España sigue arrastrando desajustes importantes en temas tan relevantes como las pensiones y los salarios, que en buena medida tienen una misma raíz: la economía sumergida. Esa actividad informal hace que la recaudación impositiva sea más baja de la que corresponde a una economía del tamaño de España y que haya trabajadores sin cotizar o infracotizando a la Seguridad Social. Encima, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se mantiene en niveles vergonzosos ante el temor de que se mande a más trabajadores a la oscuridad porque el empresario no quiere asumir ni más salario ni más cotizaciones sociales.
De forma inminente se tienen que desatascar reformas tan relevantes como la de las pensiones o la fijación del SMI para este año 2021, que quedó aplazada por la pandemia. En ambos temas primero es necesario alcanzar un acuerdo interno entre la coalición del Gobierno, que en el caso del SMI aún no se ha logrado, para después negociar con sindicatos y patronales.
La interconexión entre pensiones y salarios es de largo alcance. La pensión que se cobra en la jubilación está condicionada por lo que se cotizó en activo, pero como el sistema de pensiones español es de reparto, lo que cobran hoy los pensionistas sale de las cotizaciones que pagan los trabajadores actualmente en activo. Por tanto, el importe de las pensiones de los abuelos tiene que ver con lo que ellos cotizaron cuando estaban en activo, pero la disponibilidad de fondos para que cobren hoy depende de que paguen sus hijos y nietos. Por eso se dice que el sistema público de pensiones es un Esquema Ponzi gigante, pero, eso sí, con garantía del Estado.
En la reforma de las pensiones que están negociando el Gobierno y los sindicatos se va a incluir un mecanismo de equidad intergeneracional, que en la normativa actual se llamaba factor de sostenibilidad. Son eufemismos para dar respuesta a la dura realidad: el número de pensionistas se a disparar con la jubilación del baby boom, ya que entre 1958 y 1977 nacieron más de 650.000 niños al año. Hoy hay dos cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista. Si se estima que en 2033 habrá 12,3 millones de españoles con más de 65 años, quiere decir que para mantener esa ratio, que ya es baja, hacen falta 24,6 millones de cotizantes, frente a los 19 millones que tenemos ahora. España necesita crecer mucho y bien para generar esos 5,6 millones de cotizantes en 12 años.
En esta misma semana se han conocido datos muy interesantes para entender a qué se refieren cuando se habla de equidad intergeneracional, que al final se traduce en la cantidad de recursos de que disponen trabajadores y pensionistas y supone confrontar salarios, que son los que cotizan, con pensiones.
Según la encuesta salarial de 2019, los menores de 20 años tenían un sueldo medio anual de 9.100 euros (650 euros al mes en 14 pagas), y eso a pesar de que en 2019, es cuando se produjo la mayor subida del SMI de la historia reciente, hasta 900 euros al mes. Esa remuneración supone 14 euros menos al mes y 190 euros al año que la pensión mínima de un jubilado mayor de 65 años sin cónyuge, que fue de 664 euros mensuales, 9.290 euros anuales.
Además, dada la configuración del sistema de pensiones español, es el nieto el que contribuye mes a mes para que cobre el abuelo. En 2019, un trabajador que cobraba el SMI generaba a la Seguridad Social unos ingresos mensuales de 314 euros en cotizaciones. Por tanto, dos perceptores del salario mínimo aportaban 628 euros a la Seguridad Social, menos del importe de la pensión de jubilación mínima para mayores de 65 años y sin cónyuge. En España, un 18% de los asalariados cobra el SMI o menos.
Estos datos son una evidencia del arrastre que tiene la subida del SMI. Hace que aumenten los salarios de los más jóvenes y provoca que se incrementen también sus cotizaciones. De hecho, en 2020, cuando se acordó la subida del SMI en cincuenta euros al mes, hasta 950 euros, el Gobierno estimó que ese crecimiento aportaría unos 250 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social.
Es difícil de asumir que el nieto cobre menos que el abuelo. La equidad intergeneracional no puede depender de las propinas familiares, ni congelando las pensiones, por supuesto. Si no mejoran los salarios de los más jóvenes quizás cojan manía a sus mayores.
El Gobierno derogará el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, una fórmula que aprobó el Ejecutivo del PP en 2013 y que ajustaba la prestación de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida, con lo que suponía un duro recorte de las pensiones futuras. Esta fórmula todavía no había entrado en vigor, tenía que haber empezado a aplicarse en 2019 y se pospuso hasta 2023. Su ahorro estimado por la Autoridad Fiscal era para 2050, de unos 11.000 millones de euros. Ahora, este instrumento se reemplazará por un nuevo mecanismo de corrección antes de 5 meses, y que operará a partir de 2027.
El diseño del nuevo modelo que sustituirá al actual está abierto a las discusiones con los sindicatos y la patronal, y el objetivo es amortiguar el aumento de gasto en pensiones que ocasionará la jubilación del baby boom y el alargamiento de la esperanza de vida. La generación del baby boom español ―los nacidos entre 1958 y 1977― empezará a retirarse a partir de 2023. Y durante dos décadas, entre 2030 y 2050, el gasto en pensiones tendrá un fuerte aumento hasta cotas cercanas al 16% del PIB, frente al 12% de la actualidad. Al mismo tiempo, la fuerza laboral se estará nutriendo de generaciones caracterizadas por una baja natalidad, bautizadas como baby collapse. Se abrirá una brecha entre los dos grupos de población.
Al tratarse de un sistema de reparto por el cual los trabajadores financian las pensiones, en ese momento la cohorte del baby collapse tendrá que hacer el esfuerzo de sufragar la jubilación del baby boom. De ahí que haga falta algún mecanismo de equidad intergeneracional que suponga un guiño a los jóvenes, señalan fuentes ministeriales. Y añaden que en un sistema de reparto es esencial pensar en el vínculo generacional.
El ministerio de José Luis Escrivá ha pactado con los agentes sociales que este nuevo mecanismo se incorporará al proyecto de ley antes del 15 de noviembre. Según se recoge en el acuerdo con patronal y sindicatos, si en esa negociación no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno regularía este instrumento para que se incluya de todas formas en la nueva ley, cuya entrada en vigor está comprometida con Bruselas para finales de 2021. El Ejecutivo ha prometido a Europa que el mecanismo de equidad intergeneracional habrá sido legislado para el cierre de 2022.
