REFORMA ESCRIVÁ DE LAS PENSIONES: ¿AUMENTAR LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES O EL IRPF DE TODOS (TRABAJADORES Y RENTISTAS)?

Las medidas

Las medidas de esta segunda fase de la denominada “reforma Escrivá” de las pensiones están fundamentalmente encaminadas a incrementar los ingresos del sistema:

 

  • Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. Para los próximos 20 años se establecerá un régimen dual del periodo de cómputo que permitirá al beneficiario elegir la opción que más le interese de entre las siguientes: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses peores, o el periodo de cómputo actual consistente en los últimos 25 años. La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026.
  • Adecuación de las bases máximas de cotización. La subida de las bases máximas se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.
  • Modificación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). El MEI va a pasar de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año. Además, se deja abierta la posibilidad de que el MEI se comporte como un mecanismo de ajuste automático a partir de 2025 y que las cotizaciones sociales puedan aumentar más para compensar los excesos de gasto en pensiones, en función de cambios en las proyecciones demográficas y económicas, si no se adoptan otras medidas compensatorias.
  • Cuota de solidaridad. Crear una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, que será del 1% en 2025 y que irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045

Los esfuerzos de Escrivá ponen de manifiesto el “tri-dilema” al que se enfrenta el sistema público de pensiones: cómo equilibrar unas pensiones dignas para los jubilados actuales, la justicia intergeneracional para los jóvenes y la sostenibilidad financiera, pues alcanzar dos de estos objetivos suele ser posible, pero garantizar los tres es realmente muy difícil. Las reformas no están teniendo en cuenta el problema principal, esto es, que tenemos un sistema de pensiones excesivamente generoso en relación con los recursos estructurales del país, lo que termina poniendo en peligro su propia viabilidad y la equidad intergeneracional

 

Los gastos: La “generosidad” del sistema

Dada la inexistencia de sistema complementarios de pensiones, en España la dependencia de los jubilados de las pensiones públicas, en las que los trabajadores en activo financian las prestaciones de los jubilados actuales, es mayor que en otros lugares. Dada la esperanza actual de vida tras la jubilación y su evolución esperable, dados los actuales niveles de productividad y ocupación y dada de la evolución de la población jubilada y en edad de trabajar, las pensiones públicas actuales son más elevadas de lo que permiten nuestros salarios y las cotizaciones a ellos vinculadas. Es decir, nuestro sistema ofrece una “rentabilidad implícita” sobre las cotizaciones muy superior a la que el crecimiento esperable de la masa salarial de la economía española le permite pagar. La cuantía de las pensiones en España es muy generosas y equivale al 80% de los ingresos netos anteriores a la jubilación, por delante de la media del 62% de los países de la OCDE. Para corregir el problema de sostenibilidad, es necesaria una reducción gradual y anticipada de la actual tasa de sustitución (el cociente entre la pensión y el salario medios) convergiendo con niveles comparables con los de otras economías europeas.

 

Los ingresos: ¿cotizaciones o impuestos?

El Gobierno renuncia a cualquier intento de control del crecimiento del gasto y las medidas que se plantean generan escasos ingresos y son muy distorsionantes porque se concentran sobre una parte muy pequeña de la masa salarial. Por último, pero no menos importante, estas medidas adoptadas convertirán a España en uno de los países con las cotizaciones sociales más elevadas, con riesgo para nuestra competitividad y capacidad de atracción de actividades de elevado valor añadido. Si se considera necesario financiar el sistema con incremento de las cargas fiscales, esto debería hacerse a través de medidas transparentes que no distorsionen la demanda de trabajo y cuya carga se distribuya equitativamente sobre el conjunto de la población y no sólo de los trabajadores/cotizantes. La mejor forma de hacerlo sería a través de un recargo proporcional sobre la cuota del IRPF.

 

 

 

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