¿Sería posible sentar en el banquillo al propio Pedro Sánchez? Razones no faltan.
¿PEDRO SÁNCHEZ ROMPE ESPAÑA?
«España no se rompe», repiten con sorna los tertulianos que transmiten la versión oficial y el propio Sánchez recurrió cínicamente a esa frase para defender que todo lo que ocurre hoy está dentro de lo ordinario y que nadie debe preocuparse por el futuro del país.
El futuro de España, cualquiera que sea, existe, sin ninguna duda. Es muy posible también que ese futuro sea democrático, porque nuestra democracia ha dado reiteradas pruebas de robustez y forma parte de una región y de una estructura política que no va a ceder con facilidad al ataque del populismo ni a las ambiciones de los canallas. Pero eso no significa que todo marche por el sendero de la normalidad y que podamos permanecer indiferentes a la evolución de los acontecimientos. Sí, España se rompe, se está rompiendo ante nuestros ojos, y, si los socialistas y sus terminales mediáticas están de verdad comprometidos con el bienestar de este país, sólo tienen que mirar alrededor para describir las múltiples señales de alarma.
Gracias a que la mayoría del país es más prudente que quienes nos gobiernan y que aún vive una generación que recuerda el horror de anteriores enfrentamientos entre españoles, las calles están por ahora tranquilas, aunque cientos de miles de españoles se han manifestado en varias ocasiones para protestar por el sesgo antidemocrático del Gobierno.
El proyecto colectivo que construimos después de la dictadura y que tanto bienestar produjo en nuestro país, ese proyecto está seriamente amenazado y los signos del desastre son cada día más evidentes.
El Gobierno y los partidos de izquierdas han declarado la guerra a los jueces, a los que ven como un obstáculo en sus planes políticos y en sus aspiraciones personales. Los jueces, a su vez, tratan de hacerse fuertes en los organismos que administran, creando un clima de guerra institucional que está a punto de liquidar la credibilidad de todo el sistema de separación de poderes.
El Parlamento ha perdido casi por completo su papel fiscalizador del Ejecutivo y se ha convertido en un mero trámite sin peso alguno en nuestro sistema democrático. El Parlamento no cumple hoy en España un papel mucho más determinante que el que desempeña en un régimen autocrático.
En el fondo, no obstante, se trata de un Gobierno muy débil, fundado en una mentira, carente del suficiente apoyo popular y sometido diariamente a los caprichos de fuerzas políticas que actúan en contra de los intereses de los españoles.
En Bruselas, donde los partidos españoles de uno y otro signo combatieron un día codo con codo para conseguir la presencia de nuestro país en pie de igualdad junto a las demás naciones de Europa es hoy el escenario en que se exponen públicamente nuestras vergüenzas, ante el asombro de los europeos.
Los nacionalistas independentistas han olfateado el momento de debilidad de nuestro sistema político y van a intentar acelerar el paso hacia su destrucción, con el objetivo de conseguir así el pleno autogobierno que pretenden. Igualmente, la extrema izquierda impone su agenda política y económica y arrastra a la nación a un debate indeseado sobre el modelo político.
En medio de este juego perverso desencadenado por Sánchez para seguir en el poder, la división crece entre la sociedad. Todos los españoles cumplen a diario con sus obligaciones como buenos ciudadanos, pero también se guardarán mucho de hablar de política en los próximos encuentros navideños, conscientes de que hay veneno en el aire y ni las familias se libran del odio creciente.
El presidente del Gobierno tiene que soportar a diario abucheos cuando sale a la calle y no puede salir sin ser vilipendiado y el cerco policial que rodea sus desplazamientos es cada vez más grande para evitarle el sonido de los insultos.
Sí, España se rompe, se está rompiendo ante nuestros ojos. No es ninguna exageración. Los ven los nacionalistas, que disfrutan del espectáculo, Lo ven los extremistas, que tratan de azuzar el fuego. Incluso lo ve Sánchez, al que, una vez en Moncloa, ya todo le da igual. Y lo ven, por supuesto, quienes le adulan, aunque piensen que, después de todo, es preferible que el fin del mundo los coja en el gobierno.
