Encuentro El Confidencial/Ibercaja: El sistema público de pensiones español y las posibles consecuencias de la pandemia

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El desafío social y político que supone el envejecimiento de la población española de cara al mantenimiento del sistema de pensiones ha centrado el interés de la investigadora Elisa Chuliá en gran parte de su dilatada carrera. Al margen de la pandemia y de los posibles efectos que pueda tener demográficamente, la preocupación de esta doctora en Ciencias Políticas y Sociología continúa siendo que la sociedad general conozca realmente cómo es el modelo actual de jubilación y cuáles son los retos a los que debe enfrentarse en los próximos años para mantener su vigencia y utilidad.

Con el objetivo de conocer su opinión sobre el tema, El Confidencial organizó, de la mano de Ibercaja, el sexto y último encuentro del año del ciclo ‘El valor de la experiencia’. Tras conversar con Manuel Pimentel, Antonio Garamendi, José Juan Toharia, Eduardo Madina y Rosa Santos, en esta ocasión el periodista José Antonio Zarzalejos tuvo ocasión de preguntar a Elisa Chuliá sobre el sistema de pensiones y sus previsiones de futuro. Al acto también asistió José Morales​, subdirector de Ibercaja Banco y director territorial de Madrid y Noroeste de la entidad, quien destacó “el valor que tiene escuchar a expertos en diferentes áreas para que su conocimiento llegue a todos los ciudadanos y estos puedan construirse un criterio propio sin condicionantes ideológicos”.

Uno de los aspectos centrales que caracterizaron las intervenciones de la académica fue la insistencia en la necesaria labor divulgativa sobre el sistema de pensiones español, con el objetivo de que “este no sea criticado por desconocimiento sobre su funcionamiento y rendimiento, y que se valore su calidad”. Desde su punto de vista, “la ignorancia que existe sobre esta materia se debe, en buena medida, a que desde el ámbito político no se ha hecho suficiente esfuerzo por informar correctamente a la población acerca de cómo funciona y cuánto rinde el sistema de pensiones”. Chuliá recordó que se trata de la principal partida del gasto público, a la que se van a dedicar en 2021 más de 160.000 millones de euros, con los que se cubrirá el pago de al menos 10 millones de pensiones. Estas cifras no han dejado de aumentar año tras año, de manera que desde 2011 la Seguridad Social arrastra un déficit que se ha aproximado a los 20.000 millones de euros anuales.

Sin embargo, la investigadora dejó claro que esta “falta de rigor conceptual y argumentativo” se observa en “el propio documento de la última revisión del Pacto de Toledo, que mezcla conceptos, no prioriza adecuadamente las materias y adolece de falta de claridad”. Bajo su perspectiva, este texto —aprobado el pasado 23 de octubre y que incluye novedades, como la posibilidad de elegir los mejores años de cotización, la revalorización con el IPC o la existencia de excepciones en la penalización por prejubilarse— recoge “prácticamente todos los puntos sobre este tema incluidos en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Desde esta óptica, es un documento muy a la medida del Gobierno actual. Es verdad que también incluye algunas recomendaciones que no figuraban en ese acuerdo de coalición, y a las que el ministro Escrivá concede especial importancia, como son las relativas a la conveniencia de retrasar la edad de jubilación efectiva y promover los sistemas complementarios de previsión social empresarial”.

¿Afectará la pandemia al modelo español?

Las variables demográficas que marcan el devenir del sistema de pensiones y que se están viendo afectadas por la pandemia —el posible acortamiento de la esperanza de vida y el impacto en la natalidad— tuvieron su espacio en la conversación. Elisa Chuliá destacó que, según algunas estimaciones, la esperanza de vida al nacer podría caer 0,8 años para hombres y mujeres. Sin embargo, la mayoría de los expertos opinan que esta caída va a ser coyuntural y no va a afectar a la tendencia de crecimiento sostenido de la esperanza de vida. “Los efectos de sobremortalidad de 2020 se absorberán, y en materia de longevidad continuaremos siendo líderes a nivel mundial”, confirmó Chuliá.

