Más de 600.000 personas en España, básicamente funcionarios civiles de carrera de la Administración del Estado, de la Justicia, de las Cortes Generales, así como de otros órganos constitucionales, autonómicos y estatales, forman parte del Régimen de Clases Pasivas. Asimismo, entran en este grupo personal militar de carrera y de empleo, políticos, exministros y expresidentes. Se trata de un colectivo en extinción, ya que ningún funcionario se puede vincular a él desde el 1 de enero de 2011.
Para este grupo, la jubilación o retiro forzoso se declara de oficio a los 65 años, a excepción de profesores universitarios, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, para los que la a edad de jubilación forzosa se prolonga hasta los 70. Lo anterior contrasta con la edad legal de jubilación ordinaria de los funcionarios (y del resto de trabajadores) sujetos al Régimen General de la Seguridad Social, que se está incrementando desde 2013 hasta alcanzar los 67 años en 2027. No obstante, las pensiones del Régimen de Clases Pasivas se revalorizan según el mismo porcentaje que el resto de pensiones públicas de la Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 65/2022.
Sumarse al complemento para reducir la brecha de género
El complemento para achicar brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primero y hasta un máximo de cuatro y que se suma a la pensión para corregir la diferencia entre las pensiones medias que reciben los hombres y las mujeres. Se trata de un plus del cual el Gobierno ha excluido a las pensiones voluntarias del Régimen de Clases Pasivas. Este complemento busca limar un posible perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo/a, sufrido de forma mayoritaria por las mujeres, y es una de las principales causas de la existencia de la brecha de género en la cuantía de la pensión.
Desde el CSIF ya denunciaron el cambio de criterio del Ministerio (que en un principio sí que contemplaba su inclusión) y advirtieron que también se dejaban fuera las jubilaciones parciales del Régimen General. Desde el Ejecutivo sostiene que esta exclusión a efectos del complemento no supone dar al colectivo un trato discriminatorio dado que el Régimen de Clases Pasivas en este supuesto es “más favorable” que el establecido para las jubilaciones anticipadas voluntarias para las mujeres del Régimen General.
Incentivar la prórroga de la vida laboral
Por otra parte, CSIF defiende incrementar “los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y establecer un incentivo del 5% anual acumulable para aquellas personas que decidan de manera voluntaria prorrogar su vida laboral” más allá de la jubilación voluntaria. Una cuestión que tiene previsto tratarse en la próxima negociación del anteproyecto de Ley de Función Pública para la Administración General del Estado.
Fuente: La Información
