YOLANDA DÍAZ: NECESITA QUE HAYA MÁS POBRES Y ESTAR EN LOS PAPELES DÍA SI Y DÍA TAMBIÉN

La ministra busca empobrecer a todos los españoles para poder justificar y extender aún más el asistencialismo estatal, con el fin de comprar voto»

La presunta líder de la izquierda cuqui ha degenerado en una totalitaria chantajista. Representa el catastrófico modelo económico y social. Cada presunto derecho social que conquista es un paso más hacia la ruina colectiva

 

Pedro Sánchez es el responsable último, en compañía de los sindicatos verticales, de que su vicepresidenta esté dinamitando las bases de la economía real española. Para las políticas de Yolanda Díaz no existe tratamiento posible. Su final es siempre le mismo, la ruina, el cierre y el paro.

 

Los datos del Gobierno progresista y social de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz son contundentes. España ya es el cuarto país más endeudado de la UE. España está en la cola en productividad. España no sabe ni los funcionarios que mantiene y sus cifras de empleo están manipuladas con etiquetas como los «trabajadores fijos discontinuos» en inactividad.

 

El buenismo que intenta vender la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con su creciente y renovado populismo esconde una trágica y cruda realidad: más paro, asistencialismo y pobreza. Se equivocan quienes piensen que la política laboral del Gobierno tan sólo va a perjudicar a los empresarios y a las rentas altas del país. En realidad, todos saldrán trasquilados y, muy especialmente, la clase media y los más vulnerables.

 

El error de base de sus postulados consiste en creer que la economía es un juego de suma cero, donde lo que ganan unos lo pierden otros, en lugar de entender mínimamente cómo se crea la riqueza dentro capitalismo. Y además en ignorar que el salario, ya sea a nivel de país, empresa o trabajador, no depende de los políticos, sino de la productividad. Y la productividad en España cae un 4% desde 2019, el mayor retroceso de la OCDE, y más de un 7% en lo que va de siglo.

 

Yolanda Díaz no se conforma con registrar la mayor tasa de paro del mundo rico, con un 11,9%, frente a la media del 4,8% de la OCDE, sino que lo que busca, realmente, es empobrecer a todos los españoles, en mayor o menor medida, para poder justificar y extender  aún más el asistencialismo estatal, a base de paguitas, con el fin de comprar votos. La izquierda es maestra en crear pobres para mantenerse en el poder.

 

No se conforma con disparar el salario mínimo a niveles insostenibles, destruyendo a su paso 160.000 empleos y dificultando aún más la búsqueda de trabajo a jóvenes, parados de larga duración y personas con menor cualificación. Ahora también pretende reducir por ley la jornada laboral e incluso limitar el sueldo de los directivos con el argumento falaz de mejorar la vida de la gente.

 

La negociación colectiva, entendida como la búsqueda de acuerdo a tres bandas entre Gobierno, patronal y sindicatos, está muerta y enterrada. Ya no hay nada que negociar, se hace lo que diga el Ejecutivo y punto, con el siempre incondicional y bien subvencionado apoyo sindical. De hecho, si los empresarios osan rechazar la propuesta inicial de Trabajo, son chantajeados con un coste aún mayor.

 

Jornada laboral. Por un lado, Díaz quiere reducir gradualmente la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en 2025 para, a partir de entonces, estudiar nuevas rebajas, hasta alcanzar la meta de las 35 horas o la semana laboral de 4 días. Para empezar, cabe señalar que esta reducción afectaría a 12 millones de trabajadores, algo más de la mitad de la fuerza laboral, puesto que muchos convenios ya contemplan la jornada de 37,5 horas. Si no aumenta la productividad en igual medida, trabajar menos horas cobrando lo mismo se traduciría en un aumento de los costes laborales superior al 6%. La empresa puede tener capacidad suficiente para trasladar ese mayor coste al precio final de sus bienes y servicios, con el consiguiente encarecimiento para los consumidores, o reduce sus beneficios lo cual se traduce en menos inversión, menos empleo presente y futuro e incluso despidos y recortes salariales para parte de la plantilla.

 

Francia pasó de 39 a 35 horas entre 1997 y 2009 y el resultado fue, básicamente, estancamiento salarial, menor flexibilidad para escoger libremente horario y una mayor insatisfacción laboral por parte de los trabajadores. Y todo ello sin contar las cuantiosas subvenciones que tuvo que repartir el Estado galo entre las empresas más afectadas para evitar despidos y cierres, con el consiguiente aumento de los impuestos. Es decir, la ocurrencia en cuestión perjudicó a trabajadores, empresas y contribuyentes.

 

Tope salarial. Y lo mismo sucede con el tope salarial. Díaz, en su obsesión por castigar la escasa riqueza que existe en España, también estudia limitar el sueldo de los directivos mediante nuevas subidas fiscales a las rentas más altas para, en teoría, reducir la desigualdad retributiva entre los trabajadores que ganan más y los que ganan menos. Las consecuencias de semejante dislate serían nefastas.