¿PEDRO SÁNCHEZ EN EL BANQUILLO?
Sánchez ha comprado a Junts su investidura a cambio de amnistiar los graves delitos cometidos contra la nación y su Constitución por el líder separatista y sus secuaces durante los episodios que rodearon el 1 de octubre de 2017.
Para el PSOE, España tiene un “conflicto” con unos delincuentes con los que hay que negociar. El sábado 2 de diciembre y el PSOE se reunieron en Ginebra, en lugar desconocido, para seguir discutiendo cómo se trocea España a espaldas de los españoles. Después de la reunión en un lugar desconocido de Ginebra, lo de Sánchez y el PSOE es de juzgado de guardia ¿No hay aquí materia para acusar a Sánchez de un delito de traición?
El artículo 102 de la Constitución se refiere específicamente a esta cuestión: “La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo”.
Pero la amnistía ha venido acompañada de toda una serie de dádivas adicionales entre las cuales cabe citar la condonación de hasta 15.000 millones de la deuda acumulada por los gobiernos nacionalistas de la Generalidad. Sánchez se ha comprado la presidencia con el dinero de los ciudadanos. Malversación de caudales públicos. ¿No merecería delito tan grave ser llevado ante los tribunales de justicia?
¿Quién va a correr con los honorarios del “mediador” salvadoreño y toda su cohorte? Sería interesante ver cómo interpreta esos supuestos delitos el actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz , ya achicharrado después de que el CGPJ le declarara este jueves no apto para el cargo.
Es cierto que delimitar si el presidente puede ser sujeto pasivo de una investigación penal solo puede ser materia de expertos, pero en este país se ha sentado en el banquillo a concejales de todos los partidos por firmar licencias con el corrupto del pueblo, pero al parecer la justicia asiste indiferente al itinerario de un presidente que quiebra el Estado de Derecho, compra su investidura con dinero público, y rifa el destino del país en Suiza con “mediadores”.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha usurpado las funciones del Legislativo, abusando de su potestad para legislar mediante innumerables Reales Decreto Ley (más de 138) que le faculta al Gobierno para legislar en “situaciones de urgente necesidad”, pero su actual TC en manos de Cándido Conde-Pumpido (ex fiscal general del Estado con Zapatero) ha desestimado un recurso interpuesto contra ese abuso del decreto ley.
Pedro Sánchez, en efecto, ha declarado la guerra a la Justicia.
Sánchez quiere ser juez para decidir cómo se aplica la ley que más le conviene, legislador para establecer sin remilgos la norma que debe ser aplicada y objetor capaz de descabalgar a los magistrados remisos o desafectos. Los tribunales no pueden convertirse en obstáculos para el gobierno de progreso. Que está por encima de los jueces porque lo quiere el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? No tiene vuelta de hoja, el conjunto cuya voluntad es que Sánchez está por encima de todo y de todos. Los demás, jueces o plebeyos son como poco fascistas y si no…fascistas redomados.
Lo de «a los jueces no les ha elegido nadie, los representantes democráticos están en el parlamento». De ahí a que la democracia (¡el pueblo!) está por encima de las leyes y éstas no pueden contrariar la voluntad de aquel sólo hay un paso y ya lo hemos dado ampliamente en los últimos tiempos: precisamente en éso consiste lo peor del populismo. Pero el desmoronamiento del Estado de derecho no acaba ahí. Los jueces no tienen derecho a aplicar el derecho si éste contradice al pueblo (es decir, en realidad a quienes hablan en su nombre, que son muy poquitos y bien remunerados): pero es que además cabe sospechar que los jueces urden una trama de manipulaciones y embrollos para ir contra lo que los verdaderos representantes del pueblo soberano. ¡Los magistrados no sólo no han sido elegidos democráticamente, sino que son boicoteadores de la democracia!