Por el contrario, la experta subrayó que esta crisis sí puede tener efectos sobre la natalidad, porque “a falta de la publicación de los datos sobre nacimientos por parte del INE, diversas informaciones apuntan que ha descendido significativamente el número de embarazos en nuestro país”. Concretó que cuatro de cada cinco interesados en ser padres, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, podrían haber pospuesto la decisión a causa de la pandemia, según un estudio publicado durante el confinamiento. “Si a esto le sumamos que España ya tenía una muy baja natalidad y que, por el contrario, todos los nacidos durante el ‘baby boom’ —unas 650.000 personas al año, entre 1958 y 1977— están a punto de entrar en la edad de jubilación, el resultado es una necesaria revisión del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad”.

Alternativas para salvar el sistema

Esta profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED se define como “una gran defensora” del modelo actual, porque “ha funcionado muy bien, ha atendido puntualmente sus compromisos con los pensionistas y nunca ha fallado”. No obstante, destaca que “precisamente, si lo queremos mantener, hay que hacer reformas”, y entiende que “eludirlas implica una falta de responsabilidad por parte de aquellos a quienes corresponde tomar las decisiones políticas”.

En esta misma línea, matizó que actualmente el sistema continúa funcionando porque “los gastos definidos como impropios son cubiertos mediante la imposición general; es decir, los gastos no contributivos —como algunas pensiones y políticas de incentivo al empleo, medidas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento— se sacan de la financiación del sistema, y así se consigue equilibrar el mismo”. Pero advierte: “Llegará un momento en que razonablemente ya no quepa definir más gastos como impropios y el sistema no se sostenga”.

Para arrojar algo de luz en torno a cómo puede ser el devenir de la jubilación en España y qué opciones pueden existir para conservar el sistema, la investigadora aclaró que “la mayoría de modelos, también el nuestro, consta de tres pilares fundamentales”. El primer pilar —el más desarrollado y conocido— es de adscripción obligatoria y consiste en la previsión social pública. Los otros dos pilares, de adscripción voluntaria, consisten en la previsión social complementaria y se basan en la capitalización de aportaciones: los planes de pensiones de empleo y los planes de pensiones individuales. Precisó que en los últimos 10 años se ha potenciado en el Reino Unido el segundo pilar, “obteniendo muy buen rendimiento”. Para ello, las autoridades británicas establecieron que, por defecto, “los empresarios deben hacer una aportación a favor de cada trabajador en un sistema de previsión empresarial, a no ser que el trabajador decida expresamente lo contrario”, señaló.

La académica considera eficaz el sistema del Reino Unido, aunque incidió en que en España, “antes de desarrollar este segundo pilar, se va a comenzar a debilitar el tercero reduciendo los incentivos fiscales a la aportación de planes de pensiones”. En este sentido, la doctora en Ciencias Políticas y Sociología aseguró que “lamentablemente, el tema de las pensiones marca ideológicamente. Quien plantea que el gasto en pensiones está sometido a una tensión creciente se arriesga a que las personas mal informadas o tendentes a simplificar los argumentos asocien estos planteamientos con posiciones próximas a la derecha o a los intereses de entidades que supuestamente querrían debilitar el sistema público”. Y recordó que “no debería seguir creciendo descontroladamente el gasto en esta materia mientras se recorta en otras necesidades sociales”.

Para remarcar la delicada situación del sistema español en el último año, Chuliá señaló que “los gastos de la Seguridad Social durante la pandemia se han disparado y los ingresos han descendido, hasta situar el déficit, según algunas estimaciones, en torno a los 45.000 millones de euros”. En su opinión, “negar que la financiación de las pensiones suponga dificultad alguna para nuestra sociedad, como se ha hecho desde hace años y se sigue haciendo hoy día desde el Gobierno, no favorece a nadie, y menos a las personas menos informadas, que muchas veces son las que disponen de menos rentas. Al fin y al cabo, las más y mejor informadas ahorran para su jubilación ante la posibilidad de que las pensiones se reduzcan en el futuro”.

Con pandemia o sin pandemia, conservadores o progresistas, hasta ahora ningún partido que haya ostentado el poder en las últimas legislaturas ha querido asumir una reforma tan compleja y relevante para el futuro de millones de ciudadanos. “La factura electoral parece ser demasiado cara”, sentenció.

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