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Jubilaciones Anticipadas y Prejubilación
Gregorio La Paz lleva cuatro años como prejubilado del Banco Santander y percibe el 80% de su salario, “que era de 40.000 euros, que no es un sueldo tan alto si llevas en el banco desde los 15 años”. Gregorio, sindicalista de UGT, reconoce que las condiciones con las que se fue de su trabajo de toda la vida a los 56 años fueron muy buenas y destaca que fue de forma voluntaria, “porque ahora existe la figura del ‘voluntario obligado’ por la empresa y esa es ya otra cuestión”. Además, “yo les digo a mi familia, vecinos y amigos: vosotros no pagáis nada de mi prejubilación. Yo me voy con una cantidad que me va a pagar el banco hasta los 63 años, con lo que me jubilo anticipadamente, y durante este periodo de tiempo seguimos pagando a la Seguridad Social por el convenio especial, por lo que se puede decir que no son malas prejubilaciones para el conjunto de la sociedad, porque no le supone coste alguno. Paga el banco. Ahora mismo, sin embargo, ya que parece que se acepta que una empresa con beneficios pueda hacer un ERE, sí se está aceptando que haya compañeros que cobren el desempleo. Ahí está el problema, que la sociedad asuma parte del coste de un ERE”.“¿Prejubilados de oro? Entré a trabajar en Banesto con 15 años, cuando me prejubilé, hace cuatro años, a los 56, llevaba cotizados 41 años y cuando me llegue la edad efectiva de prejubilación habrán sido 48. Los EREs no los planteamos los trabajadores, son las empresas, en este caso el Banco de Santander, que ha presentado unos beneficios de 7.000 millones el pasado año. Lo socialmente reprobable sería que una empresa con beneficios plantee prejubilaciones y éstas le cuesten dinero al erario público. En mi caso, todo el coste lo asumió el banco y espero que en este nuevo ERE también sea así”.
Por ello, para este prejubilado madrileño de 60 años el problema del actual ERE que plantea el Banco Santander “podría estar en que no sea totalmente voluntario para quienes tengan que irse y que parte del coste del ERE se tenga que asumir vía desempleo y erario público”. De cualquier manera, Gregorio La Paz se teme que las condiciones en las que se marchen los cerca de 4.000 trabajadores que plantea el Santander sean peores que las que “disfrutamos quienes nos fuimos en procesos de reestructuración anteriores. Me lo dicen mis antiguos compañeros, si tuviéramos las mismas condiciones que vosotros nos íbamos mañana”.
Por ello, reconoce que quizás sí que sea un privilegiado comparando con otros sectores, pero “yo no tengo la culpa de haber trabajado en banca y poder disfrutar de estas condiciones. Si el Banco Popular no se hubiera ido al garete en dos años, de lo que los trabajadores no tenemos la culpa, yo no me hubiera prejubilado y seguiría trabajando, pero…”
Bankia, BBVA, Sabadell, Liberbank, Unicaja, Kutxabank, Abanca … Todas las entidades han recurrido a los ERE y a las ‘prejubilaciones de oro’, alguna de estas entidades en varias ocasiones, pero no es el único sector que ha tirado de ellas, aunque desde la enmienda Telefónica y la reforma laboral del 2012 sean las empresas con beneficios las que corren con todos los gastos de las mismas. Desde empresas públicas como RTVE, Navantia, Paradores, Hunosa o Correos a privadas como Telefónica, Barclays Bank, Pfizer, Johnson & Johnson, Nokia Siemens, Schweppes, Danone… Una práctica que se hizo popular, sobre todo, con la gran reconversión industrial de los años 80 y 90. Hasta el punto de que en algunas zonas, como en Asturias o en Euskadi, se llamaba a los prejubilados de aquella industria pesada como los ‘aristócratas del metal’ merced a las excelentes condiciones con las que se fueron a sus casas mucho antes de cumplir la edad legal de jubilación.
En los últimos 10 años se han prejubilado alrededor de 1,3 millones de personas en España. El 40% de los 3,5 millones de nuevos pensionistas que hay en nuestro país desde el año 2008. Y es que la prejubilación se convirtió hace ya 40 años en un mecanismo no traumático para ajustar los excedentes de plantilla de los sectores industriales en crisis. Posteriormente, el sistema lo han utilizado grandes empresas para reducir costes, reorganizando sus estructuras y procesos, a la par que otras entidades del sector público en dificultades.
Mucha se ha escrito sobre las prejubilaciones teóricamente desorbitadas que percibían a cuenta del erario público los mineros retirados anticipadamente (más de 30.000) en los diversos planes de reestructuración que se han llevado a cabo desde 1992 por los sucesivos gobierno del PSOE y el PP. Lo cierto es que sus emolumentos van desde los 1.600 o 1.700 euros a los 2.573,70 (la pensión máxima), que percibe un minero que trabajaba en el arranque (extracción del mineral) o un empleado cualificado del ‘pozu moqueta’, como se conocía a los trabajadores de las oficinas de Hunosa.
