Nos encontramos ante un cambio de modelo: pasamos de garantizar un sistema público de pensiones como un derecho de ciudadanía a negociar con un producto más del mercado: “Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo”.
Las próximas generaciones de personas trabajadoras necesariamente se desarrollan y desarrollarán fuera de los grandes sectores industriales y en consecuencia sus cotizaciones sociales, no serán tan elevadas, ni en años cotizados ni en cuantías, debido a los menores salarios que se pagan y la alta rotación en los empleos, por lo cual el Estado, la patronal y los sindicatos, prevén negociar sistemas complementarios para mejor provisionar sus pensiones.
La lógica empleada de convencimiento es muy de “manual”: Se describe el mundo anterior de los pensionistas -hombres en un porcentaje escandaloso-, de “alta pensión” (todos aquellos adscritos a sectores industriales bien reconvertidos bien en proceso de extinción) y de paso se anuncia que ese mundo “no volverá”.
Y a continuación la “gran solución”: “Sindicatos y patronal negocian planes de pensiones bajo el formato de ahorro privado para la jubilación, para más de dos millones de personas trabajadoras (sector del metal, seguros, grandes almacenes, agencias de viaje…), después de haber cerrado en el 2023 el gran plan de pensiones de empleo para el sector de la construcción.
La alternativa se impuso por parte de la Unión Europea a los estados miembros que exigía una modificación de sus Sistemas de Seguridad Social para adaptarlos a uno basado en tres pilares:
- el primero universal, público, obligatorio y de reparto que garantice prestaciones mínimas, es decir de supervivencia.
- un segundo pilar obligatorio, de capitalización y de gestión privada ligado a la negociación colectiva.
- el tercer pilar sería de capitalización, individual y voluntario, y como no, de gestión privada.
LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO, como segundo pilar obligatorio debilita el primero, el público y de reparto, y detrae parte de las cotizaciones que debieran dedicarse al Sistema Público de Pensiones, al Fondo de Pensiones de Empleo de promoción pública y gestión privada.
El Gobierno de PSOE/UP, conjuntamente con los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT), en el marco de la concertación social, llegaron al acuerdo de impulsar el desarrollo de los Planes de Pensiones de Empleo a través de la Negociación Colectiva Sectorial, promulgándose la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002 y del Real Decreto-ley 13/2022 por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.
Los sistemas complementarios tomen carta de naturaleza a través de los planes de pensiones de empresa o planes de empleo sectoriales, trabajadores por cuenta propia y/o autónomos y asociaciones y sociedades cooperativas y entidades mercantiles de derecho público, que confluirán en un fondo de pensiones de promoción pública pero gestionado por entidades privadas.
El vehículo para su impulso es la Negociación Colectiva sectorial, al cual tendrán que adherirse todas las empresas del sector a no ser que renuncien a tal adhesión por regirse por un Plan de Pensiones propio preexistente siempre que sus condiciones sean al menos iguales o superiores a las pactadas en el PPE.
Serán Planes de Pensiones de aportación definida, tanto en la parte empresarial como en la del trabajador, con el límite financiero y de contribuciones a este sistema de previsión social de hasta 1.500 € por cada persona trabajadora:
No se sabe aún si el dinero depositado contará con el aval del Estado, pero en el caso de quiebra de estos Fondos de Pensiones, ocurrirá que el Estado tendrá que rescatarlos con el dinero de todos y todas
Llevan lustros cuestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones y cuando el sentido común demanda que para asegurar su viabilidad la solución pasa por conseguir más recursos, se opta, por lo contrario, aumentar las cuotas, pero no para mejorar el sistema público sino para privatizarlo.
Se quiere alejar del ámbito político el tema de las pensiones públicas como si se tratara de algo meramente técnico, de una herramienta de un solo uso, y para ello se muestra un consenso parlamentario y “social”, el cual, con una gran dosis de cara dura, se quiere imponer a la sociedad: esto ya no hace falta votarlo, las pensiones son así y no pueden ser de otra manera.
En el Estado español, desde la década de los 90 del siglo pasado, los políticos de cualquier color “político” y los “agentes sociales”, especialmente los sindicatos institucionales, han pactado la ruptura con lo público y han ido entregando al “negocio privado” todos los comunes: educación, sanidad, vivienda y ahora, los sistemas públicos de pensiones.
Las pensiones privadas, la expropiación de rentas salariales para entregárselas al mercado privado, es un buen negocio para capitalistas, patronos, sindicatos institucionales y a la vez una garantía de paz social, donde las víctimas, aunque sean miles y miles, carecen de conciencia social suficiente, como para interrumpir esta barbarie.
