Más de 45.000 personas murieron esperando la ayuda en el 2022, mientras que las comunidades redujeron en 98 millones sus presupuestos
Catalunya, la comunidad donde más personas esperan ser atendidas, no ha invertido 57 millones
“No es de recibo. El dinero que se ha añadido de más para reducir las listas de espera de la dependencia y garantizar el derecho que tienen reconocidos por ley estas personas por parte del Estado, a través de los presupuestos generales (PGE), ha sido detraído de las cuentas autonómicas, lo que claramente impide acelerar el fin de esas vergonzosas listas de espera”, señala el responsable de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Ramón Ramírez.
El año pasado 45.360 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia, una cada doce minutos, mientras que la aportación para dependencia de las comunidades autónomas se redujo en 98 millones de euros, según un nuevo informe que acaba de publicar esta entidad.
Nueve gobiernos autonómicos hicieron caja en el 2022 con el incremento de los presupuestos del Estado para dependencia, aliviando problemas de las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes.
Estas nueve comunidades que han disminuido en el 2022 respecto al 2021 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia son: Catalunya, que ha reducido la inversión en 57,3 millones de euros; Cantabria (8,7 millones menos); Asturias (10,8 millones); la Comunidad Valenciana (40,6 millones); Andalucía (51,6 millones); Extremadura (11 millones); Madrid (15 millones); Castilla y León (7,4 millones), y Murcia (un millón).
“Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Catalunya, comunidad que, de nuevo, ocupó el último puesto de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia”, señala Ramírez. El 27% de las personas con derecho a asistencia en Catalunya estaban a la espera de recibir el servicio o a ser evaluadas.
Según ese trabajo, las comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, es decir, personas pendientes de recibir prestación, son Catalunya (27,1%), La Rioja (18,9%) y el País Vasco (17,5%).
Este es el segundo año que el Gobierno lleva a cabo el plan de choque sobre la dependencia para reducir las largas listas de espera que hay para recibir las ayudas reconocidas por ley y que se traduce en un aumento de fondos para este fin en los presupuestos generales del Estado.
“Pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario”, señala la citada entidad.
El primer año fueron diez las comunidades que hicieron caja con el aumento del presupuesto que realizó la Administración General del Estado. En ese grupo no estaba Catalunya. En esta ocasión, sí.
La versión de la Generalitat. Informe “distorsionado”, dice el Govern
Los informes de la patronal de los centros de dependencia suelen incomodar a la conselleria de Drets Socials de la Generalitat. Y el último no ha sido una excepción. Una portavoz del área que dirige el conseller Carles Campuzano ha criticado una frase del documento, según la cual “especialmente sangrantes son los recortes (en el gasto en la atención a personas en situación de dependencia) en Murcia y Catalunya”. Otras fuentes del Govern también discrepan de esta afirmación y hablan de un informe “distorsionado” y un análisis “incorrecto y poco cuidadoso” por sumar partidas diferentes de forma errónea y comparar presupuestos liquidados con presupuestos definitivos y partidas iniciales. Si se toma en cuenta el gasto meritado, es decir, el efectivamente realizado, la inversión en políticas sociales (salud, educación y servicios sociales) ha aumentado entre el 2009 y el 2022 hasta los 6.299 millones de euros, recalcan estas mismas fuentes.
Fuente: La Vanguardia