Fuentes sindicales confirman que el Gobierno ha puesto sobre la mesa del diálogo social varias propuestas en materia de pensiones para sacar adelante por la vía urgente, con la revalorización de las pensiones con el IPC, al menos, en 2020 entre ellas. Los sindicatos interpretan este gesto del Ejecutivo como una manera de “poner la venda antes de la herida” ante el escenario muy probable de ingobernabilidad que se puede abrir después del 28-A y que podría abrir un periodo de incertidumbre difícil de sostener socialmente sobre la evolución futura de las prestaciones de nueve millones de pensiones. Un argumento, por otra parte, que bien serviría para garantizar la urgencia y la necesidad del Real Decreto Ley.
El alcance final del Real Decreto Ley gubernamental e incluso su presentación dependerá del respaldo que el Gobierno recabe estos días. Desde el Ministerio de Trabajo se asegura que todavía no está tomada de forma definitiva la decisión de presentarlo.
Fuentes parlamentarias aseguran, sin embargo, que el Gobierno ya ha sido persuadido de las incertidumbres jurídicas que se pueden abrir si se aborda una reforma de ese calado en la Ley General de Seguridad Social por la vía de un Real Decreto de urgencia y sin consenso político, lo que lo ha animado a decantarse por la vía política para acordar en el Parlamento un Real Decreto Ley que no sufra ningún revés durante su trámite hacia la Diputación Permanente
Los movimientos del Grupo Socialista en el Pacto de Toledo han aclarado al menos que el Gobierno no tendrá especiales dificultades para sumar a PNV y PDeCAT al consenso parlamentario necesario para sacar adelante el Real Decreto, al menos si éste se limita a garantizar que las pensiones suban también en 2020 en función del IPC, como se admite desde ambas formaciones. Más problemas habrá si el Ejecutivo opta por la versión más agresiva de su planteamiento: la reversión de la reforma de 2013. Y no sólo porque pueda plantear una mayor dificultad técnica o porque abra dudas sobre su viabilidad jurídica, sino también porque no convence del todo en el Ministerio de Economía, cuya titular, Nadia Calviño, es la encargada de dar el último visto bueno en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno.
