Mienten, pero además quieren que los demás compremos y aceptemos sus mentiras.
Urge que este Gobierno se vaya, pero no solo los ministros, sino esta generación de aventureros políticos que han puesto a España al borde del abismo.
Nos pretenden regalar los oídos con el repetitivo anuncio de una progresiva reducción del desempleo, pero ninguna fuente oficial se ha atrevido a desmentir la última estadística de Eurostat que cifra en 3.700.000 el número de parados en España, un millón más de los que reconocen nuestras fuentes oficiales.
Nos enseñan alborozados sus datos de inflación alardeando de que es su política la causa de su reducción, pero nos ocultan que han cambiando la ponderación en el IPC de sus diversos componentes, distorsiona la medida de su auténtica evolución.
Nos muestran orgullosos como ha crecido nuestro PIB en el último ejercicio afirmando que lideramos el crecimiento en la Unión Europea pero medido desde el final de la pandemia, en realidad ocupamos la cola de la lista.
Nos afirman con regocijo que están consiguiendo reducir la deuda pública utilizando el porcentaje respecto al PIB pero en realidad, el importe de nuestro endeudamiento no ha dejado de crecer desde que gobiernan y, además, lo está haciendo a un ritmo que bate todos los récords -negativos- de nuestra historia.
La conjunción de varias mentiras y alguna media verdad que a fuerza de ser repetidas por los componentes del Gobierno consigue que sus trucos de tahúr no sean descubiertos por el público.
El drama consiste en que la economía es una cosa muy real y que en contra de lo afirmado en su día por Carmen Calvo, el dinero público es de todos los españoles y sigue siendo nuestro (individualmente) hasta que Hacienda nos lo arrebata e incluso es nuestro (colectivamente) después de que nos sea arrebatado
En el fondo, la cuestión es que tenemos un Gobierno marcadamente irresponsable y está jugando de manera harto frívola con nuestro futuro, el inmediato y el memos inmediato. Y no solo, que ya es mucho, por el estratosférico importe de deuda que ha alcanzado el Reino de España -1,6 billones de euros- que nos obliga a tirar al mar en forma de pago de intereses una parte ingente de los impuestos que se nos cobra, sino por otro conjunto de factores igual de relevantes.
España, como mercado, lleva cinco años reduciendo la libertad de empresa y acrecentando las restricciones regulatorias. España, como empleador, lleva un lustro sobredimensionando su plantilla y reduciendo la calidad y profesionalidad de sus empleados.
En 2023 se redujo un 20% de la inversión extranjera en nuestro país. Los agentes privados nacionales tampoco, pues el aumento de nuestro PIB obedece básicamente al consumo público. Sin inversión la economía no es sostenible.
Para los tahúres de nuestro Gobierno, todo lo anterior da igual pues, al fin y al cabo ellos saben que “están de paso”.
Frente al discurso oficial del Gobierno, que traza un comportamiento de la economía de ciencia ficción, nos encontramos con la cruda realidad de la evolución económica, que es la siguiente:
• El crecimiento es artificial, dopado por el gasto público como se ve con el consumo y la inversión que se retrae.
• La inseguridad jurídica del gobierno ahuyenta las inversiones, con desplome de la inversión extranjera.
• El empleo no se crea, sino que se reparte, como se ve con las horas trabajadas. Hay más de 700.000 fijos-discontinuos en el paro que no se contabilizan como parados.
• Crecen los costes laborales y cae la productividad, mientras suben los impuestos, que hace que las empresas sean menos competitivas.
• La deuda pública se acerca a los 1,6 billones de euros.
• La inflación acelera su crecimiento interanual, con un fuerte incremento en términos mensuales, de casi un punto porcentual.