Una juez reconoce el derecho de los pensionistas de Venezuela a recibir la pensión mínima en España

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La Justicia ya había dictado sentencias en ese sentido. El Instituto Nacional de la Seguridad Social este año estaba actuando en consecuencia. Un nuevo fallo judicial, dictado por el juzgado de Lo Social número 15 de València, acaba de ratificarlo: los jubilados hispanovenezolanos que perciben pensión de las dos naciones en España deben cobrar como mínimo una pensión anual de 8.321 euros. Si Venezuela no paga, España debe completar la pensión hasta alcanzar esa cifra.

La sentencia, firmada por la magistrada titular el pasado 28 de febrero, no ha sido recurrida aún por la Seguridad Social, motivo por el cual el abogado Santiago Calvo, letrado que ha asistido al demandante hispanovenezolano, da por hecho que se puede considerar firme, ya que se ha superado el plazo legal otorgado por la Justicia para presentar recurso.

Ya desde finales de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que reconocía este derecho a los pensionistas y reservó en los presupuestos generales del Estado, esos que finalmente no se aprobaron, 20 millones de euros para compensar a los más de 4.000 pensionistas que se encuentran en esta situación, según sus cálculos. Fuentes de la Seguridad Social confirmaron que se dictó una instrucción para que se le concediera la prestación a quienes lo solicitaron. Con presupuestos o sin ellos, se está aplicando. 

Los jubilados, que deberían percibir su pensión de las dos naciones, llevan en algunos casos desde 2016 sin recibir ni un ingreso por parte de Venezuela. Muchos de ellos habían reclamado que España, en virtud de sus convenios con el país sudamericano, reconociera su obligación con los pensionistas y les completara la pensión hasta alcanzar esos 8.300 euros que son el mínimo reconocido para las pensiones contributivas.

Con todo, estas resoluciones judiciales e instrucciones del Ministerio no son suficiente cobertura y todavía hay muchas personas que no reciben nada. Y es que, advierte Calvo, el problema reside en que una buena parte de los pensionistas que viven en España no tienen derecho a una pensión contributiva. Estas prestaciones por pensiones no contributivas (vejez e invalidez) han sido transferidas a la Generalitat en el caso valenciano, y ésta, explicó Calvo, hasta el momento está haciendo oídos sordos, obligando de igual modo a acudir a la vía administrativa y a los tribunales. 

La situación es tan desmoralizadora, que “son muchos los que finalmente han renunciado a pelear la pensión, contributiva o no contributiva, por culpa de la dejadez de la Administración”, explica el abogado valenciano, miles de personas que han perdido ya toda la confianza que tuvieran en un sistema que les ha dado la espalda.

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