En el Gobierno no hay ningún tipo de urgencia, ya que los actuales Presupuestos ya precisan que las pensiones subirían un 1,6% este año –que ya se ha pagado– y lo mismo al inicio del año próximo. Y, tras esa subida inicial, el actual Ejecutivo se ha comprometido, a través de su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a abonar a los pensionistas una paga compensatoria en enero próximo, si el IPC a final de año supera el 1,6%.Pero aunque no exista esa urgencia, el Ejecutivo tiene en su mano dejar diseñado legalmente, en esta legislatura, el futuro mecanismo para revalorizar las pensiones.
La fórmula habitual, que venía aplicándose hasta 2014 –primer año de aplicación del todavía legal IRP legislado en 2013–, consiste en que el Gobierno fije una inflación prevista para la elaboración del cuadro macroeconómico y los Presupuestos del año siguiente, y le aplique esa subida a todas las pensiones desde el 1 de enero. Posteriormente, si a final de año los precios han subido más que el incremento que se ha aplicado a las pensiones en enero, según el IPC previsto, se les abona la diferencia.
El texto acordado en el Pacto de Toledo pide actualizar las pensiones “según el IPC real”. Ese concepto económico no existe como tal, pero puede interpretarse que los representantes políticos utilizaron el apellido “real” para diferenciar el IPC de final de año de otros indicadores de precios como la inflación subyacente, o los datos medios anuales de estos indicadores.
