en 2018-.
En cambio, existen dos capítulos que generan superávit: el primero y más importante es el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP), el cual arroja un saldo positivo de 4.236 millones de euros en el presupuesto de 2018, mientras que el segundo es la cotización por cese de actividad de los autónomos, capítulo que se prevé que ingrese 133,25 millones de euros al cierre de este año.
Un caso paradigmático es el de la Minería, donde el desfase entre cotizaciones y prestaciones supera los 400.000 euros per cápita, mientras que el Régimen del Mar es deficitario por persona en más de 21.000 euros. Tal como señala UGT, si se divide el importe del déficit de cada régimen o sistema entre su número de afiliados, el del general asciende a 638,8 euros por trabajador, dato muy inferior al de la media de la Seguridad Social que es 1.072,7 euros.
