Yolanda Díaz ha publicado el dato de los fijos discontinuos inactivos, pero es 14 veces menor que los cálculos de varias casas de análisis.
La euforia del Gobierno en materia laboral viene siendo habitual desde hace años. A pesar de que España es líder indiscutible del desempleo entre los países desarrollados y del elevado efecto maquillaje que contienen las cifras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no duda en presumir de datos mes a mes.
Uno de los trucos más evidentes del Gobierno en términos de empleo es la conversión por arte de magia de empleos “temporales” en otros considerados “fijos” (bajo la clasificación de los “fijos discontinuos”). Esta transformación no implica que esos empleados estén más tiempo trabajando que antes o que se hayan convertido en empleos de calidad, sin embargo, tiene un importante efecto estadístico para el Gobierno por dos motivos: infla el empleo fijo y enmascara el paro. Y es que, los meses del año en los que los empleados fijos discontinuos no trabajan no cuentan como desempleados en las listas del SEPE, lo que beneficia sobremanera el relato laboral del Ejecutivo.
Un dato que no coincide con ninguna casa de análisis
Eso sí, aunque la reforma laboral de Yolanda Díaz entró en vigor en el año 2022, a día de hoy, el Ministerio de Trabajo sigue sin publicar periódicamente el número exacto de fijos discontinuos inactivos que hay en nuestro país. Solo puntualmente en 2023 el departamento de Díaz informó de los fijos discontinuos que estaban en su casa sin trabajar, o lo que es lo mismo, escondidos bajo la alfombra en las estadísticas de empleo.
Después, todo han sido negativas a que este dato saliera a la luz hasta esta semana, cuando Yolanda Díaz aseguró en el Senado que sólo hay 55.300 fijos discontinuos sin trabajar, según datos que ha sacado de la Encuesta de Población Activa (EPA). Lo primero que llama la atención de esta afirmación es que Díaz haya recurrido a la EPA, que elabora el INE cada tres meses, y no a sus propios datos oficiales para obtener una cifra. Lo segundo, que el dato no coincida con los cálculos de ninguna casa de análisis: es 14 veces menor.
¿Dónde está el éxito?
Y es que una pista para intentar averiguar el gran secreto de Yolanda Díaz la tenemos en el epígrafe “demandantes de empleo no parados”, que está dentro de la extensa estadística de demandantes de empleo que publica todos los meses su departamento. La categoría anterior tiene el subgrupo “demandantes ocupados o con relación laboral”, y es ahí donde se incluyen a los “trabajadores fijos discontinuos”, pero también a otros supuestos, como los que están en un ERTE (y tampoco trabajan) o a los “trabajadores eventuales agrarios subsidiados”. Todos ellos sin desglosar.
Así, bien es cierto que, como hemos dicho antes, los demandantes de empleo con relación laboral no solo incluyen a los fijos discontinuos que no trabajan, pero también es igual de cierto que esta categoría ahora es casi tres veces superior a la de cuando Yolanda Díaz entró al Gobierno, por lo que la influencia de los fijos discontinuos en esta clasificación es evidente.
Dentro de todos esos “demandantes de empleo no parados”, Trabajo recoge que el pasado mes de febrero se alcanzaron 735.996 demandantes de empleo con relación laboral (de esta cifra total solo había 11.000 en ERTE). Servicios de estudios como Randstad o el sindicato UCO vienen añadiendo esta cuantía al dato del paro oficial para calcular los datos de paro real, por lo que, siguiendo su metodología, los 2.760.408 parados más los 735.996 “demandantes de empleo o no parados con relación laboral” sumarían 3.496.404 personas. BBVA Research y Fedea también usan un cálculo similar para el cálculo de los fijos discontinuos inactivos.
Es todavía más llamativo que el dato de paro real actual sea prácticamente igual a las cifras del paro de febrero de 2020, cuando Yolanda Díaz llegó al Gobierno. Ese mes, la cifra oficial de desempleados se situó en 3.253.853 y si le sumamos los 270.627 “no parados con relación laboral” que había entonces (casi tres veces menos que ahora) estamos ante 3.525.480 parados reales, solo 28.000 más que los actuales. ¿Dónde está el éxito o el gran cambio cuando el panorama es el mismo?
