Un derecho que los empleados públicos perdieron en 2012 tras la aprobación del Real Decreto que fijaba el tiempo de trabajo semanal en 37,5 horas con el principal objetivo de ahorrar costes en personal en medio de la crisis. Pero cuando ésta se superó, en 2018, el Ejecutivo presidido todavía por Mariano Rajoy y con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, abrió la mano otra vez y posibilitó que las administraciones que cumplieran los objetivos de regla de gasto, estabilidad presupuestaria y déficit pudieran volver a la jornada de 35 horas para sus trabajadores públicos.
Un año después de aquella medida, una parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos cumplen con éstas exigencias, aunque, curiosamente, la que no lo hace es la propia Administración central. Así, los funcionarios de las siete comunidades mencionadas y los de muchos ayuntamientos de España ya no trabajan 37,5 horas semanales y “empezamos a recuperar algunos de los derechos que perdimos con la crisis”, sentencia José Luis, quien nos explica con un ejemplo que él vive diariamente la diferencia que se da en Asturias ahora mismo entre los funcionarios que dependen de la administración central y de la regional, como él. “Los padres de una amiguita de mi hija que estudia en su mismo colegio también trabajan en Oviedo, en Hacienda. Ellos no han recuperado las 35 horas y algún día yo espero a su hija a la salida del ‘cole’ porque ellos, por sus horarios, no llegan a tiempo de hacerlo”.
Unos 600.000 funcionarios, de los 2,5 millones que hay en España ‘solo’ trabajan ya 35 horas a la semana y las principales organizaciones sindicales del sector, CSIF (la mayoritaria), UGT y CCOO, esperan que las comunidades Autónomas y los ayuntamientos que aún no lo han hecho recuperen la medida en los próximos meses una vez se hayan constituido los diferentes gobiernos tras las elecciones del 26M. “El caballo de batalla está en la AGE (Administración General del Estado)”, según asegura, Francisco Camarillo, secretario de Acción Sindical de CSIF, sindicato mayoritario entre el funcionariado español.
CSIF, tras el acuerdo en Castilla y León, que estima que creará 3.000 nuevos empleos públicos en esta comunidad, reclama “la posibilidad de negociar la jornada de 35 horas para el conjunto de las administraciones y empresas públicas, tras el elevado nivel de cumplimiento de los Objetivos de Estabilidad y del Criterio de Gasto. Para que no se produzcan agravios, porque creemos en la igualdad entre todos los empleados públicos independientemente de donde presten sus servicios es preciso que esta medida se extienda a todas las Administraciones, incluido la del Estado”. Los funcionarios le ponen pues ‘deberes’ a Pedro Sánchez una vez que sea investido presidente del Gobierno: CSIF ya cuenta con una “una nueva hoja de ruta que permita mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones de las plantillas: 35 horas, equiparación salarial y recuperación de la estructura salarial previa a 2010″.
Los sindicatos, por otro lado, tratarán de negociar con el nuevo Ejecutivo central la eliminación de esas estrictas condiciones de gasto y déficit para la vuelta a las 35 horas porque “no tiene mucho sentido dentro de unas cuentas públicas saneadas como las que se dan en el conjunto de administraciones. ¿Qué pasa, que si una Administración que ha retomado la jornada de 35 horas tiene déficit el año que viene otra vez, se vuelve a las 37,5 horas? Es un sinsentido y un descontrol. Esto tiene que ver con la gestión de los recursos humanos y no con un poco más o menos de déficit. Hemos salido de la lupa de Bruselas por déficit excesivo y los funcionarios debemos recuperar los derechos laborales que teníamos antes de la crisis. Ésta terminó y es hora de que se reviertan los sacrificios que hicieron los funcionarios públicos entonces”.
Los representantes de los trabajadores públicos creen que la recuperación de las 35 horas semanales de trabajo no es una medida cara para las arcas públicas; generará empleo al tener que contratar nuevos trabajadores y será, por ello, una inyección de dinero para la Seguridad Social a través de las cotizaciones, aunque reconocen que es una medida que, donde más complicada es de ejecutar es en el sector sanitario. No hay un estudio claro y actualizado sobre cuánto dinero costaría en general la reimplantación de las 35 horas semanales al funcionariado ni el volumen de nuevo empleo que generaría.
Un estudio de hace dos años hecho por el Gobierno de Rajoy hablaba de que solo para la AGE (Administración General del Estado) supondría un coste adicional de entre 80 y 100 millones de euros anuales. A modo de ejemplo, algunas fuentes hablan de que en Andalucía, donde hay 250.000 trabajadores públicos, se necesitan 8.000 nuevas contrataciones tras la vuelta a las 35 horas. En Castilla y León, CSIF los cuantifica en 3.000.
Mientras, Alberto, que trabaja como profesor en un colegio público de Murcia, la Comunidad que más se aleja de cumplir las reglas de gasto y déficit para poder volver a la jornada de 35 horas (18 lectivas en educación), reconoce haber perdido la esperanza de retomar las actividades que llevaba a cabo antes de 2012, cuando trabajaba 2,5 horas a la semana menos que ahora. Y habla de un agravio comparativo respecto a lo que disfrutan compañeros míos de otras autonomías como el País Vasco o Andalucía.
