Está claro que aún persiste la confusión sobre el denominado Sistema Nacional de Empleo (SNE), que componen el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Lo cierto es que, en la práctica, la capacidad del Ejecutivo central para encontrar empleo a los parados es prácticamente nula y su principal herramienta pasa por endurecer el cobro de las prestaciones.
Bruselas exige reformas no solo sobre las prestaciones, las denominadas políticas pasivas, sino sobre las activas, las dedicadas a encontrar empleo. Pero estas se encuentran atrapadas en un laberinto competencial, burocrático y político.
EL LABERINTO AUTONOMICO
No rechazar un puesto de trabajo siempre ha sido un requisito imprescindible para no perder un subsidio de desempleo, pero de hecho el SEPE no puede quitársela a nadie sin que se lo indique un organismo autonómico, ya que estos son los que tienen la competencia a la hora de verificar que se cumple este requisito. Y también son los responsables de transmitir las ofertas de empleo adecuadas a cada desempleado..
El reparto de responsabilidades ENTRE EL Estado y las CCAA se consolidóa en 2003 con la creación del Sistema nacional de Empleo y la transformación del antiguo INEM en el SEPE. En principio, el organismo estatal se encarga de abonar las prestaciones, las denominadas políticas pasivas, mientras que las comunidades se encargan de gestionar las políticas activas de empleo (PAE), que se dedican a registrar la demanda de empleo, pero también los servicios que estos reciben, incluyendo formación y ofertas de empleo.
Por ello los parados que quieren solicitar una prestación deben darse primero de alta en una oficina del servicio autonómico correspondiente como demandante y luego solicitar la ayuda en la del SEPE, que suele estar situada puerta con puerta, pero es completamente independiente. La única excepción son Ceuta y Melilla, donde todo el proceso pasa por el organismo estatal
El problema es que, en la práctica, este no es una transferencia competencial tan clara como, por en ejemplo en Sanidad o Educación. El Estado transfiere cada año miles de millones a las comunidades por la ejecución de las PAE (2,800 millones en 2023) y además coordina y organiza el marco general con el que se transmiten.
Pero, aunque con esto parezca que es el Ministerio de Trabajo el que lleva la voz cantante en Sistema Nacional de Empleo, lo cierto es que no controla la ejecución y esto lleva a que tampoco tenga poder para evaluarlas. Esto es especialmente grave cuando hablamos del compromiso de activación de los parados que cobran prestación o subsidio, como en los casos en los que se rechaza una oferta de empleo: en 2021 el SEPE apenas retiró 351 prestaciones por rechazar ofertas, 114 de ellas en Ceuta y Melilla (competencia exclusiva del SEPE).
Todo ello ha desembocado en un escenario tan complejo en términos burocráticos que resulta incomprensible incluso para sus propios beneficiarios, pero es también muy ineficaz en sus resultados: solo el 2% de los trabajadores españoles encontró su empleo gracias a una oficina pública de empleo, la mitad de los que hicieron gracias a una ETT.
Lo que no quiere decir que el Estado no actúe para controlar pagos ‘indebidos’. En ese mismo año el SEPE retiró 133.000 sanciones por no renovar la demanda (el motivo más habitual), pero también no cumplir otros requisitos, como estar trabajando o incumplir los umbrales de renta. Pero son realidades que afloran al hacer inspecciones y cruces de datos con Hacienda o la Seguridad Social, que los servicios autonómicos no detectan.