¿Dónde están los ‘parados fantasma’?
Las sospechas de que las cifras ‘oficiales’ del mercado laboral no reflejan la situación real de desempleo no son nuevas ni exclusivas de nuestro país y derivan en buena parte de la propia definición de ‘paro’ fijada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que utilizan todos los organismos estadísticos del mundo. Sin embargo, en los últimos años parece haberse producido una auténtica explosión de métricas ‘alternativas’ en nuestro país que cuestionan las que esgrime el Gobierno. ¿Pero estas son más fiables o solo un arma política que distorsiona cualquier análisis riguroso de la situación que sufren cerca de cuatro millones de personas en España?
Lo más llamativo de este debate es que sí existen estadísticas oficiales, publicadas tanto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como por la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), que reflejan una cifra que puede equipararse a ese ‘paro oculto’. Es decir, personas que no trabajan y quieren hacerlo, pero no cuentan como parados. La razón para ello es que no encajan en la definición de la OIT, que excluye a las personas que no buscan activamente empleo (lo que se describe habitualmente como efecto ‘desánimo’) ni tienen disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto.
Por ello se consideran “inactivos” y quedan fuera de la población activa, que se limita a la suma de parados propiamente dichos y ocupados. Sin embargo, Eurostat sí los engloba, junto a los desempleados convencionales y los subempleados en la ‘holgura de la fuerza laboral’, una estadística que indica cuántos potenciales trabajadores ‘desperdicia’ un mercado laboral, expresado como un porcentaje de una ‘fuerza laboral extendida’ (FLE).
Según los datos de Eurostat, a cierre de 2023, dicha holgura alcanzaba los 4,97 millones de personas en España, que equivale al 19,7% de esta mano de obra disponible. Se trata del porcentaje más alto de la UE, lo cual resulta lógico teniendo en cuenta que el nuestro es el único país de los Veintisiete que mantiene una tasa de paro de doble dígito con 2,8 millones. También influye que tiene el peor dato de subempleados, un 4,3% de la FLE, con 1,1 millones de afectados.
Los desempleados que no cuentan como parados añaden los restantes 1,05 millones a la holgura. A cierre del pasado año había 257.000 personas que buscaban empleo, pero no podían incorporarse inmediatamente a un puesto y 790.000 que estaban disponibles para trabajar, pero no buscaban trabajo. Supone un 4,1% de la FLE, un porcentaje que supera la media de la UE (3,7% de la FLE) pero queda por detrás Luxemburgo (5,8%), Suecia (6,1%) e Italia (7,8%).
Estos dos últimos componentes de la holgura laboral cobraron especial relevancia durante la pandemia por una razón evidente: los confinamientos llevaron a que cientos de miles de personas sin trabajo no pudieran buscarlo, y la obligación de cuidar a familiares o menores también confinados les restaron posibilidades de incorporarse a un puesto. A efectos de las estadísticas basadas en la población activa, se convertían en inactivos.
En un ejercicio de transparencia, el INE publicó una serie específica sobre este colectivo, que denominó “categorías especiales de inactivos”. Las cifras, que solo se remontan a 2017, parten de los mismos datos que utiliza Eurostat pero arrojan un resultado algo diferente por el tratamiento que ambos organismos aplican: los del organismo español arrojan 295.000 desempleados que buscan un trabajo, pero no están disponibles y 713.000 que no lo hacen, pero si les ofrecen uno sí lo aceptarían y se incorporarían inmediatamente. Suman 1,01 millones de personas, un 10% más que a cierre de 2019.
Agregados a los 2,8 millones de parados (y sin contar a los fijos discontinuos) estos datos suman un llamativo total de 3,8 millones que compondrían este “desempleo real”. Y esta es una cifra que se peude considerar oficial. Si bien no zanja el debate sobre la consideración de parados de estos inactivos ‘especiales’, debería contribuir a encauzarlo con mayor objetividad. Pero el hecho es que son ignorados sistemáticamente por los actores políticos.