Hannah Arendt dijo que los maestros deben ser conservadores, porque si no hurtan a sus alumnos la posibilidad de llegar a ser revolucionarios. Del mismo modo, los jueces deben ser conservadores porque de otro modo viciarán la vocación innovadora de los ciudadanos. Pero vaya usted a decírselo a quienes querrían magistrados que se saltasen las leyes con más agilidad que los propios delincuentes… Los grupos progresistas como Junts, PNV y Bildu van a crear en el parlamento unas comisiones o tribunales del pueblo que les va a lucir el pelo. Ni en la época del Terror en la Revolución Francesa hubo cosa igual… ¡Cuántas cosas grandes nos quedan aún por ver!
Algunas togas se han rendido ya, pero la mayoría se mantiene firme en la trinchera de la defensa del Estado de Derecho. Una guerra plena de significado, porque el jefe “resiliente” sabe bien que son los jueces los que pueden colocarle un día no lejano entre rejas, a él y a todo su séquito.
PEDRO SANCHEZ MANIOBRA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)
El vencimiento del mandato de cuatro magistrados del TC trajo una situación inédita en España, una crisis institucional sin precedentes entre el poder legislativo y el judicial. Los 12 miembros del TC se renuevan, en bloques de cuatro, cada tres años. Pero el TC se componía, a finales de 2022, de once magistrados. Uno renunció por enfermedad en 2022 y no se cubrió la vacante. A finales de 2022 los cuatro magistrados nombrados en 2013 (dos por el Gobierno de Rajoy y dos por el CGPJ) salían porque llevaban desde junio con el mandato caducado.
La mayoría conservadora se componía de seis magistrados. La mayoría progresista de cinco. Se presupone que eso orienta los asuntos peliagudos y los magistrados votarán consecuentemente a favor de quienes les eligen (“conservadores” o “progresistas”).
Un tercio de magistrados (2 magistrados) corresponde al Gobierno y al Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) otros 2. Esa renovación debe hacerse a la vez y no por separado porque así lo impone la Constitución
El Gobierno necesitaba entonces renovar cuanto antes el TC porque, con las salidas y entradas de magistrados, las mayorías cambian y se preveía que con la renovación fuese de siete a cinco a favor de los progresistas. Parece ser que dicha “prisa” tenía que ver con resolver de forma amable las demandas de indulto de los líderes del procés, quienes vieron sistemáticamente rechazadas hasta la fecha sus pretensiones ante el TC. Renovados el TC y su Presidencia dicha labor se antojaba más sencilla.
Al renovarse simultáneamente, se necesita el nombramiento de los cuatro miembros pero el CGPJ no llegó a un acuerdo sobre los dos que le correspondían y eso bloqueó los nombramientos porque el Gobierno no puede hacer sus nombramientos. El Gobierno propuso una enmienda para poder nombrarlos que introdujo en un proyecto de ley orgánica pensado para algo radicalmente distinto (reformar los delitos de sedición y malversación). En esa tesitura, para aceptar la constitucionalidad de la enmienda la jurisprudencia del TC exige que tenga “conexión de homogeneidad” con el texto enmendado, cosa que no cumplía. De ahí que el TC admitió a trámite el recurso y aplicó medidas cautelares: básicamente paralizaba su tramitación por eventual vulneración de los derechos fundamentales de los parlamentarios de la oposición.
Al paralizar la tramitación, el Gobierno se ve ante una vía muerta que le conduce al escenario inicial, pero ahora con un duro varapalo jurídico, mediático y social que gestionar. Pedro Sánchez ofreció una rueda de prensa donde anunciaba las medidas pertinentes para renovar el TC, pero sin concretarlas. Traducido: “hemos perdido la batalla pero la guerra continúa”. Aunque desde el principio la auténtica guerra gubernamental era colar de rondón la reforma de la sedición y malversación para los sentenciados en el proces. Finalmente los nuevos magistrados fueron el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, a propuesta del Gobierno; y Maria Luisa Segoviano y César Tolosa, a propuesta del CGPJ, que podrán estar en el cargo nueve años.
