Los funcionarios recuerdan que se han perdido 5.000 empleos en cinco años y piden reforzar las plantillas y aligerar los canales digitales
Atrás han quedado las eternas colas y los meses de espera para gestionar una pensión, aunque aún sigue en marcha la cita previa obligatoria para ser atendido que el Gobierno puso en marcha durante la pandemia. Hoy, salvo problemas en oficinas puntuales o en alguna capital, como Valencia, no existen colapso con las citas, según relatan fuentes del sindicato mayoritario en la Administración, CSIF, a este diario.
Durante el Covid la Seguridad Social entró en un casos que dilató hasta tres meses la gestión de una pensión; en estos momentos, el ciudadano que llega a una oficina es atendido tenga cita o no, si su gestión es básica, y si el asunto es más complejo se cita al ciudadano para una nueva visita. La idea de Escrivá es acabar ya en esta legislatura con la cita previa; acometer una reforma de la ley para evitar que cualquier administración puedan exigir a los ciudadanos una cita previa obligatoria para ser atendidos.
La cita previa obligatoria no está prevista en la legislación. Aprovechando un vacío legal, el Ejecutivo la puso en marcha durante los años del Covid para poder gestionar la atención no presencial de los ciudadanos que debían cumplir con las exigencias sanitarias impuestas para frenar la propagación del virus. Sin embargo, cuando el coronavirus remitió, este sistema se mantuvo.
Jubilaciones en masa
«Suprimir de golpe la cita previa en la Seguridad Social sería un caos». explican las mismas fuentes, que insisten en que el sistema ha perdido 5.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años y que es necesario reforzar y estabilizar las plantillas. «En los próximos cinco años se jubilará el 27% de la plantilla y en diez años dos terceras partes», recuerdan.
Durante el Covid la Seguridad Social entró en un casos que dilató hasta tres meses la gestión de una pensión; en estos momentos, el ciudadano que llega a una oficina es atendido tenga cita o no, si su gestión es básica, y si el asunto es más complejo se cita al ciudadano para una nueva visita. La idea de Escrivá es acabar ya en esta legislatura con la cita previa; acometer una reforma de la ley para evitar que cualquier administración puedan exigir a los ciudadanos una cita previa obligatoria para ser atendidos.