Un dato que no gusta a nadie
El Gobierno no quiere ni oír hablar de una estadística que añadiría un millón de personas más a la cifra oficial. Pero también objeta, con razón, que la forma de medir el paro en España es la misma que en la mayoría de las economías del mundo, incluidos países que también publican de manera oficial estadísticas complementarias, como es el caso de Estados Unidos. Y, por supuesto, desde el momento en el que el INE publica las cifras, ni siquiera cabe hablar de ‘maquillaje’.
El dato tampoco termina de convencer a la oposición porque no avala la teoría de la conspiración de un supuesto maquillaje: los datos del INE a cierre de 2023 superan en un 10% a los de 2019, en parte por el auge de los desempleados no disponibles. Pero en conjunto son similares a los de los últimos años de Gobierno del PP y los de Eurostat confirman un retroceso importante dese de los umbrales alcanzados en los últimos años de la crisis financiera. Es decir, el supuesto ‘paro oculto’ fue igual o mayor con Mariano Rajoy que con Pedro Sánchez (con excepción de 2020 y 202,1 los peores momentos de la pandemia).
Pero hay otro motivo técnico y no político por el que estos datos se suelen ignorar: en pandemia no recogían el efecto de los ERTEs. Sus afectados cuentan como ocupados en la Encuesta de Población Activa, con lo cual los datos del INE y de Eurostat no reflejarían en su totalidad el impacto efectivo de la crisis en el mercado laboral. A día de hoy, el peso de los ERTEs es residual (apenas 10.000 personas según los últimos datos) y la polémica está en los fijos discontinuos que han pasado a la inactividad a la espera de volver a ser llamados.
La EPA (y por ende las encuestas europeas) recogen a estos trabajadores que no trabajan en dos supuestos: como parados si declaran estar buscando empleo y estar disponibles e inactivos si no es el caso (lo que puede ocurrir si esperan un llamamiento inminente). Es decir, pueden aparecer en el paro convencional o en las ‘categorías especiales’ (lo que explicaría el incremento de los desempleados no disponibles). Sin embargo, el INE no especifica qué contratos tenían los parados y los inactivos en su último empleo, ni si han dejado de trabajar por ser fijos discontinuos que han pasado a la inactividad.
El foco en el SEPE
En esta polémica, los ojos se vuelven hacia datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Un organismo que, a diferencia del INE, depende directamente de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsora de la reforma laboral. ¿Pero hay más discrecionalidad en estos datos?
Lo cierto es que su definición de paro también se basa en la de la OIT (buscar activamente empleo y estar disponible para aceptarlo). Lo que ocurre es que se aplica en el contexto de clasificación de las personas apuntadas como demandantes en un servicio público de empleo. En febrero sumaban 4,5 millones, de los que 2,7 eran ‘parados registrados’, 1,2 millones tenían un trabajo (se repartían entre 735.996 demandantes con relación laboral y 467.162 ‘ocupados’) y otros 200.436 eran demandantes ‘no ocupados’ o DENOS. Y no se puede olvidar a los 354.000 demandantes “con disponibilidad limitada” que no se consideran ni parados ni DENOS.
La distribución sigue siendo algo confusa. Durante la pandemia los afectados por ERTE se repartían entre los demandantes ocupados o con relación laboral, lo que disparó sus cifras, pero tras la reforma laboral lo que se ha producido es un desplome de los primeros y un gran incremento de los segundos, los demandantes con relación laboral. Esto se achaca a un incremetno de trabajadores con contratos fijos discontinuos que en sus periodos de inactividad se apuntan al paro.
Estos datos permiten múltiples operaciones. Desde considerar que todos los demandantes, salvo los ‘ocupados’ son parados, lo que arroja una cifra de paro ‘real’ que supera los 4 millones a los que se centran en los demandantes con relación laboral, lo que elevaría la cifra a 3,5 millones. Entre medidas se sitúa la resultante de sumar las categorías especiales de inactivos al paro de la EPA, 3,8 millones, aunque aquí conviene recalcar que los datos del INE y el SEPE no son comparables porque se elaboran con metodologías estadísticas completamente diferentes.
