NACE UNA NUEVA PATRONAL ARROPADA POR YOLANDA DÍAZ Y BEGOÑA GÓMEZ

 

Una nueva patronal, competidora de Cepyme y la CEOE, amenaza con emprender la guerra por la representatividad de las empresas en España. Se llama Conpymes

 

La catalana Pimec, ligada al independentismo, patronales de Baleares, la agrícola COAG o Fenadismer son algunas de las entidades que conforman Conpymes.

Según el programa del acto de inauguración Conpymes asegura representar a más de 2 millones de empresas en España. Su presidente es el empresario aragonés, José Luis Roca, y uno de sus vicepresidentes es Antoni Cañete, presidente de Pimec.

La polémica rodea a Conpymes desde su creación por su cercanía con el Gobierno. Fue en el año 2021, cuando la fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, amadrinaron la presentación oficial de este organismo con varias ponencias.

Bien es cierto que Yolanda Díaz podía tener una justificación para participar en el acto de inauguración de Conpymes por tratarse de la ministra de Trabajo. Sin embargo, el protagonismo de Begoña Gómez en el evento, en calidad “directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social en la Universidad Complutense de Madrid”, resultó difícil de comprender.

Yolanda Díaz negocia quitar poder a los empresarios

La vicepresidenta Yolanda Díaz busca una nueva vuelta de tuerca contra los empresarios. Una que, además, la reconcilie con CCOO, no vaya a ser que tenga que refugiarse en el sindicato antes de lo esperado. La líder de Sumar a exigido a Pedro Sánchez negociar una reforma que arrebate a los directivos poder de organización de la empresa en materia laboral y se lo entregue a los sindicatos.

Sumar quiere “impulsar un funcionamiento más democrático de las empresas reforzando el marco normativo” para dar más poder a los sindicatos en los “mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras”, de forma que sean UGT o CCOO los factores decisivos en la “toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa”.

 Yolanda Díaz quiere igualmente que la reforma afecte al “diseño e implementación de los instrumentos de control necesarios para asegurar los derechos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la empresa”. También pretende “extender y mejorar la cobertura de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas a nivel estatal y trasnacional” y “establecer un sistema que permita la participación sindical en los Consejos de Administración de las empresas y grupos de empresas”.

“El ejercicio efectivo de estos derechos [de los sindicatos] resulta fundamental para asegurar la democratización de los procesos de toma de decisiones en el ámbito de las empresas, con el objetivo de mejorar nuestro sistema de relaciones laborales incrementar la productividad de las empresas y asegurar mejores condiciones de trabajo” dice Sumar. Es decir, que, por mucho que la empresa sea de los socios o accionistas, Yolanda Díaz considera que la toma de decisiones organizativas debe recaer en los trabajadores.

La transición ecológica, energética y digital que las empresas deberán acometer en los próximos años aconseja extender y reforzar los procedimientos de información y consulta sobre otras decisiones que puedan tener efecto, a corto o a medio plazo, en las condiciones de trabajo”, explica Sumar.

“Por otra parte, la internacionalización de nuestras empresas debe ser acompañada por la extensión de los procesos de información y consulta a nivel transnacional“, añade. Y Sumar cree que con ese fin debe darse paso a una normativa “más garantista, aunque la limitada tradición española en la materia ha impedido un adecuado desarrollo del modelo de implicación centroeuropeo”.

Por todo ello, resulta necesario, atendiendo a las singularidades del modelo social y del mercado laboral de nuestro país, continuar avanzando en el diseño e implementación de mecanismos que garanticen la eficacia de los derechos de implicación de las personas trabajadoras en la empresa, en los términos en los que la normativa europea de referencia los ha definido, como derechos de información, consulta y participación”, aclara. Y entre los derechos que Sumar quiere extender se encuentran los siguientes: “El derecho a elegir o designar a determinados miembros del órgano de administración o de control de la sociedad; o el derecho a recomendar u oponerse a la designación de una parte o de todos los miembros del órgano de administración o de control”.

Conpymes está a favor de subir el SMI y en contra de bajar impuestos

La polémica patronal Conpymes exige “poner fin a la peligrosa carrera de promesas de rebajas fiscales entre autonomías”.

El Gobierno quiere invitar a más patronales a participar en el llamado “diálogo social”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente el Plan Anual Normativo 2024 que incluye una “Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas” con el objetivo de “desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional”. Esta decisión ha sido aplaudida por Conpymes debido a que pretende ser el trampolín que le permita hacerse con un hueco en las mesas de negociación de los agentes sociales, y por tanto, hacer frente a la hegemónica Cepyme.

Conpymes se define como “una entidad independiente que surge de la necesidad de impulsar a un tejido productivo esencial para el desarrollo y el bienestar”. Esta patronal asegura que “el grueso de la riqueza y el empleo” de España “lo generan las pymes y los autónomos”, que se tienen que “enfrentar a barreras que lastran la competitividad y la proyección de este tipo de iniciativas empresariales”. También promueve el “capitalismo inclusivo” (¿¿¿???)

Sin embargo, si se supone que es una patronal que pretende velar por la competitividad empresarial, resulta llamativo que, desde su creación, apenas exista espíritu crítico con el Gobierno de turno.

Tal es la complacencia de esta patronal con las ideas del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez que, en numerosas ocasiones, Conpymes ha aplaudido medidas como puede ser la subida del SMI. Para Conpymes es “esencial que, en un contexto de crisis como el actual, el Gobierno adopte medidas para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los colectivos más vulnerables entre los que se encuentran los trabajadores perceptores del SMI”.

Teniendo en cuenta que el salario medio en las empresas de 200 o más trabajadores del país ya supera de lejos el SMI, mientras que son las pequeñas empresas y los autónomos los que más dificultades tienen para cumplir con esta medida intervencionista sorprenden opiniones como la anterior por parte de una patronal que dice defender a las pymes.

La catalana Pimec, ligada al independentismo, patronales de Baleares, la agrícola COAG o la del transporte Fenadismer son algunas de las entidades que conforman Conpymes.

También llama la atención que esta patronal se haya mostrado en contra de las rebajas de impuestos, especialmente, autonómicas. Y es que, Compymes “exige acabar con la rifa fiscal con tintes electoralistas y que se aborde con rigor una reforma fiscal para poner fin a la peligrosa carrera de promesas de rebajas fiscales entre autonomías”. Casualmente, esta idea también la promueve el Ejecutivo de Sánchez. También apoya el impuesto específico a las empresas energéticas que ha implantado el Gobierno .

De hecho, uno de los aspectos en los que más están centrados en Conpymes es el de romper con la hegemonía de CEOE y Cepyme en el diálogo social. Y lo están intentando por la vía judicial, donde han conseguido una vitoria. A principios de año, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló una subvención directa del Plan de Recuperación de 30,6 millones de euros concedida a CEOE, UGT y Cepyme tras un recurso de Conpymes. El Supremo anuló esa subvención “al no haberse acreditado circunstancias que impidiesen el procedimiento ordinario de convocatoria pública previsto en la Ley General de Subvenciones”.

 

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