La jubilación demorada y el nuevo sistema de cotización de autónomos tendrán un impacto pasajero de un punto anual de PIB en la próxima década antes de decrecer y volverse negativo en la segunda mitad del siglo
Tras conocerse en su totalidad la nueva reforma de pensiones aprobada por el Gobierno, ahora es el tiempo en el que los mayores conocedores del modelo hacen sus números, para ofrecer una valoración que puede o no estar de acuerdo con las estimaciones realizadas por el ministerio capitaneado por el ministro, José Luís Escrivá. Quien desde luego está siendo bastante concienzudo en este análisis pormenorizado de lo que supondrá la reforma en las pensiones futuras es Ángel de la Fuente, director ejecutivo de, quien en pocas fechas está publicando una serie de estudios que están poniendo en tela de juicio las estimaciones del Gobierno de cara a la última reforma de pensiones.
Fedea critica las «deficiencias de la documentación técnica que acompaña, o debería haber acompañado, a las normas mediante las que se ha implementado la reforma del sistema de pensiones». El centro de estudios lamenta que al haber tramitado buena parte de la reforma por la vía del Real Decreto-ley, las exigencias técnicas no han sido tan altas como las requeridas para otro tipo de normas.
«Sería deseable que normas con implicaciones presupuestarias tan importantes como las que aquí se analizan fueran acompañadas de memorias de impacto bien hechas y fácilmente accesibles para el público», expresa De la Fuente en el informe. Para ello, el centro de estudios pide que la nueva agencia prevista en la ley de evaluación de políticas públicas filtre las memorias técnicas de las normas con mayor impacto presupuestario «para asegurarse de que cumplen unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica».
El análisis de impacto de los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es de «particular interés», pues el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apoya en sus proyecciones sobre el éxito y los efectos de estas medidas para concluir que el impacto neto del conjunto de la reforma sobre las cuentas del sistema de pensiones será manejable y no pondrá en riesgo su sostenibilidad financiera. Esta valoración contrasta con la previsión del Gobierno, que De la Fuente tilda de «enormemente optimista».
Según se desprende de su segundo estudio la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) referido a Los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones de 2021-2023 y que en esta ocasión está dedicado a los incentivos a la demora de la jubilación y el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, considera que si ambas reformas funcionan bien, su efecto conjunto “podría contribuir significativamente a mitigar el deterioro de las cuentas del sistema público de pensiones a corto y medio plazo”, aunque a renglón seguido advierte que esto no será así cuando se piense en el largo plazo y más concretamente a partir de 2050.
Según sostiene Ángel de la Fuente, el ahorro neto alcanzaría 1 punto de PIB a comienzos de la próxima década, para ir reduciéndose a continuación, hasta ser negativo a partir de 2050. El valor esperado en promedio durante el periodo 2022-2050 sería de medio punto de PIB, “un alivio apreciable, pero insuficiente para evitar que el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales”.
La jubilación demorada
Sobre el ahorro generado por la jubilación demorada ésta alcanzaría el 100% en un plazo de 10 años con una demora media de un año, frente al 60% con una demora media de tres años proyectada por el Ministerio.
Los incentivos al retraso de la jubilación fueron uno de los primeros elementos de la reforma de las pensiones en se aprobados, ya en 2021 junto a la revalorización de las retribuciones conforme al IPC. En concreto, se ajustaron las penalizaciones a la jubilación anticipada y se mejoraron las compensaciones ofrecidas para incentivar la demora voluntaria de la jubilación más allá de la edad legal. En este segundo caso, se da al trabajador la opción de elegir entre un incremento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada año completo de demora o un pago único de entre 6.000 y 12.000 euros aproximadamente.
Cotizaciones de los autónomos
El cambio en el RETA aprobado el año pasado plantea una transición gradual hacia un sistema en el que las cotizaciones de los autónomos guarden una relación más estrecha con sus ingresos reales. Sin embargo, según los datos del último barómetro trimestral de ATA, durante los tres primeros meses de 2023 solo el 12,5% de los autónomos ha comunicado a la Seguridad Social su previsión de ingresos para adaptar su cuota a los ingresos reales, aun a pesar de que a uno de cada dos encuestados que sí lo han hecho la cuota mensual le ha descendido.
Tanto Fedea como el ministerio presidido por José Luis Escrivá esperan que la cotización media de los autónomos se equipare gradualmente a la del Régimen General en un plazo de diez años. Fedea también rechaza el incremento de ingresos previsto por el Gobierno a través del nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos. «Supondría una subida muy considerable de la presión fiscal sobre los autónomos que sería conflictiva y por lo tanto difícil de implementar», señala el informe, que apunta además a otra cara de la moneda: «si los autónomos cotizan más, sus pensiones también serán más altas en el futuro y eso ya debería de notarse en 2050«.
ENLACE AL ESTUDIO DE FEDEA
