El sector de la hostelería se desangra. En Alemania, Francia, Gran Bretaña y otros países europeos han tomado medidas duras de cierrecomo consecuencia de la pandemia, pero compensan a las empresas con ayudas directaspara atenuar sus pérdidas. En España el Gobierno hasta ahora despachaba el tema con moratorias y créditos con aval del Estado, que apenas sirven para agravar la situación, al incrementar el endeudamiento de unas compañías a las que les cuesta más tener sus establecimientos abiertos que cerrarlos y despedir a todo el mundo.
Una parte de los 140.000 millones del maná que nos van a caer de Bruselas debiera ser para socorrer a este sector, en el que al cierre de 2020 tuvieron pérdidas el 75% de las empresas, pero el Gobierno se escudaba en que el marco legal existente le impedía tomar medidas de ese tipo.
Ha sido una reclamación sobre todo de pymes y autónomos, quienes llevan meses pidiendo la aprobación de un mecanismo para conceder ayudas directas que permita salvar a una gran parte del tejido industrial español ante la prolongación de la pandemia. El Gobierno ha recogido finalmente el guante y ha anunciado que reformará el marco legal existente para impulsar ayudas directas y trabaja ya en medidas para aliviar la carga financiera y reforzar la solvencia de compañías viables.
Tras las sucesivas olas del coronavirus se ha detectado que a los problemas de liquidez inicial que ahogaban a las pymes al inicio de la pandemia ahora se ha transformado en un problema de solvencia, que puede llevar a la desaparición o a concurso de acreedores a un gran número de empresas y autónomos.
Al parecer se lleva trabajando en su estudio desde octubre, pero al final se ha retrasado, y será en marzo cuando se apruebe el abanico de fórmulas para su entrada en vigor en abril como tarde.
Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos este viernes pasado 5 de febrero en un comunicado, el Ejecutivo va a reformar el marco legal existente para impulsar las ayudas directas, una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado, paso necesario para que el Gobierno pudiera aprobar estas nuevas ayudas, argumenta.
De momento, en los próximos días se espera que se haya identificado la tipología de empresas y, según su categoría por diferentes variables, como dimensión, número de empleados, sector o por facilidad en salir de la crisis una vez que la pandemia haya finalizado, se concretará una clase de ayudas y soluciones.
También se está definiendo el concepto de empresa viable, ya que las ayudas solo se dirigirán a las sociedades que pueden resistir en el futuro. Las ayudas que necesitarían estas pymes y sumarían unos 10.000 millones de euros.
Las medidas que se están proponiendo en Francia sirven ahora de guía. Como la concesión de créditos participativos para las empresas de hasta un determinado tamaño, mientras que para micropymes y autónomos las ayudas serán diferentes, aunque de momento se descarta inyectar capital directamente.
Las nuevas medidas de apoyo se sumarán a las aprobadas hasta el momento y que han supuesto ayudas por encima del 20% del PIB, si bien un 15% han sido medidas de liquidez, en su gran mayoría avales del ICO, y solo el 5% restante ayudas directas con impacto en los presupuestos.
Dentro de estas medidas está en estudio que el ICO pueda realizar refinanciaciones y quitas, para lo que es necesario la modificación de sus estatutos.
