Trabajo abre la puerta a que Inspección pueda irrumpir en el domicilio de particulares que contraten personal del hogar

Los domicilios se consideran espacios personales inviolables

Trabajo quiere que las personas que contraten personal del hogar tengan evaluar los riesgos laborales de sus casas al tratarse del centro de trabajo de estos empleados, a través de un real decreto que dé cumplimiento del Convenio 189 que debería haberse ratificado este mes de marzo.
Según el borrador del real decreto, el Ministerio elaborará una herramienta online y gratuita que permita «el cumplimiento de las obligaciones requeridas». No obstante, no será obligatorio contratar los servicios de una empresa especializada, por lo que la evaluación quedará en manos del criterio de los particulares.
La ley establecerá que los empleadores tendrán que proporcionar medidas protección adecuadas, así como el derecho de los trabajadores del hogar a recibir formación en riesgos laborales y realizarse reconocimientos médicos trianuales a cargo de Sanidad.
Los empleadores tendrán que realizar «una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadores que prestan servicios en el ámbito del empleo doméstico».

Inviolabilidad del domicilio

Respecto a las visitas a los domicilios, la norma apunta a que «es necesario que se atienda la necesidad de asegurar que se llevan a cabo visitas presenciales a los domicilios donde se lleva a cabo la actividad de cuidado a efectos de que se produzca la adecuada evaluación de riesgos laborales».
Se trata de un punto crítico ya que abre la vía a que Inspección de Trabajo pueda realizar visitas presenciales en los domicilios, considerados como un espacio personal inviolable.

Protocolo contra la violencia

Además, el real decreto-ley para la mejora de las condiciones de trabajo y Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar establece una protección en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres por lo que el Ministerio de Trabajo elaborará un protocolo frente a situaciones de violencia y acoso sexual.

3 comentarios en «Trabajo abre la puerta a que Inspección pueda irrumpir en el domicilio de particulares que contraten personal del hogar»

  1. Parece ser que “algunas” piensan que todos somos presuntos delincuentes y abocan a que los pocos empleados del hogar dados de alta en la SS por sus empleadores pasen a la economía sumergida (que ya son mayoría) o que se hagan trabajadores autónomos. Suena de nuevo a simple propaganda de quien se cree muy eficiente pues el inspector de trabajo es el propio trabajador que denunciará en caso de que ocurra una incidencia sin que nadie tenga que dar una patada a la puerta. Los allanamientos de morada los hacen las fuerzas del orden público y con mandamiento judicial y con pruebas.

    Responder
  2. Indicar que a pesar de algunas tímidas iniciativas (Francia, Finlandia, Bélgica, Suecia, Uruguay, …) en ningún país que nosotros sepamos se ha resuelto satisfactoriamente para el empleado y el empleador este conflicto entre dos derechos (ambos irrenunciables)

    Responder
  3. Lo cierto es que al desarrollarse esta actividad laboral en la intimidad del hogar, oculta a los ojos del mundo, se facilita el incumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social. El RD 1620/2011 asigna el control del cumplimiento de la legislación laboral relativa a esta relación de trabajo a la ITSS, y su actuación deberá ser ejercida con las facultades y límites contemplados en la Ley 23/2015 Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la que se pueden desprender dos conclusiones un tanto contradictorias:

    • por un lado, que la ITSS es el órgano encargado de intervenir en la supervisión del cumplimiento de las normas laborales aplicables a las empleadas domésticas

    • por otro lado, de forma terminante, dispone que en aquellos casos en los que el centro sometido a inspección coincida con el domicilio de una persona física, con el fin de respetar los derechos de inviolabilidad de domicilio y de intimidad personal y familiar, será indispensable el expreso consentimiento del titular o, en caso contrario, la oportuna autorización judicial (art. 18.2 CE).

    La jurisprudencia del Tribunal Constitucional haya interpretado el derecho a la inviolabilidad de domicilio como un derecho de autonomía propia, aunque lo cierto es que el mismo está estrechamente ligado al derecho a la intimidad de las personas. Este derecho, el cual garantiza el ámbito de privacidad de las personas, se ha configurado como un derecho concretado en dos reglas :

    • La primera define la “inviolabilidad” del mismo, resultando “exento de” o “inmune a” todo tipo de invasión o agresión exterior de otras personas o de la autoridad pública;

    • La segunda, en aplicación de la primera, otorga al titular del mismo la potestad de excluir a otros del ámbito privado, impidiendo o prohibiendo la entrada o la permanencia en él de cualquier persona y, especialmente, de la autoridad pública para la práctica de un registro. Esta interdicción de entrada y registro no es más que una manifestación de la norma que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar.

    Pero con este derecho no solo se está protegiendo el espacio físico en sí mismo, sino que la protección se extiende a todo lo que hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella, cuyo fundamento se encuentra en el hecho de que el domicilio es el espacio por excelencia en el cual el individuo vive, sin estar sujeto a usos y convenciones sociales, ejerciendo su más íntima libertad. Los límites del mismo son bien precisos pues de conformidad con la CE, fuera de los supuestos en los que medie el consentimiento del titular o de delito flagrante, la norma establece que la entrada o registro domiciliario será posible, únicamente, mediante la oportuna resolución judicial que deberá estar motivada y operará como “garantía de excepcionalidad de la injerencia permitida por el art. 18.2 CE y, en todo caso, como garantía de la proporcionalidad de la restricción de todo derecho fundamental”

    En consecuencia el carácter taxativo de estos límites da lugar a una situación de casi absoluta impunidad del empleador en relación con las obligaciones para con sus empleados, debido a que, por norma, los inspectores tienen prácticamente vetado el acceso y con ello, la función más típica de la IT: las visitas inspectoras.

    En definitiva e indiscutiblemente, se genera una situación de conflicto de derechos fundamentales. Por una parte se protegen los derechos constitucionales de intimidad e inviolabilidad de domicilio del titular del hogar y, por otra parte, el derecho a unas condiciones de trabajo dignas del empleado. Por lo que la cuestión es qué derecho debe prevalecer sobre el otro y, actualmente, no existe un texto constitucional que contemple una solución ante esta colisión de derechos lo que ha venido a generar un vacío normativo, cuyo resultado directo ha sido un trato diferenciado y discriminatorio en comparación con el resto de trabajadores

    A todo ello además se superpone en este caso que el “empleador” no es en puridad un “empresario”, figura que asocia directamente con una empresa, esto es, una actividad económica o profesional a título lucrativo, de naturaleza competitiva, de la cual él dirige, decide y gestiona los medios de producción, tanto materiales como humanos, que integran la empresa.

    Responder

Deja un comentario