En la pasada legislatura el Gobierno puso en marcha su reforma “Escrivá” de las pensiones en dos fases. La primera fase instauró la revalorización de las pensiones con el IPC, revisó las jubilaciones anticipadas e introdujo mayores incentivos para retrasar el retiro voluntario, al objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la legal. También en esta primera fase se sustituyó el factor de sostenibilidad (aprobado en 2013 por el Gobierno del PP) por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya entrada en vigor se produjo este mismo año y que establece una sobrecotización inicial del 0,6%, que irá subiendo hasta el 1,2% en 2029.
La segunda fase de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de 2023 contempla subidas de bases y pensiones máximas, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento progresivo, a partir de 2027, de un modelo dual para calcular la pensión, con la posibilidad de elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este último caso los dos peores. Desde el próximo año y hasta 2050, las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos, y las pensiones mínimas contributivas experimentarán, desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC, para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
Prioridades de la nueva ministra
Entre las prioridades que se ha fijado para el arranque del diálogo social, la nueva ministra de Seguridad Social Elma Saiz abordará la reforma de la jubilación parcial, la prórroga del contrato relevo, el reglamento sobre coeficientes reductores de edad de jubilación para ocupaciones con especial penosidad o el desarrollo de convenios con mutuas
Jubilación anticipada parcial
Introducir cambios en el sistema de jubilación parcial ya estaba previsto con el anterior ministro, Escrivá, y es una de las reivindicaciones de los sindicatos UGT y CCOO. El acuerdo en este tema es muy probable, porque, además, forma parte del acuerdo entre PSOE y Sumar para la constitución del nuevo Gobierno. Ambos partidos proponen una nueva regulación del retiro parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
Pensiones mínimas y no contributivas
PSOE y Sumar se han comprometido a seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea, y progresar en la eliminación de la brecha de género. La ministra ha confirmado que las pensiones mínimas se revalorizarán entre un 5% y un 7% en 2024, aumento que será de hasta el 14% en el caso de la pensión de viudedad con cargas familiares, una de las más bajas del sistema, pasará desde los 12.682 euros anuales en 14 pagas, 906 euros mensuales, vigentes para este 2023 a 14.457 euros anuales, unos 1.033 euros mensuales. También el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizará un 6,9%
Jubilación activa
Además se compromete a mejorar la jubilación activa, para dar más «flexibilidad y oportunidades» para una salida progresiva y voluntaria del mercado de trabajo, pero no ha adelantado ningún cambio en concreto..
Autónomos
Otra de sus líneas maestras es seguir desplegando la reforma del nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos sobre la cual los agentes sociales se han comprometido a extender la posibilidad de aplicar la cuota reducida (tarifa plana) a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de la actividad en los que se produzcan caídas de sus ingresos por debajo del SMI, cuando declaren por estimación directa, todo ello sin pérdida de derechos de protección social.
Asimismo, durante 2024 continuará desplegándose la fórmula de los nuevos tramos de rendimientos netos y de bases de cotización, diseñados en principio para 2023, 2024 y 2025. Esto significa que, durante la legislatura, Elma Saiz deberá negociar con los sindicatos y las organizaciones de autónomos las nuevas cuotas desde 2026.
Macrofondo de las Planes de Pensiones de Empleo (PPE)
Otro de los grandes retos de esta legislatura en materia de Seguridad Social será el arranque, previsto para las próximas semanas, del macrofondo de pensiones de promoción pública diseñado por el Ministerio de Escrivá en la anterior legislatura. Esta norma, aprobada unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio, fijó los elementos básicos para la constitución y funcionamiento de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos.
El último paso para que este macrofondo eche a andar se produjo tan solo hace unos días, cuando la Comisión Promotora y de Seguimiento (CPS) de los fondos de pensiones de empleo abiertos de promoción pública nombró a los 13 integrantes de la Comisión de Control Especial, órgano encargado de la supervisión de dichos fondos.
Sin riesgo para la caja única
Sobre el compromiso de transferir en 2 años el régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, Saiz insiste en la unidad de la caja única de la Seguridad Social y en el principio de solidaridad entre comunidades autónomas.
«No hay ningún riesgo ni pacto alguno que ponga en riesgo la caja única de la Seguridad Social», incide la ministra, que aboga por intensificar el diálogo con las diferentes administraciones para que haya «una vertebración del sistema» que termine mejorando el servicio al ciudadano. También subraya la importancia del diálogo y la coordinación entre administraciones territoriales para seguir avanzando con el ingreso mínimo vital (IMV) donde también quiere reunir con brevedad a todos los implicados.
Cuestiones financieras
En enero de este año las pensiones subieron un 8,5%, en línea con la inflación media del año anterior. Como consecuencia, el gasto se elevó en 15.000 millones. El coste de subirlas otro 3,8% en 2024 sería de unos 7.000 millones, aproximando la factura anual hasta los 200.000 millones.
El Gobierno ha aprobado la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería a General de la Seguridad Social por un importe de 10.003,8 millones para pagar la extraordinaria de noviembre. «En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que supera los 22.000 millones.
Como en los últimos años, la concesión del préstamo asegura el pago puntual de las pensiones y permite a la Seguridad Social planificar con suficiente antelación la disposición de los recursos necesarios para hacer frente a estos desembolsos extraordinarios. Hasta septiembre las transferencias recibidas por la Seguridad Social del Estado y Organismos Autónomos suman 30.110 millones de euros para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo. En total espera recibir este año 38.735 millones.
Desde hace años los ingresos propios del sistema contributivo de protección social tienen que completarse con aportaciones del Estado con cargo a impuestos. La Seguridad Social registró superávit entre 1999 y 2010, aunque ya en 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera, inició una tendencia negativa, con disminuciones del saldo positivo en 2009 y 2010 y déficit a partir de 2011.
