Patrimonio Nacional ha afirmado que la entrada gratuita para el colectivo de pensionistas y otros colectivos en situación de vulnerabilidad económica supondría un “quebranto económico” para el organismo, tal y como señala en respuesta a la sugerencia del Defensor del Pueblo.
Según recoge la institución en su Informe Anual 2018, Patrimonio Nacional alega que los ingresos por venta de entradas tienen “un peso importante” en su financiación -188.039 visitantes mayores de 65 años aportaron 902.387 euros en 201- y recalca su “trascendencia” tras la merma del presupuesto del organismo en los últimos años, que ha pasado de 144 millones de euros en 2009 a 117 millones en 2018.
Además, y en referencia a la Ley de Patrimonio Histórico Español, que alude a la garantía de acceso de todos los españoles, Patrimonio Nacional señala que cumple con las condiciones establecidas, ya que, siempre que sea compatible con el uso de la familia real, los bienes están “abiertos a la visita publica”, tal y como establece la norma, que no especifica que “el acceso tenga que ser gratuito”, según argumenta.
En cuanto a la regulación sobre la visita pública a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el INAEM, que establece la gratuidad para colectivos como los pensionistas, Patrimonio Nacional indica que los monumentos, palacios y reales sitios que gestiona “no tienen la consideración de museos de titularidad estatal”.
En este sentido, agrega también que instituciones museísticas como el Museo del Prado o la Fundación Thyssen-Bornemisza no tienen entrada gratuita para los pensionistas sino una tarifa reducida para mayores de 65 años, al igual que los espacios abiertos a la visita pública de Patrimonio Nacional.
Del mismo modo, destaca que la gratuidad para pensionistas requeriría reforzar los medios humanos, tanto en taquilla como en el personal de control, para comprobar el documento acreditativo.
