PENSIONES: FRANCIA Y ESPAÑA. ¡LA DEMOGRAFIA!

En Francia el gasto público en 2019 ascenderá al 55,6% del PIB y alrededor del 15% del PIB (esto es, cerca del 27% de todo el gasto público) se destina al pago de pensiones. El gasto público en pensiones alcanzará un máximo del 15,4% del PIB en 2030 para luego caer por debajo del 14% a partir de 2050.

En nuestro país, el gasto público en pensiones se ubica alrededor del 12% del PIB y la expectativa es que estos desembolsos lleguen a suponer el 14,4% del PIB en el año 2045: es decir, mientras que en Francia solo aumentará cuatro décimas respecto a sus niveles actuales, en España lo hará más de dos puntos de PIB.

El sistema de pensiones francés es financieramente mucho más estable que el español. Y ello por tres motivos.

  1. La evolución demográfica de Francia va a ser sustancialmente menos negativa que la española: a día de hoy, nuestro país vecino cuenta con 37 pensionistas por cada 100 personas en edad de trabajar y, dentro de tres décadas, ese número ascenderá a 54; en cambio, España dispone hoy de 33 pensionistas por cada 100 personas en edad de trabajar, y en el año 2050, serán 78. Es decir, que en Francia el porcentaje de dependientes de más de 65 años se incrementará en 17 puntos (sobre la población en edad de trabajar) frente a los 46 puntos en el caso de España.
  2. Francia ya dispone hoy de un sistema de pensiones, en general -pues hay más de 40 regímenes diferentes- ‘menos’ generoso que el español: la tasa de sustitución es allí del 60% (es decir, el jubilado medio percibe el equivalente al 60% de su salario promedio durante su etapa laboral activa), mientras que en España es del 72%. Tales diferencias, además, se mantienen aproximadamente una vez consideramos la divergente fiscalidad que recae sobre trabajadores y pensionistas: mientras que la tasa de reemplazoneta’ en Francia es del 74%, en España totaliza el 83%.
  3. Para financiar su gasto en pensiones, Francia dispone de un enorme arsenal impositivo: aun cuando sus contribuciones sociales son similares a las nuestras (27,5% del salario frente al 28,3% de España), allí han complementado los ingresos dirigidos al sistema de jubilación con la llamada ‘contribución social generalizada‘, la cual supone sustraer un 9% adicional de la nómina de todos los trabajadores, un 6,6% de los ingresos de casi todos los pensionistas y un 6,2% de las prestaciones por desempleo.

En conjunto, pues, en Francia se cobran pensiones relativamente menores que en España (sufragadas con impuestos mucho más altos) y además, en los próximos 30 años, el país disfrutará de una base de población joven sustancialmente más amplia que la nuestra: es decir, disfrutarán de muchos más cotizantes y de muchos menos pensionistas.

Y, pese a todo lo anterior, Macron está tratando de impulsar una reforma del sistema de jubilación francés para asegurar su viabilidad a largo plazo: en concreto, pretende recortar las elevadas pensiones de los regímenes especiales (unificándolos a la baja con el régimen común) y elevar el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 años de cotización más favorables a toda la vida laboral.

En España el principal concepto que define nuestro sistema de pensiones es la solidaridad intergeneracional: los cotizantes de hoy pagan las pensiones de los jubilados actuales.

Es un sistema que proporciona una renta a todos aquellos que han cotizado un número determinado de años o con necesidades específicas. Funciona – y ha funcionado muy bien – en un entorno en el que la estructura de la población dibujaba una figura piramidal: una amplia base principal de cotizantes y una parte reducida de jubilados.

Pero la realidad empieza a ser distinta, como en la mayoría de los países desarrollados. Este nuevo marco demográfico se caracteriza por un cambio de paradigma en dos aspectos:

1.- Fertilidad: de media en España se tienen 1,3 hijos, muy por debajo de 2,1x/2,3x que se requeriría para asegurar el reemplazo generacional. Además, es inferior a otras economías desarrolladas (Unión Europea 1,6x, Italia 1,3x o Japón 1,4x). Sólo algunos países emergentes como India(2,2x) disfrutan de tasas de fertilidad más elevadas.

2.- Esperanza de Vida: lo que es una estupenda noticia desde el punto de vista social y además pone en valor nuestra forma de vida frente a otros países de nuestro entorno, supone un enorme reto desde el punto de vista de cobertura y garantía de las pensiones. Un análisis de la población y de las perspectivas futuras permite anticipar que el número de nacimientos cada vez crecerá menos y el crecimiento vegetativo será cada vez más negativo. En un contexto en el que la población se incrementará, superando los 49 millones de personas en 2033, el segmento de los pensionistas lo hará con mayor rapidez. El saldo migratorio podría ser la única variable que ayude a suavizar esta situación.

