Hay algunos datos que reflejan con nitidez la situación financiera de la Seguridad Social. Al comenzar el siglo, y fruto del coste que tuvo para el sistema público de protección social las reconversiones industriales, la Seguridad Social tenía una deuda contraída con el Estado equivalente a 17.170 millones de euros. El año pasado, sin embargo, los préstamos totales alcanzaron los 85.350 millones. Es decir, se ha multiplicado por cinco en apenas dos décadas. Y eso que por medio estuvo el Fondo de Reserva, engordado en los tiempos de bonanza, que llegó a contar con unos 70.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros del martes 6 de julio aprobó indexar la actualización anual de las pensiones al IPC, pero ello no significa que la renta disponible de los pensionistas vaya a mantenerse a lo largo de los próximos años, aunque no será porque sus pensiones disminuyan, sino porque aumentarán sus impuestos.
El Gobierno ha decidido sacar el déficit de la Seguridad Social del marco de las pensiones y pasarlo al Estado. Lo ha hecho con el traspaso de algunos gastos a la Administración central (los “gastos impropios del sistema”), que será quien soporte el déficit actual del sistema. En total, se han trasladado 22.000 millones de euros al Estado de gastos que actualmente financiaba la Seguridad Social.
Este traspaso tiene como objetivo, según el Gobierno, contar con una “imagen fiel” de la salud financiera del sistema público de pensiones y comprobar así que España presenta un menor gasto en pensiones que el resto de países europeos de modelos de reparto, lo que es un “punto de partida sólido” para abordar la entrada en el sistema de las generaciones más numerosas, los llamado baby boomers, lo que es un reto, dicen, de naturaleza temporal, entre los años 2025 y 2050, pues a partir de 2050 se alcanzan niveles de gasto similares a los que registra el sistema en estos momentos.
Aunque esta transferencia parece sólo un mero ajuste contable, tiene una gran trascendencia pues traspasar el déficit al Estado implica pasar el agujero de las cotizaciones sociales a los impuestos. Es decir, al pasar el déficit al Estado, este se verá obligado a reaccionar con una subida de impuestos
En lo que va de año, las transferencias del Estado al sistema de la Seguridad Social han superado los 9.700 millones de euros. Este ritmo tendrá que acelerarse en los próximos meses, ya que los PGE incluyen transferencias totales de 31.000 millones de euros (pues se incluyen también el gasto en pensiones no contributivas y complementos a mínimos). Queda, por tanto, el grueso de las transferencias pendientes de realizar.
Entre 2021 y 2022 los denominados “gastos impropios del sistema” ascienden a 22.600 millones €, que pasarán así de la Seguridad Social al Estado. Se trata de un ajuste contable entre subsectores de la Administración que no eleva el déficit público total, pero tiene una gran incidencia de cara a la política fiscal de los próximos años pues toda la presión de los números rojos de la Seguridad Social pasará al Estado.
Las implicaciones de esta reforma son, por tanto, cuantiosas. Mientras el déficit se mantenía en el ámbito de la Seguridad Social, la presión se situaba sobre las cuotas sociales de trabajadores y empresas. Sin embargo, al trasladar el déficit al Estado, serán TODOS LOS INGRESOS TRIBUTARIOS quienes tengan que asumir este coste. Esto significa que no solo los trabajadores tendrán que soportar la mayor presión fiscal que implica el ajuste, los propios pensionistas también tendrán que aumentar su contribución.
Será, en definitiva, una rebaja alternativa de las pensiones por la vía de los impuestos.
Todavía no se conoce cuál será la subida de impuestos que pondrá en marcha el Gobierno. El compromiso con Bruselas es que la reforma entre en vigor en el año 2023, de modo que es ya inminente. La cuantía de la subida de impuestos tiene que ser significativa, dados los 22.000 millones € asumido por la Administración. Esta cuantía supera la totalidad de la recaudación anual con todos los impuestos especiales (incluyendo el de las bebidas alcohólicas, los carburantes, la electricidad, el tabaco, etc.).
Parece que el Gobierno se muestra reticente a tocar los impuestos directos que afectan a los rendimientos entre ellos las rentas salariales y del capital (IRPF) y ha mostrado su preferencia por la imposición indirecta (fundamentalmente el IVA), que grava el consumo y que son impuestos más fáciles de recaudar. El grupo de los jubilados es el que mayor nivel de consumo tiene actualmente, de modo que podría ser el más afectado por una subida de los impuestos indirectos.
Según los datos de la ‘Encuesta de presupuestos familiares’, del INE, los jubilados son el grupo de edad que más consume, y por lo tanto más IVA paga. Desde el pico de la burbuja inmobiliaria, en 2007, hasta el año 2019, el gasto por persona de los mayores de 65 años ha aumentado un 23%. Por el contrario, en las franjas de edad de los jóvenes, de 16 a 29 años, el consumo se ha reducido un 11%.
El Gobierno también tiene la intención de subir el IRPF al ahorro para aproximar la fiscalidad del capital a la de los salarios. El endurecimiento de esta tributación tendrá mayor influencia sobre los mayores, que son quienes acumulan el grueso del ahorro en España. Según la ‘Encuesta financiera de las familias’, del Banco de España, en 2017 (último año disponible), la riqueza neta de los hogares donde el cabeza de familia es menor de 35 años no llegaba a los 50.000 euros, mientras que la de los mayores de 65 superaba los 350.000 euros. Además, en el caso de los jóvenes, el grueso de su riqueza se concentra en la vivienda habitual, mientras que los mayores tienen un capital más diversificado que genera rentas monetarias que tributan por IRPF.
Otra de las figuras que pretende endurecer el Gobierno es el impuesto sobre sociedades. En este caso, las empresas tienen suelen repercutir este coste a los consumidores. En cualquier caso, los pensionistas se verán afectados por una reducción de su capacidad de compra. Prácticamente todas las figuras fiscales que quiera tocar el Gobierno tendrán una incidencia en la renta disponible de los pensionistas, ya que superan en renta, riqueza y consumo a la mayoría de trabajadores.
Por lo tanto, el traslado del déficit de las pensiones desde la Seguridad Social hasta el Estado no es neutro, sino que tiene profundas implicaciones, como quedará patente en los próximos años. El esfuerzo por equilibrar el sistema será compartido para todos los españoles, aportando más los que tienen mayor renta o mayor riqueza. En ambos casos, los pensionistas se sitúan en la franja media-alta de la distribución, por lo que es previsible que terminen contribuyendo a arreglar el problema actual del sistema de pensiones.