 

Para empezar, porque descapitalizaría el país. Directivos, sí, pero también muchos científicos, ingenieros, médicos, profesionales cualificados y deportistas de élite optarían por irse de España para evitar el atraco de Hacienda. No en vano, España ya sufre uno de los impuestos sobre la renta más altos de Europa, superior al 50% en algunas regiones. El éxodo que ya han emprendido miles de jóvenes sobradamente preparados en busca de mejores sueldos en el extranjero, como bien ejemplifican los youtubers, sería una broma en comparación con la fuga de talento que desataría esta pretendida limitación salarial.

 

Además, este ataque contra los directivos se traduciría en menos crecimiento, empleo y, en última instancia, recaudación, puesto que la buena o mala marcha de una compañía depende de su dirección. Expulsar a los mejores ejecutivos lastraría la competitividad del país. Y eso, a la postre, también se traduce en menos sueldos para todos, sobre todo entre las rentas más bajas, que tienen menos opciones.

 

Yolanda Díaz es de las que cree que todo el dinero es público porque lo emite el Banco Central Europeo que es una institución pública. Por eso mete la mano en los sueldos privados. Le parece que los consejos de administración cobran demasiado y hay que limitarlos. La remuneración de los consejeros, la fijan las empresas de su propio dinero y se aprueban en las juntas de accionistas. Las empresas generan riqueza y eso se debe pagar. Quiere imponer la presencia de los trabajadores en la dirección. Sean o no cualificados. ¿Van a asumir la parte alícuota de los créditos? ¿Van a vincular el salario a la productividad y los resultados?

 

Para los comunistas los pobres trabajadores no son un compromiso social, son una necesidad política vital. Los trabajadores arruinados son la materia prima que les mantiene en el poder. Los Yolandas Díaz del mundo lejos de dotar a los trabajadores de progreso les roban el futuro a cambio del subsidio. Son implacables en destrozar clases medias para construir pobres mantenidos subsidiados.

 

El paro efectivo crece en más de 143.000 personas

La misión de la ministra cuqui, no es recoger en pellets ni meterse con la Alta Dirección de las empresas. Su misión es la del paro. Según los datos que quiere utilizar la Ministra y que presenta con orgullo y pasión, el paro oficial ha descendido 130.197 parados, con una creación de empleo en el último trimestre de 15.012 puestos nuevos de trabajo. Pero utilizando el modelo FEDEA resulta que el paro ha bajado en todo el año solo 24.505 y ha alcanzado la cifra de 3,5 millones de parados, con un incremento de 143.671 nuevos parados en el cuarto trimestre del 2023 y con una estimación de 746.047 inactivos Fijos Discontinuos, que han subido en diciembre en 45.500.

 

Ahora bien, la Ministra dice que el último trimestre ha sido muy bueno en términos de empleo, porque en términos de paro registrado se crean 15.012 puestos, pero la realidad es que se van a su casa 158.683 Fijos Discontinuos que dejan de trabajar y que no cuentan en el paro, ni siquiera si están percibiendo el seguro de desempleo. La ministra lleva todo un año sin publicar los datos reales, lo cual quiere decir que tiene mucho que ocultar y, por lo tanto, esto nos lleva a pensar que las cifras son muy malas, porque si fuesen buenas ya habrían facilitado todos los datos a la mayor brevedad, para apuntarse cuantas medallas fuesen posibles.

 

Pero, por desgracia para todos, las cifras pueden ser incluso peores que las estimaciones de FEDEA que nos llevan a un paro efectivo de un 14,32 %, que es con mucho, el peor de toda la Unión Europea. Por desgracia para la ministra y tal como vemos en la tabla, el primer semestre, que la economía española crecía a ritmos del 2,4 % anual, se crearon más 190.000 puestos netos de trabajo, pero el tercer trimestre la economía española, con un crecimiento en el trimestre de un 0,3 % y un ritmo del 1,8 %, produjo que el paro se incrementase en 41.178 parados más, llegado a 3,3 millones de parados a septiembre. Por los datos del cuarto trimestre, la economía española, al igual que la de la Unión Europea, se ha enfriado más y por ello el paro sube en este cuarto trimestre en 143.671 parados nuevos.

 

Aquí todo el gobierno calla, pero estos datos son los más veraces que podemos tener en estos momentos y lo que nos indican es que hay un fuerte parón en la economía, que el efecto turismo ya se ha diluido y que no tenemos ningún indicador de recuperación, las exportaciones decrecen, la inversión extranjera ha dejado de ayudar. Pero nuestra ministra, que tiene la obligación de plantear medidas para que eso no suceda, solo plantea «groserías económicas» que no tienen ningún sentido, todas ellas obsoletas y trasnochadas.

 

Hacen falta más contribuyentes con sueldos altos

La ministra cuqui arremete contra los salarios de los directivos, cuando solo 12.178 personas declaran a Hacienda ganar más de 601.000 euros y 13 millones que no llegan a 21.000 euros

 

Yolanda Díaz ha vuelto a sacar a pasear sus viejos demonios: los salarios de los directivos. Para defender una subida del 5% en el SMI, sin el acuerdo con la CEOE, tiró de manual y pidió que se abra un debate sobre los “elevadísimos salarios de la dirigencia empresarial de este país”.

