La irrupción del multipartidismo ha supuesto la defunción del Pacto de Toledo, posiblemente uno de los mayores acuerdos de nuestra joven democracia, y ahora los nueve millones de pensionistas son el arma arrojadiza de la batalla política. Deben saber nuestros abuelos que lo que están haciendo con ellos cuando les dicen alegremente que las pensiones están garantizadas es más grave que abandonarlos en una gasolinera. A ningún político español le gusta recortar las pensiones. Zapatero en 2011 lo hizo al elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, situar en 25 años el cálculo de la base reguladora y establecer la condición de cotizar al menos 37 años para jubilarse con el 100% de la pensión. Dos años después, Rajoy le dio otra vuelta de tuerca a la sostenibilidad de la pensiones con un nuevo recorte al desenganchar su actualización del IPC y poner tope a las subidas en el 0,25%. Además introdujo un factor de sostenibilidad por el cual se recortaba en un pequeño porcentaje la pensión a medida que la esperanza de vida iba creciendo. ¿Por qué el idealista que se apareció a los mineros en Rodiezmo o el registrador que amaba a su país iban a querer castigar a nuestros esforzados mayores? Pues porque no había más remedio.
En 2008 había 7,6 millones de pensionistas y 20,7 millones de ocupados y el gasto en pensiones anual ascendía a 98.000 millones de euros. Hoy los nueve millones de pensionistas cobran cada año 153.000 millones de euros, que deberían ser abonados por los 19 millones de trabajadores. Lo cierto es que las cotizaciones de estos no llegan y el déficit anual supone ya 20.000 millones. Es decir, cada vez menos trabajadores se hacen cargo de más pensionistas y está tendencia se va a agudizar en las próximas tres décadas. Cargarse las reformas de Zapatero y de Rajoy lo único que logra es que el agujero crezca exponencialmente. Y los agujeros no desaparecen por arte de magia, solo se trasladan en el tiempo. Volver a indexar las pensiones al IPC lejos de garantizarlas conduce a la quiebra del sistema. Si los futuros pensionistas quieren tener una pensión digna no deberían fiarlo todo a que se lo escriban en un papel, aunque sea en la Constitución. Eso no deja de ser un placebo, un engañaabuelos.
Los estados de bienestar no se construyen sobre papeles sino sobre economías modernas. Economías en las que hay grandes empresas -llámese Ibex 35 o lo que sea-, fondos de inversión, respeto a la propiedad, instituciones solventes, una importante clase media y también ricos y con fundamento. Si un político le dice a un abuelo que le garantiza la pensión y al mismo tiempo echa pestes de todos o de algunos de estos elementos fundamentales es un signo inequívoco de que tiene intención de abandonarle en la gasolinera a las primeras de cambio.
Fuente: Expansión