En cualquier caso, ninguna de ellas se ha modificado tras la reforma laboral, lo cual para muchos analistas es el verdadero origen de la opacidad de unos datos estadísticos que no se han adaptado a la transformación que supuso el cambio legal. Es el caso del investigador de Fedea Florentino Felgueroso, que acuñó el término de ‘paro efectivo’, que suma parados registrados y demandantes con relación laboral. Pocos recuerdan que su idea surgió en noviembre de 2022 al conocer que el SEPE había tenido que revisar cerca de 70.000 demandas de empleo de fijos discontinuos registradas como parados por las comunidades autónomas. Un ajuste que incluso repercutió, a la baja, en la cifra de paro registrado.
En lugar de explicar lo ocurrido con transparencia y zanjar la polémica, Trabajo la dejó pasar durante meses hasta que a principios de 2023 Díaz se comprometió a facilitar toda la información sobre las personas en esta situación. Pero, más allá de una ‘filtración’ parcial de las cifras (solo llegaban a 2022) a través de una respuesta parlamentaria al PP –y de la que el equipo de Díaz intentó desentenderse, pese a proceder del propio gabinete de la ministra– seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos hay apuntados al paro, cuántos están inactivos –ya que al reincorporarse no tiene porqué dar de baja la demanda –.
Sabemos que en enero había 169.456 fijos discontinuos cobrando una prestación de paro, lo que equivale a uno de cada cinco demandantes de empleo con relación laboral. Una discrepancia que no hace sino demostrar que la oscuridad sobre la situación de estos ‘inactivos’ es absoluta. Igual que la falta de voluntad política para iluminarla.
USO destapa 725.000 fijos discontinuos inactivos en febrero, un 97% más que en 2022
La transparencia acerca del verdadero número de fijos discontinuos que están inactivos en nuestro mercado laboral -de los cuales algunos de ellos cobran prestaciones sin aparecer nunca en la lista de desempleo- sigue siendo unas de las grandes asignaturas pendientes por resolver para el Ministerio de Trabajo que pilota la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Un negociado que la semana pasada ya se encargó de señalar ante los medios de comunicación las enormes dificultades que tiene para dar luz a ese número, dada la incapacidad y también heterogeneidad de los datos que remiten las comunidades autónomas.
Por el contrario, el Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera, USO, sí cree que hay elementos para poder esclarecer esta incógnita, con un simple ejercicio, y además partiendo de la propia estadística de fuentes oficiales como el SEPE, la Seguridad Social y el INE.
Así, y con en el análisis sistemático que José Luis Fernández Santillana, director del gabinete de este sindicato, lleva aplicando desde 2022 -cuando la reforma laboral aun no estaba en su máximo nivel de aplicación-, en este pasado mes de febrero tendríamos 725.324 fijos discontinuos inactivos, una partida que en términos interanuales y, comparada con 2022, crece en un 97%.
En su caso, la ecuación por resolver parte de la evolución de la demanda de empleo, donde los datos oficiales arrojan que el número de demandantes con relación laboral se ha incrementado en este mes de febrero en 92.363 personas, alcanzado los 735.996. Este incremento se corresponde con el pase a la inactividad de fijos discontinuos y una estimación, que USO cree bastante acertada, para conocer el número de fijos discontinuos inactivos (parados), estimada en la diferencia entre el total de aquellos que tienen una relación laboral (y están inscritos como demandantes de empleo) y, aquellos que están acogidos a un ERTE. Por eso resuelve que en el mes de febrero tendríamos 725.324 fijos discontinuos inactivos. De este modo, y en este contexto, la senadora del Partido Popular en la Cámara Alta Rocío Vivar ha interpelado esta semana al Gobierno de Pedro Sánchez para que informe de la evolución del número de trabajadores fijos discontinuos inactivos y, al mismo tiempo, sobre las acciones emprendidas para evitar su precariedad laboral, alejada de los discursos del empleo de calidad que antepone en sus intervenciones el Ejecutivo progresista.
Recordemos -indica USO- que «las personas que se inscriben en los servicios públicos de empleo como demandantes de un puesto de trabajo lo hacen, bien porque han perdido su empleo y buscan uno nuevo (tengan o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), porque buscan un primer empleo, o teniendo empleo (una ocupación) buscan una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada) o porque se encuentran en situación de inactividad, aunque mantengan su relación laboral, y en su caso percibir la correspondiente prestación por desempleo (fijos discontinuos y ERTES)».