El 11 de enero de 2023 se nombró presidente del Tribunal Constitucional a Cándido Conde-Pumpido, uno de los magistrados progresistas desde 2017 y fiscal General del Estado con el Gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero. “Todo quedaba atado y bien atado” para Pedro Sánchez
PEDRO SÁNCHEZ Y LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ)
La razón esencial por la que existe el CGPJ es para evitar que recaigan en el poder ejecutivo la potestad de premiar con ascensos a jueces afines o sancionar a jueces desafectos. En definitiva el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ cumple este lunes 4 de diciembre de 2023 cinco años en funciones, que se suman a otros cinco de mandato vigente, una década en la que se ha ido descomponiendo debido a la incapacidad del PP y del PSOE para pactar la renovación, hasta el punto de ver pasar tres presidentes. El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 con 20 vocales que ahora son 16 porque en estos años dos se han jubilado, otro ha dimitido y otro ha fallecido. A ello se suma la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) en octubre de 2022.
El proceso de renovación arrancó el 3 de agosto de 2018, cuando se inició la apertura del plazo para presentar candidaturas, ya que los 20 vocales son elegidos a partes iguales por el Congreso y el Senado, con 10 cada uno(6 entre jueces y magistrados, y 4 entre juristas de prestigio). El 12 de noviembre de ese mismo año, el PSOE y PP acordaron que hubiera 11 vocales progresistas y 9 conservadores a cambio de que el PP eligiera al Presidente, pero este acuerdo encalló por filtraciones producidas antes de su firma. Llegaba así el 4 de diciembre de 2018 sin acuerdo político para un nuevo CGPJ. Un mes después, su Presidente Lesmes envió la primera de las cuatro cartas dirigidas a las Cortes para recordarles “la necesidad” de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que les encomienda actuar para renovar en plazo.
El 9 de septiembre de 2019 Lesmes alertó de que la situación de interinidad del Consejo era una “grave anomalía” que podía contribuir al “descrédito” de la Justicia, y aguantó así hasta el 7 de septiembre de 2022, cuando amenazó con su dimisión, que cumplió un mes después para forzar así el acuerdo PSOE-PP.
En la segunda mitad de 2020, las negociaciones PSOE-PP sobre el CGPJ estuvieron íntimamente ligadas al calendario electoral y otros hitos políticos que fueron acercando y alejando el acuerdo sucesivamente. Ese otoño, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a pactar: una para rebajar la mayoría por la que Congreso y Senado eligen a los vocales judiciales y otra para prohibir que un CGPJ caducado haga nombramientos en la cúpula judicial. Ante las críticas de Bruselas, oposición y asociaciones judiciales, el Ejecutivo retiró la primera pero mantuvo la segunda, que se aprobó en marzo de 2021.
Las nuevas conversaciones entre el PSOE y el PP dieron sus frutos y pactaron otras renovaciones pendientes (como la del TC), dejando el CGPJ para más adelante. En ese punto los dos candidatos que Podemos quería promocionar al Consejo y que el PP se negó a aceptar pero el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que la lista estaba hecha, a falta de que el PP quisiera hacerla pública. Pero el devenir político se impuso de nuevo a la ‘hoja de ruta’ y el 22 de junio de 2021 el Gobierno indultó a los condenados por el ‘procés’ y la renovación volvió a naufragar. El 20 de septiembre, el PP sometió a un debate parlamentario su propuesta de cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales –para que sean elegidos por los propios jueces–, una idea que se ha convertido para el PP en condición ‘sine qua non’.
El cambio en el liderazgo del PP, que se materializó en abril de 2022, avivó otra vez una esperanza que finalmente se disipó por la convocatoria electoral en Andalucía para ese 19 de junio. Entretanto, venció también el mandato de 4 de los 12 magistrados del TC, el tercio que corresponde proponer a Gobierno y CGPJ, y el Gobierno deslizó la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al CGPJ. Ante las dudas legales, promovió una reforma exprés de la LOPJ para que los vocales pudieran designar a sus dos candidatos.
En ese contexto, el PSOE y el PP retomaron los contactos para renovar el CGPJ pero la mañana de ese domingo 9 de octubre de cada uno transmitió a Lesmes que la negociación estaba muerta y esa misma tarde, Lesmes anunció su dimisión, lo que sirvió para forzar a socialistas y ‘populares’ a perfilar un acuerdo global que contemplaba la renovación del CGPJ y hasta del TC, pero todo volvió a desmoronarse cuando el Gobierno ratificó que pretendía reformar el delito de sedición.