“ECONOMISTAS” FRENTE A “LABORALISTAS”
La pelea entre Economía y Trabajo se centra en el gasto en prestaciones y subsidios por desempleo. Una cifra que está previsto que supere los 20.000 millones de euros en 2023 y que Economía propuso reducir endureciendo las cuantías de los subsidios de desempleo, permitiendo
cobrar durante 3 meses el 100% del IPREM y, a partir de ahí, bajar al 80% del (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros). Esto eleva la duración del subsidio ordinario de 6 a 9 meses, aunque no está claro qué ocurriría en caso de prórroga (actualmente pueden encadenarse hasta los 21 meses)
En realidad no era un recorte neto de la prestación (el desempleado seguía recibiendo lo mismo durante más tiempo), pero si planteaba la idea de que reducir la ayuda en los últimos meses ‘obligaría’ al parado a buscar empleo. Pero esto era muy difícil ‘vender’ políticamente, sobre todo para un Ejecutivo “progresista” y encierra una acusación poco sutil hacia los subsidiados que lo complementan con trabajos en la economía sumergida. Economía defendía que esta reforma ‘movilizaría’ a entre 340.000 y 350.000 desempleados.
La propuesta de Trabajo, diseñada por ‘laboralistas’ parece ir en dirección contraria: plantea un incremento de la ayuda ‘ordinaria’ hasta los 660 euros (un 110% del IPREM) y una rebaja progresiva que en ningún caso bajaría del 80% actual.
Lo cierto es que ahora más de 710.000 personas perciben un subsidio por desempleo tras agotar la prestación contributiva, pero seis de cada diez no reciben el ‘ordinario’, de duración limitada, sino el de mayores de 52 años, que se percibe hasta la edad de jubilación, recuperado por el PSOE, en 2019, y que había sido rebajado hasta los 55 años por el PP en 2012. Es una ayuda históricamente ha sido utilizado como el pilar de ‘prejubilaciones’ forzosas en los procesos de despidos colectivos.
¿RECORTAR SUBSIDIOS CREA EMPLEO?
La pregunta que surge es por qué en lugar de jugar con las cuantías no se incentivan programas para sacar del paro a esas personas. La propia Yolanda Díaz ha reprochado a Calviño que su equipo use argumentos sobre las prestaciones como los que justificaron los recortes en prestaciones y subsidios que acometió el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha revertido.
El problema es que esos recortes de la prestación se tomaron en paralelo a una serie de profundas reformas laborales, fiscales y financieras que mejoraron las oportunidades laborales.
Economía quiere dar en Bruselas la idea de una reforma ‘dura’ del subsidio y con ello de las ‘políticas pasivas’ (es decir, las destinadas al pago de ayudas a los parados) que esconda el gran problema de la gestión del desempleo en España: la descoordinación entre sus responsables.
El Ministerio de Trabajo presupuestó en 2023 unos 8.000 millones de euros a las políticas activas, destinadas a crear empleos. Mucho menos de la mitad de lo que se destinan a prestaciones. La mayoría son gestionadas por el SEPE y se dedican a incentivos a la contratación y programas de diverso tipo. Pero en lo que se refiere a la atención a los parados inscritos en las oficinas la competencia es autonómica.
BRUSELAS VIGILA
De hecho, en el borrador de decreto ley presentado por Díaz a los interlocutores sociales sigue esta esta dirección, reforzando las multas en el caso de que los incumplimientos no se notifiquen inmediatamente. También insiste con una nueva redacción en las exigencias de cumplir los compromisos de activación. Pero los propios datos del SEPE confirman que el control de que los parados las cumplan no es cosa suya. Ni siquiera puede ofrecer empleos ni elaborar itinerarios de empleabilidad.
La Ley de Empleo de Díaz pretendía ser la reforma definitiva del marco general del SNE (incluyendo una reforma del SEPE), pero por el encadenamiento de ciclos electorales su impacto ha sido nulo. Algo que lleva a paralizar durante muchos meses reformas imprescindibles para los parados.
Aunque lo más preocupante para el Gobierno es que Bruselas avaló esta Ley para el pago de fondos europeos. En este escenario, el ‘ruido’ mediático generado por el choque entre Economía y Trabajo puede interpretarse como una forma de alejar el foco de esta cuestión. No en balde, aunque aprobar la reforma de los subsidios es necesaria para que España no vea paralizado el próximo reparto de los ‘Next Gen’, este también puede verse interrumpido si la Comisión concluye que España ha incumplido lo comprometido anteriormente con las políticas activas.