Así pues y realizando una sencilla operación matemática, estima USO con la estadística oficial, que si al total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, «nos da el total de personas que no está trabajando» -es decir, que no tienen una ocupación, que están desempleadas o simplemente paradas-. Pues bien, en este punto, y según esa operación, en esa situación se encuentran, a mes de febrero, 4.051.365 personas. Esto supone 1.290.957 personas más de que las que se indican oficialmente como parados registrados.
Hay que observar, además, repara USO, que lo fijos discontinuos, en su período de inactividad, se encuentran en el grupo de ‘demandantes de empleo con relación laboral’, lo que no se indica exactamente cuántos son. Entonces, recalca Fernández Santillana, «si conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan baja ese epígrafe, ¿por qué no es posible dar este dato correspondiente a los fijos discontinuos registrados en cese de actividad y sí el de afectados por un ERTE?». Además, y al finalizar febrero, los demandantes de empleo ‘no parados’ superaban los 1,7 millones. Así que otras preguntas que cabe hacerse -desarrolla el responsable del Gabinete de Estudios de USO- son, ¿qué ocupación tienen esos demandantes?, ¿qué trabajos a tiempo parcial, mal remunerados, o simplemente si son inactivos percibiendo la prestación por desempleo? Abundando en estos aspectos, Trabajo también debería explicar «la diferencia entre los que denomina demandantes de empleo ocupados y demandantes de empleo no parados, por tanto, clarificar qué diferencia existe entre un ocupado y un ‘no parado’, salvo que la diferencia sea estadística y, en unos computamos inactivos (fijos discontinuos) y, en otra no», determina USO.
En las estadísticas que contabilizan a los demandante de empleo que no trabajan (parados o no ocupados) por parte del SEPE y, una mayor sencillez de manera que: todos aquellos que demandan empleo y no tienen una ocupación se les considere como parados (qué cosa tan simple de hacer) y, dentro de ellos podrán establecerse clasificaciones: en formación, fijos discontinuos inactivos, en ERTE, etc.; de manera que los datos de la EPA, Eurostat y el propio SEPE converjan. «En definitiva -señala Fernández Santillana-, que el paro registrado empiece a coincidir con el paro real (o paro efectivo)».
Con el avance de febrero, la afiliación media de extranjeros retorna a tasas positivas tras las caída de enero (-37.183 cotizantes foráneos), mes en el que históricamente baja la ocupación por el fin de la campaña de Navidad, señala la Seguridad Social. Asímismo, del total de extranjeros cotizantes al finalizar febrero, el 56,1% eran varones (1.498.186) y el 43,9%, mujeres (1.173.360).
Fijo discontinuo, desempleo continuo
Los trabajadores fijos discontinuos, cuyos empleos dependen de la temporada o de una demanda fluctuante, se enfrentan a una incertidumbre constante sobre su estabilidad financiera y laboral, agravada por la falta de transparencia del Gobierno, más preocupado en adulterar datos sobre empleo que en afrontar la realidad de un mercado laboral con enormes desincentivos a la contratación e innumerables opciones de prestación que sitúan el salario de reserva por el que alguien está dispuesto a trabajar en valores elevados, que no casan con la realidad económica del país. En resumen, existen muchos incentivos para no trabajar y muy pocos para que las empresas contraten. Así resulta difícil vencer la tendencia estructural de nuestra economía hacia el desempleo.
Además de la falta de datos (o de la publicidad de los mismos), el Gobierno ha fallado en proporcionar medidas de apoyo específicas para los trabajadores fijos discontinuos sin actividad. Estos trabajadores se enfrentan a menudo a la pérdida de ingresos sin ningún tipo de red de seguridad. La falta de políticas específicas para abordar sus necesidades únicas incrementa la desconfianza de los fijos discontinuos, que han aumentado un 1400% desde la entrada en vigor de la Reforma laboral de 2021. A día de hoy desconocemos la situación real del desempleo en nuestro país y, por lo tanto, es muy difícil valorar la idoneidad de las medidas que se están llevando a cabo, aunque la intuición económica y la negativa a ofrecer cifras reales inclinan a pensar que la situación no es buena y que las medidas adoptadas no están solucionando el problema sino empeorando la situación.
