Inflación, costes de la energía y de la producción, subida de tipos, cierre del grifo de la financiación… Los empresarios se preparan para un otoño negro. En los despachos de abogados se acumulan las consultas de compañías que están preparando recortes de plantilla y están diseñando ya los despidos que harán en septiembre
La vicepresidenta primera Nadia Calviño ha pasado en cuestión de semanas de asegurar que estamos inmersos en una robusta recuperación a admitir que la crisis podría ser más grave de lo que ha venido transmitiendo públicamente.
A principios de mes el Gobierno reunió a los agentes sociales para intentar revivir la negociación de un pacto de rentas que ayude a contener la inflación. En la mesa que preside Nadia Calviño, la vicepresidenta primera trasladó a la patronal y a los sindicatos un panorama económico que en la CEOE califican de “irrealista” y así se lo hicieron saber a Calviño “a la cara”.
La pequeña y mediana empresa se queja de que las medidas adoptadas por el Gobierno para sostener el tejido productivo patrio han sido insuficientes. Más allá de los ERTE, los empresarios consideran que ayudas como los créditos ICO no son más que “pan para hoy y hambre para mañana” y demandan al Ejecutivo un verdadero paquete de rescate que se centre en los incentivos a la inversión y la contratación. “Las empresas lo que quieren es seguir a flote, poder ampliar su negocio y contratar más gente y para ello, en estos momentos, necesitan ayuda”, afirman desde la organización asociada a la CEOE.
La gran empresa tampoco lo tiene fácil. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a penalizar fiscalmente a dos sectores que están obteniendo “beneficios extraordinarios“ durante esta crisis. El primero son las empresas energéticas, que están avisadas desde hace tiempo de que van a tener que contribuir a costear las medidas adoptadas. Y el segundo es la banca, que por sorpresa recibió el anuncio de Sánchez durante el debate sobre el estado de la nación y ahora busca fórmulas para intentar que el impuesto les haga el menor daño posible. Sánchez ha anunciado este sábado que la próxima semana PSOE y Unidas Podemos presentarán una proposición de ley para acelerar esta nueva figura fiscal, mientras las entidades financieras, advierten de que darán la batalla legal pues defienden que la base sobre la que fundamentar un tributo es tan peregrina y escueta que genera perplejidad a cualquiera que sepa por qué se pagan impuestos en un país y opinan que es confiscatorio y por lo tanto contrario a la Constitución (recuérdese la última sentencia sobre la plusvalía urbana) y además según sentencias del TS y del TC defienden que para que un impuesto sea “legal” es necesario que la justificación económica que justifique el gravamen debe ser real, se pueda calcular sobre parámetros creíbles y evidentes, más allá de meras argumentaciones filosóficas o ideológicas.
La puesta en marcha de los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas impactará en la economía y en el mercado de trabajo, indican todas las fuentes empresariales consultadas y según el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que es el ‘think tank’ de la CEOE, tendrá un impacto contractivo sobre la actividad económica de cerca de 5.000 millones de euros, lo que equivale a cuatro décimas de PIB de 2021, y provocará la pérdida de 72.000 empleos.
