Todo el mundo creemos saber que es un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) pues al inicio del Estado de Alarma se legisló sobre dichos ERTEs derivados de la pandemia, tanto en la modalidad de causa de Fuerza Mayor como en la modalidad de causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas y de producción).
Actualmente aún 700.000 trabajadores están inmersos en un ERTE por fuerza mayor, y los ERTEs están prorrogados hasta el 30/09/2020 aunque en estos días se está negociando volver a prorrogarlos hasta el 31/12/2020 con algunos cambios normativos sobre su alcance.
Los denominados ERTE de rebrote, cuya autorización depende de las autoridades laborales de las comunidades autónomas, los pueden solicitar todas las empresas que desde el 1 de julio se hayan visto afectadas por las nuevas medidas de restricción de la actividad por el aumento de los contagios en distintas áreas del país.
En definitiva, los ERTEs son una suspensión temporal del contrato de trabajo (o reducción de la jornada en el caso de ERTEs parciales) por las causas indicadas y se pretende que no se afecte al empleo pues son medidas TEMPORALES que permiten a las empresas no pagar los salarios a los trabajadores afectados y, en general, con importantes exoneraciones de las cotizaciones a la SS. Las empresas así reducen drásticamente los costes laborales de sus trabajadores y tampoco incurren en el coste del pago de las indemnizaciones derivadas del despido de los mismos. Mientras tanto el trabajador recibe una prestación de desempleo “excepcional” aunque no haya cotizado por esa prestación al menos 1 año (condición general) ni el tiempo en el que se recibe esa prestación “excepcional” computa a efectos de determinar la duración de una posible prestación futura de desempleo no excepcional.
Los ERTEs (no con ese nombre, que no es el oficial) ya existían en el Estatuto de los Trabajadores de 1995, pero no han sido utilizados con exceso pues desde el punto de vista empresarial tienen el inconveniente de que las exoneraciones de las cuotas a la SS sólo son del 100% en el caso de que la causa fuese de Fuerza Mayor y además el trabajador sigue acumulando antigüedad para la indemnización de un posible despido futuro, aunque durante el ERTE no se generan vacaciones ni pagas extras.
Por otro lado, y una vez que el teletrabajo se ha implantado en muchos empleos, no hay forma de controlar por parte de la administración laboral que los trabajadores afectados por un ERTE sigan trabajando (total o parcialmente) fraudulentamente desde su domicilio en base a la “necesidad de arrimar el hombro”
En muchas (no todas) las ocasiones los ERTEs han sido subvenciones con dinero público para que las empresas nacionalicen temporalmente sus costes salariales, retrasando los despidos que acabarán produciéndose desgraciadamente tarde o temprano.
El futuro de los ERTE, que vencen el 30 de septiembre, se dirime estos días en una negociación que implica al Gobierno y los agentes sociales y que se dirime fundamentalmente en estas cuestiones:
- ¿Para qué sectores será efectiva la nueva prórroga?
- ¿Se mantendrá la prestación al 70% o bajará al 50%?
- ¿Están consumiendo tiempo de paro los ERTEs actualmente, y a partir de Octubre?
- ¿La cláusula de salvaguarda del empleo de los siguientes 6 meses tras el ERTE, cómo se aplicará?
Sectores de la nueva prórroga
Se desconocen los sectores que finalmente quedarán protegidos por las nuevas condiciones para las nuevas prórrogas. La propuesta inicial del Gobierno se centraba en los sectores del ocio, la aviación y parte de la cultura y dejaba fuera a hostelería, comercio o transporte de viajeros por carretera, sectores que los empresarios ven imprescindibles para llegar a un acuerdo.
La cuantía de la prestación.
A finales de agosto, quedaba en ERTE uno de cada cuatro trabajadores afectados por un expediente temporal en abril. Eso significa que, aunque el grueso de los asalariados ya se ha reincorporado, quedan alrededor de 700.000 trabajadores que no han conseguido volver a la actividad. Con el inicio del otoño, comienzan los peores meses para el mercado laboraly muchas empresas serán incapaces de sobrevivir. Si se suma la coyuntura de los rebrotes del Covid, las posibilidades de salir del ERTE se reducen drásticamente.
La cuantía de la prestación de desempleo una vez transcurridos 6 meses desde su concesión baja del 70% al 50% de la base reguladora (la base de cotización de los 6 meses previos al desempleo) pero el Ejecutivo ha asegurado que en el caso de los ERTEs por el coronavirus no se aplicará esta norma general y se seguirá recibiendo el 70% como en los meses anteriores
El “contador a cero”
El Ministerio de Trabajo ha planteado que la ayuda comience a consumir tiempo de paro y recoge la propuesta de terminar con el llamado contador a cero, es decir, el Ejecutivo abre la posibilidad de que el tiempo en ERTEcompute para el cobro de otras prestaciones a futuro, de manera que sí se consumiría paro.
Los ya afectados se han llevado una sorpresa al constatar que el SEPE lleva ya seis meses restando días de desempleo a su prestación., cuando en teoría se garantizó que esto no iba a ser así, lo cual ha provocado alarma entre los afectados y un aluvión de consultas urgentes al SEPE. El Ministerio de Trabajo reconoce que se está produciendo esta situación y argumenta que el ‘contador a cero’ no opera hasta que el trabajador es despedido por la empresa, es decir, que opera “a futuro”, de manera que“el contador quedará realmente “a cero” cuando la persona solicite en el futuro la prestación en caso de pasar a una situación de desempleo.
La claúsula de salvaguarda del empleo
Como consecuencia de la cláusula de mantener el empleo, quedaron vetados los despidos objetivos con una indemnización de 20 días por año trabajo, pasando a considerarse despidos improcedentes, cuya indemnización alcanza los 33 días por año, o nulos. Pero dicha cláusula dura seis meses, y comienza a contar en el momento en que se reincorpora el primer trabajador afectado por el ERTE, y si eso sucedió en Abril ese plazo de 6 meses vencerá ahora en Octubre.
Una cascada de errores con los ERTE
Los retrasos en el reconocimiento de la prestación, por la avalancha de expedientes que se produjo especialmente a finales de marzo y principios de abril, han provocado que algunos beneficiarios no hayan podido cobrar todavía, seis meses después de su parón profesional.
Además se han producido una cascada de errorescomo los que se han registrado en los últimos meses: personas que no tenían que haber percibido la prestación y han cobrado dinero, otras que no la han recibido y tenían derecho a ella, algunas han cobrado meses completos a pesar de que su ERTE había concluido antes,…
Por si esto fuera poco, los trabajadores afectados por un ERTE, con hijos a cargo, se han visto especialmente perjudicados por el caos en los servicios de empleo. No se tuvo en cuenta el número de hijos dependientes en las familias en el momento de reconocer las prestaciones y tres meses después comenzó a regularizar los pagos. En el SEPE defienden que el objetivo era, en los momentos más duros de la pandemia, acelerar el reconocimiento de las solicitudes colectivas que presentaban las empresas con la relación de trabajadores afectados por los ERTEs.
