Los juzgados de lo Social de Sevilla están señalando juicios para dentro de 51 meses por la carga de trabajo que arrastran: acumulaban 25.867 asuntos pendientes al cierre de 2020 | Las medidas de refuerzo acordadas siguen siendo insuficientes
Un juzgado de lo Social de Sevilla ha señalado para febrero de 2026 el juicio en el que se dilucidará la demanda por incapacidad permanente presentada por una mujer contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), lo que da una idea del atasco que sufre esta jurisdicción por la acumulación de asuntos y pone de manifiesto que las medidas de refuerzo que se han venido adoptando han sido claramente insuficientes.
Rosa Mª M.B., que desde julio de 2019 tenía concedida una pensión de incapacidad permanente en grado absoluto, quedó estupefacta cuando semanas atrás abrió la carta certificada que recibió en su casa y leyó el decreto en el que la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 2 de Sevilla señalaba la fecha de la vista: las 10 horas del 23 de febrero de 2026, dentro de casi 51 meses.
El pasado 9 de abril, la dirección provincial del INSS en Sevilla le comunicó que le denegaba la condición de incapacitada para trabajar después de que el equipo de valoración apreciara una «variación en su estado invalidante profesional» que determinaba la «inexistencia de grado alguno de incapacidad». Desde ese momento dejaba de ser beneficiara de la prestación económica que venía recibiendo con cargo a la Seguridad Social
Tras no prosperar la reclamación previa en vía administrativa, Rosa Mª M.B. ha acudido a los tribunales para demostrar que la severa limitación funcional que sufre que le impide trabajar y se revoque así la decisión basada en una revisión médica en la que -asegura- el facultativo no profundizó para poder valorar de forma correcta la situación física en la que se encuentra.
Sin condiciones físicas ni mentales para poder trabajar, el retraso en la resolución del pleito agravará su situación económica, reducida ahora a la percepción de un subsidio especial de desempleo por revisión de incapacidad (de 452 euros durante 18 meses). Esa ayuda expirará en enero de 2023, cuando faltarán todavía más de tres años para que se celebre el juicio en el que tratará de demostrar la incapacidad que el INSS no la ha reconocido ahora para poder cobrar la pensión que le correspondería
Los diez juzgados de lo Social de Sevilla cerraron 2020 con 25.867 asuntos pendientes (el 30 % de todos los que se tramitaban en esta jurisdicción en Andalucía, Ceuta y Melilla: 86.340). El ejercicio arrancó con 23.575 procedimientos, registrándose en el curso del año otros 12.243 -a un promedio de 33 al día- y resolviéndose 9.955, según los datos que se detallan en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fuente: El Independiente