Ese 27 de octubre, el PP rompía las conversaciones. Desde ese momento, la atención se centró en la renovación parcial del TC, que se logró propiciando un vuelco a una mayoría progresista que ha sido clave para validar la agenda legislativa del Gobierno. Tras ello, la situación se congeló, hasta que el pasado marzo de 2023 la vocal progresista dimitió, un movimiento que llevó a que una colega planteara la posibilidad de que el bloque progresista renunciara en bloque, si bien no contó con el respaldo del resto de miembros. La última crisis del CGPJ se vivió el pasado 19 de julio por la jubilación del presidente del CGPJ lo que llevó a designar al vocal conservador como tercer presidente (y el segundo interino).
A pesar de esta confusa cronología de desencuentros desde el PSOE se insiste machaconamente que la responsabilidad por no renovar el CGPG es solamente del PP ((“vivir para ver”)
PEDRO SÁNCHEZ SIGUE EL CAMINO DE LA JUSTICIA POLACA
La defensa del Estado de Derecho es uno de los elementos clave que debe unir a todos los Estados miembros de la UE pues “el primer juez europeo es el primer juez nacional”. El control de estos principios le corresponde al TJUE y los socios están obligados a velar por evitar por cualquier regresión del Estado de Derecho, absteniéndose de tomar normas que menoscaben la independencia de los magistrados, sin que puedan por poner como excusa su legislación nacional.
En este contexto, la lucha para preservar la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos. Los jueces no son ni conservadores ni progresistas, o son independientes o no lo son. La crisis del Estado de Derecho en España comenzó con la captura política del Tribunal Constitucional y hay que luchar por el Estado de derecho desde dentro del propio Estado.
La justicia española y la polaca comparten varias aspectos en común. De hecho, su Consejo del Poder Judicial está basado en el español. El Consejo polaco cuenta con 25 vocales: 15 de procedencia judicial y 10 juristas de reconocido prestigio. El español, por su parte, con 12 jueces y 10 juristas.
En 2015 el PIS (Partido Ley y Justicia), de derecha populista, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales y cambió la estructura de la Fiscalía General del Estado y los nombramientos promoviendo a los fiscales que le eran afines. En Polonia no existen jueces de instrucción, como en España, y las instrucciones las hacen los fiscales.
En 2017 el Gobierno del PIS aprobó unos proyectos de ley de la noche a la mañana. Uno de estos proyectos modificaría la selección del Consejo del Poder Judicial. Los 15 vocales de procedencia judicial, que elegían los miembros de la carrera judicial mediante voto secreto y directo, pasaron a ser elegidos por el Parlamento. Otra ley creó en el Supremo una Sala Disciplinaria que estaba conformada por jueces afines al Gobierno y se encargaba de sancionar a los jueces por sus decisiones judiciales, era una Sala de indudable naturaleza política.
Los jueces polacos demandaron al Gobierno frente a la Unión Europea, por violar el Estado de Derecho. En 2021 entró en vigor en la UE un Reglamento que permite negar el acceso a los fondos a un país si no cumple con los principios del Estado de Derecho, y la Comisión Europea negó el acceso de Polonia a los fondos UE. En octubre de 2021 el TC polaco dictó sentencia sobre varios artículos de los tratados de la UE que eran “inconstitucionales”. Veinte días después de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco (27 de octubre), el tribunal de Luxemburgo impuso una multa diaria de un millón de euros, aunque finalmente se redujo a medio millón diarios, a Polonia hasta que disolviera la Sala Disciplinaria para jueces de su Tribunal Supremo. La Comisión Europea comenzó a cobrarse la sanción quitando de los presupuestos de la UE concedidos a Polonia. El Gobierno polaco acabó pagando 555 millones de euros en multas y por acatar la sentencia del TJUE.
Parece que “sobran los motivos,
Pero ¿alguien se atreverá algún día a meter en la cárcel a Pedro Sánchez Pérez-Castejón?