A pesar de que la patronal y los sindicatos llevan meses negociando (las conversaciones se retomaron en marzo de 2021, pero con anterioridad ya se había abordado un paquete sobre negociación colectiva), todavía no han conseguido ponerse de acuerdo en prácticamente ninguno de los puntos de la reforma. Especialmente después de que la CEOE presentase su primera propuesta formal hace apenas unos días, los tira y afloja entre los equipos negociadores son constantes. Tanto que el calendario ha obligado al Ejecutivo a triplicar las reuniones semanales, pero el consenso sigue lejos pese al ritmo frenético de la mesa.
Para el Gobierno es importante -que no obligatorio- que la reforma laboral cuente con un amplio consenso social, porque así lo recomienda la Comisión Europea bajo la filosofía de que las reformas pactadas son más estables en el tiempo.
Recientemente, el Gobierno le ha dado un vuelco a su propuesta para incorporar algunos de los planteamientos defendidos por la CEOE en materia de temporalidad e intentar atraer a los empresarios al acuerdo. Este movimiento ha generado una gran indignación en las organizaciones sindicales, que llegados a este punto temen que las cesiones del Ejecutivo a la patronal acaben por devaluar el contenido de una norma que ya se ha suavizado considerablemente respecto a lo que se planteaba en los borradores iniciales.
Cierto es que en el contrato rubricado por la Comisión Europea y el propio Gobierno aparece como referencia el cuarto trimestre de 2021 para la puesta en marcha de algunas de las modificaciones legislativas más relevantes en materia laboral, como son la simplificación del menú de contratos, el nuevo mecanismo de flexibilidad interna para las empresas en crisis o la modernización de la negociación colectiva. Pero en realidad ese no es un plazo impuesto por la Comisión, sino acordado por iniciativa del Gobierno español, y que las autoridades comunitarias estarían dispuestas incluso a flexibilizarlo, aunque eso implicase un retraso en el desembolso de los fondos correspondientes a esta reforma.
El plazo pactado con Bruselas para la aprobación de esta norma es clave para la recepción de un nuevo tramo de 12.000 millones de los fondos europeos de recuperación pero la Comisión Europea estaría dispuesta a dar más margen para que el Gobierno pueda cumplir el hito con garantías antes de solicitar el nuevo tramo de 12.000 millones, algo perfectamente viable, teniendo en cuenta que aunque España es el país más avanzado en el despliegue del Plan de Recuperación, los datos más recientes de ejecución presupuestaria revelan que de los más de 24.200 millones de euros presupuestados para 2021 procedentes de subvenciones europeas, a finales de agosto solo se había gastado el 0,46% (104 millones).
En defintiva, aunque el Gobierno estaría dispuesto a aprovechar esa ‘manga ancha’ que ofrece la Comisión, las “prisas” gubernamentales son en realidad del flanco morado de la coalición, en concreto, en Yolanda Díaz, quien “tiene que cumplir su objetivo de derogar parte de la reforma laboral del PP antes de que acabe el año para reforzar su posición de cara al lanzamiento de su propio proyecto político”.
Fuente: La Información
El Gobierno convoca reuniones diarias desde el próximo lunes para intentar cerrar un acuerdo antes de fin de año https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/10/economia/1639151640_846793.html