El artículo 50 de la Constitución establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Sin embargo, tal y como estableció el Tribunal Constitucional en 1994, los legisladores tienen “libertad para modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias económicas y sociales”. La expresión “pensiones adecuadas” no se refiere a cada pensión o tipo de pensión de forma individual, sino al sistema de pensiones en su conjunto, por lo que las circunstancias sociales y económicas concretas del momento no se pueden dejar nunca de lado pues se trata de administrar medios económicos limitados para un gran número de necesidades sociales”.
Cada trabajador tiene derecho a esperar, y seguro que espera, que sus prestaciones por jubilación sean similares a las que él está ayudando a pagar, sobre todo porque al calcular lo que va a aportar tras cuarenta o más años cotizados confía en que ese dinero va a estar disponible llegado el momento. De hecho, el modelo social recoge la obligación moral de un Estado respecto a unos trabajadores a los que se ha incorporado obligatoriamente a un sistema público de pensiones de reparto, sin opción a rechazarlo y sin información sobre a cuánto ascenderá su pensión de jubilación. Un sistema público obligatorio que produce pensiones muy bajas es ineficaz e incluso se cuestiona a sí mismo. Todo el mundo se ha fiado de un Estado que, cuando hay problemas y sin haberlo advertido, recorta las pensiones y cuenta con una fatal resignación, pero lo realmente necesario se deja en segundo plano: más empleo.
Hoy, dos cotizantes a la Seguridad Social sostienen la pensión de un jubilado, una tasa en caída desde el año 2007; y según las previsiones, en 2050 la tasa de dependencia será prácticamente del 100%, es decir, que cada persona en edad de trabajar sostendrá a una inactiva. La línea roja del equilibrio en los sistemas de reparto se alcanza cuando la relación entre afiliados y pensionistas es menor a dos. Para mantener las tasas de reemplazo actuales se necesitaría que los afiliados a la Seguridad Social crecieran en 10 millones hasta superar los 27 millones en 2050. En definitiva, el mercado de trabajo necesitaría generar 3,4 millones de empleos nuevos, una cifra que implicaría, de facto, llegar al pleno empleo en España. Aumentar el empleo y la productividad permitiría que las bases imponibles de los impuestos (renta, consumo, etc) crecieran también y que el sistema pudiera recaudar más sin subir impuestos. Es obvio que cuanto más crezcan el empleo y los salarios más podrán aumentar las pensiones.
Este año pasado se ha producido una diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales de 125.144 millones y un gasto en pensiones contributivas, las que dependen de las cotizaciones de los trabajadores, de 144.335 millones, lo que supone un desfase de 20.000 millones de euros. Con la inminente jubilación de los babyboomers, muy numerosos y con pensiones altas dado lo dilatado de sus vidas laborales, estas cifras aumentarán muy considerablemente y no parece que el señuelo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pergeñado por el actual Gobierno pueda reducir ese déficit que se irá acumulando progresivamente, como ya han avisado todos los organismo supervisores y de control, desde el Banco de España, la AIReF, la CEOE e incluso la propia Comisión Europea
Pero entre desastres naturales imprevisibles (pandemias y erupciones volcánicas) que copan los medios de “desinformación” (artífices de crear estados de opinión ciudadana) y la engolfada política española perdida en infantiloides peleas de colegio que pretenden enmascaran simples egocentrismos de sus protagonistas (desde el propio Presidente del Gobierno, la glamurosa candidata in péctore, la “ocurrente” Presidenta de Madrid,…, hasta los asesinos y secesionistas reconvertidos en aliados del Gobierno del Estado al que dicen no pertenecer), los que dirigen (o deberían dirigir) el Estado han optado de hecho por decidir que “las desgracias que tengan que ocurrir inexorablemente, les ocurran a otro en el futuro” (aunque éste sea lamentablemente demasiado próximo)