Una de las variables más relevantes en términos de sostenibilidad es el déficit de la Seguridad Social (-1,4% en 2018). En el caso español ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años. Y ello a pesar de haber disfrutado durante doce trimestres consecutivos de un crecimiento de PIB que superaba +3% y una fuerte creación de empleo. Un entorno de desaceleración económica provocaría inevitablemente un incremento de este déficit. En este contexto, de fuerte creación de empleo (-1,4M/parados desde 2012 y +2,2M de Altas a la Seguridad Social) y crecimiento económico robusto, parece una incongruencia que el déficit haya aumentado con fuerza. Pero esto se debe a un empeoramiento de las variables del sistema. Según el Ministerio de Trabajo, tomando como referencia el periodo 2008/2018, la pensión media se habría incrementado +32%, mientras que el salario medio +2,7% (INE).

Además, la Tasa de Sustitución, que mide la relación entre la pensión y el último salario obtenido, se sitúa en promedio en España en 82% (2016), uno de los más elevados de la Unión Europea. Un aumento transitorio del déficit de la Seguridad Social en fases recesivas del ciclo y su posterior reducción en fases expansivas es razonable. Sin embargo, el carácter estructural que puede adoptar el mencionado déficit por la tendencia al envejecimiento sí es un factor que podría cuestionar la sostenibilidad en el largo plazo.

Si tenemos en cuenta el peso que supone el gasto en pensiones en el conjunto del PIB, 11% en 2017. Este peso es inferior a otras economías de nuestro entorno como Italia (16%), Francia (14%) o Portugal (13%) en 2017. No obstante, de cara a futuro son numerosos los retos que el sistema afronta. Retos que, como hemos visto, tienen que ver con cambios demográficos pero también con cambios sociales. Uno de los principales retos es la jubilación de los babyboomers , a partir de 2023. El problema de la jubilación de este colectivo radica en la previsible imposibilidad de su reemplazo en el mercado laboral, el cual podría ser insuficiente como para elevar la Tasa de Actividad. Según el INE, en 2033el número de personas con edad comprendida entre 30 y 49 años se reducirá en-2,7M de personas con respecto a 2018. A este fenómeno poblacional se unen otros factores como la jubilación de los Autónomos, colectivo que suele optar por cotizaciones inferiores, incorporación cada día más tardía al mercado laboral o salarios cada vez menores de los empleados que acceden al sistema.

Todo ello en un contexto en el que la Tasa de Ahorro se encuentra en niveles reducidos (8,7%). Por lo tanto, un menor número de empleados, con salarios más reducidos, deberán hacer frente a las pensiones de un mayor porcentaje de población. Con el objetivo de reducir el impacto de la estacionalidad y tratar de desvincularlo del ciclo económico se creó el Fondo de Reserva en el año 2000 y llegó a alcanzar los 67.000M€ en 2011.Desde entonces, se ha ido reduciendo hasta el punto de que prácticamente estará agotado en Dic.2019. Para que el sistema siga siendo sostenible es necesario que se mantenga un ritmo de crecimiento económico fuerte y que ello incluya una mayor creación de empleo. Exige además elevar la productividad y los ingresos de la Seguridad Social.

Hasta la fecha se han introducido fundamentalmente medidas paramétricas, como posponer la edad de jubilación o vincular las pensiones al Índice de Revalorización (revalorización mínima ascendía a 0,25% y la máxima a inflación +0,25%). Una vez anulado este índice se ha decidido recientemente ligarlas al IPC. Esta medida implica un incremento de gasto para un sistema que ya de por sí muestra deficiencias. Ésta y otras iniciativas continuarán analizándose junto con la posibilidad de elevar de nuevo la edad de jubilación (en España la edad efectiva son 63 años, por debajo de países de nuestro entorno). Sin embargo, en una segunda fase el sistema necesita que se introduzcan medidas verdaderamente reformistas, viendo que los acontecimientos ya citados (cambios poblacionales fundamentalmente) favorecerán la combinación de un sistema de reparto con aportaciones privadas. Esto podría ocurrir una vez agotado el Fondo de Reserva. Una mayor conciencia social y el agotamiento del Fondo de Reserva deberían favorecen un mayor ahorro privado destinado a la jubilación. De hecho España tienen un amplio abanico de mejora: según el BdE, los activos de los fondos de pensiones privados alcanzan el 14% del PIB, frente al 50% de media de la OCDE.

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