 

A la vicepresidenta, que le encantan los datos, hay tres que conviene repasar para entender que el problema de España es que le faltan más contribuyentes con sueldos altos y le sobran millones empleos de miseria.

 

  1. En España solo hay 12.178 personas con una remuneración anual de más de 601.000 euros, que incluye el salario en efectivo, especie, aportación de pensiones y seguros, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, que son de la liquidación del IRPF de 2021 y que no incluyen al País Vasco y Navarra, ya que tienen agencias fiscales propias. Estos ricos representan tan solo el 0,06% de las 22 millones de declaraciones de la renta, sin embargo, su liquidación del impuesto les salió a pagar un total de 2.941 millones de euros, que equivalen al 53% del total. Todo esto, después de que en sus empresas ya les hubiera practicado una retención del 47%, el tipo máximo del IRPF. El 58% de las liquidaciones (12,8 millones) declara unos ingresos inferiores a 21.000 euros anuales. Si se sube hasta 30.000 euros, entra el 75% de los declarantes.

 

  1. La ganancia media por trabajador en España fue de 25.897 euros en 2021, menos de dos veces el SMI de ese año (13.370), según el INE. El tramo más alto de la Encuesta de Estructura Salarial es el que de aquellos que cobraban más de 8 veces el SMI (106.960 euros), donde tan solo está el 0,15% de la población trabajadora. La cruda realidad es que el 53% de los empleados tiene salarios brutos anuales inferiores a 26.740 euros, que son dos veces el SMI, y si se sube hasta tres veces (40.110 euros), entra hasta el 74% de los trabajadores.

 

  1. Los 1.005 directivos que trabajan en las empresas cotizadas en la Bolsa española cobraron una media de 679.000 euros en 2022, según el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la CNMV. Si se limita la mirada a las 35 empresas del Ibex, la media salarial sube a 1,14 millones que se reparte entre 423 directivos, importe que sería mucho más alto si se pone la lupa únicamente en el primer ejecutivo. Hay mucha vida fuera de la Bolsa, como las grandes consultoras y despachos de abogados, con grandes y desconocidos sueldos.

 

Sánchez sabe que sin empresas no hay paraíso y por eso ahora, cuando tiene una nueva legislatura por delante, se esfuerza en congraciarse con ellas.

 

La referencia de la remuneración de las grandes empresas españolas, buena parte de ellas multinacionales, no es ni el SMI de España, ni los salarios medios, por mucho que pueda chocar. Las grandes compañías internacionales compiten con sus pares en otros países por la captación de talento. De hecho, cada vez es más frecuente la presencia de extranjeros en los puestos de alta dirección de empresas españolas (los CEO de Cellnex y Cepsa, por ejemplo, son italiano y holandés, respectivamente). También hay españoles al frente de compañías con sede en otros países (Belén Garijo y Joaquín Duato, primeros ejecutivos de Merck y Johnson & Johnson, respectivamente).

 

La remuneración de estos directivos la fijan sus consejos de administración, elegidos por los dueños de las compañías: sus accionistas. Los propietarios de las empresas españolas son, en su mayoría, fondos internacionales que canalizan el ahorro particular e institucional de muchos países. Si ellos quieren pagar 10 millones de euros al CEO de la compañía, poco que objetar, puesto que pagan con su dinero. Además, el Estado español debería estar encantado, puesto que Hacienda se va a llevar 4,7 millones de ese sueldo. El Gobierno debe preocuparse de que tribute en España y facilitar que los servicios centrales de esas empresas estén aquí, puesto que implicará que se retengan muchos puestos de trabajo con buena remuneración y, en consecuencia, fiscalidad.

 

Se puede analizar con datos de la Agencia Tributaria, del INE o de la CNMV, todos organismos del Estado, pero la conclusión es la misma: el problema no es que haya un 0,05% de contribuyentes que ingrese más de 600.000 euros, que el 0,15% gane más de 106.000 euros o que hay un millar de directivos que gana una media de casi 700.000 mil euros. El drama es que en España hay millones de sueldos miserables y unos miles de millonarios.

 

Es evidente que lo más beneficioso para todos, no solo para el trabajador, sería que hubiera más contribuyentes con salarios altos, puesto que redundaría en una mayor recaudación para el Estado a través del principal impuesto directo (IRPF) e indirecto (IVA). Los sueldos más elevados consumen más, lo que aumenta la recaudación por IVA y genera más empleo. Igual que cuanto más ganen las empresas mejores sueldos y mayor ingreso por impuesto de sociedades. Es el círculo virtuoso: mayor salario/beneficio implica más recaudación y mejores servicios públicos.

 

Según el INE, los salarios más bajos están en la hostelería, artes, comercio, construcción, inmobiliario, transporte y almacenamiento; todos por debajo de 25.600 euros. En el otro extremo, el de los que más ganan, los trabajadores de los sectores energético y financiero, y el problema es que los sectores de bajos sueldos emplean a millones de personas y los otros no llegan al millón.

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