Nos encontramos en tiempo de descuento para finalizar con el proceso de reforma del sistema de pensiones de nuestro país, ya que debería haber entrado en vigor el 1 de enero del presente año, debido a que dicha reforma forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 30) y cuyo cumplimiento condiciona la llegada de los fondos europeos NextGenerationEU comprometidos.
La reforma del sistema de pensiones pretende asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo y garantizar la equidad intergeneracional y no es de extrañar que se lleve ya más de dos años negociando con los agentes sociales las diferentes medidas que integran la reforma.
En todo proceso de negociación, antes de alcanzar el acuerdo, pueden distinguirse cinco etapas: preparación, discusión, señales, propuestas e intercambio; y el caso que nos ocupa no es una excepción.
La etapa de preparación es una actividad interna del grupo negociador donde se definen los temas a negociar y los objetivos. La etapa de discusión es, en realidad, la parte central y más compleja del proceso de negociación, en la que se intenta acercar al máximo nuestra posición al acuerdo final. Le sigue la etapa de las señales, en la que los negociadores indican de manera sutil su disposición a negociar sobre algo. En la etapa de las propuestas se establecen procedimientos que permiten alejarse de sus posiciones iniciales a los negociadores para llegar al acuerdo. Es en la etapa del intercambio cuando se producen renuncias de las partes a cambio algo (cualquier propuesta o concesión está condicionada a la obtención de una contrapartida).
En la reforma que nos ocupa, la etapa de preparación de la negociación ha sido impoluta a lo que ha ayudado el hecho de que la reforma del sistema de pensiones se incluyera en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la etapa de discusión, es donde encontramos el talón de Aquiles de la estrategia del Ministerio, pues se ha dividido las cuestiones en dos bloques y además agrupando en el primero todas aquellas modificaciones que representaban una mejora respecto a la situación actual, en la que nadie salía perjudicado (revalorización de las pensiones según el IPC, derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional, diversificación de las fuentes de financiación,…) y dejando para la segunda fase las medidas que generan más polémica, en realidad las que requieren de verdadera negociación como el aumento de los años para el cálculo de la pensión pasando de los actuales 25 años a 30 años (incluso eliminando en estos los 2 años más desfavorables). Una vez pactado y legislado todo lo favorable es lógico que el segundo paquete de medidas sea mucho más difícil de acordar con los agentes sociales que el primero, y no resulta inverosímil pensar que acabe aprobándose sin acuerdo.
El objetivo de sacar adelante la segunda parte de la reforma de las pensiones antes de que concluya enero sigue siendo inamovible. El Ministerio apura plazos con varios objetivos fundamentales: aprobar un texto con el que todos sus posibles apoyos en el Congreso se sientan “alineados”, evitar más motivos de fricción con los empresarios, que no están dispuestos a asumir nuevos incrementos de los costes laborales; y tratar de que los sindicatos acepten (aunque sea a regañadientes) una ampliación del periodo de cálculo que el Ministro pretende sacar adelante pese a que no cuenta ni siquiera con el apoyo de la comisión del Pacto de Toledo.
No está siendo una tarea sencilla, y de hecho, fuentes de la negociación muestran su escepticismo por el estado de las conversaciones a estas alturas de mes y ven demasiado lejos el acuerdo.
Esta negociación a tres bandas, que ha supuesto un retraso de los plazos pactados inicialmente con la Comisión Europea, se produce en medio de los llamamientos por parte de organismos de dentro (Banco de España, AIReF…) y fuera de nuestras fronteras (FMI, OCDE…), economistas y agencias de rating a que España pise el acelerador en la reforma de pensiones.
El texto que Escrivá pretende tener listo antes de final de mes incorpora el destope gradual de las bases máximas de cotización entre 2025 y 2050 que se acompañará de una revisión de la cuantía de las pensiones máximas, aunque a un ritmo inferior. Otra medida sería la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización y aquellas que pretenden atajar la brecha de género en las pensiones, y que se añadirían al complemento que entró en vigor el pasado mes de febrero. Se estudia mejorar la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos y estaría contemplando, además un incremento extra a la revalorización anual del 10% del complemento de brecha de género entre el año que viene y 2025.
