El Gobierno está decidido a apurar hasta la última gota de la legislatura y aprobar todo lo que pueda antes del 28 de abril e incluso más allá del ‘día D’.
Sin embargo, Pedro Sánchez no tiene barra libre para aprobar todas las medidas estrella que tiene en cartera. La Constitución, la Ley del Gobierno y el Reglamento del Congreso acotan su margen de maniobra.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que todavía queda un Consejo de Ministros hasta la disolución de las Cámaras que se producirá exactamente en una semana, el 5 de marzo. Este viernes día 1 aparece marcado en rojo en la agenda de Sánchez. Será cuando reúna por última vez en esta legislatura a sus ministros en plenas funciones y se espera para esa fecha la aprobación de todo un paquete de medidas ‘in extremis’ que están terminando de poner negro sobre blanco varios ministerios.
En algunos casos, estas medidas tendrán que adoptar la forma de Real Decreto-Ley, por lo que deberán ser sometidas a debate y votación de totalidad en el Congreso en un plazo máximo de treinta días, según establece el artículo 86 de la Constitución. Pero las Cortes dejarán de funcionar en pleno el próximo martes y a partir de ese momento todo dependerá de la Diputación Permanente (DP), una especie de mini parlamento que se activa en los casos de disolución del Congreso y asume todas sus facultades, también las relacionadas con decretos leyes.
El Ejecutivo podría, por tanto, intentar sacar adelante en la DP algunas de las cuestiones que apruebe el Consejo de Ministros, que se seguirá reuniendo todos los viernes hasta que se forme un nuevo Gobierno. Pero esto no significa que Sánchez pueda hacer uso ilimitado de la vía del Real Decreto-Ley que tanto criticó a Mariano Rajoy. El presidente está midiendo al milímetro sus potenciales apoyos para llevar al Congreso sus propuestas, porque tiene muy presente que PP, Cs y UPN suman 32 diputados en la DP, frente a los 33 del bloque de la moción de censura
Con todo, incluso logrando el respaldo del parlamento de guardia, la aprobación de sus reales decretos-leyes no está garantizada. Hay que recordar que esta herramienta legislativa exige una justificación de extraordinaria y urgente necesidad que, de no cumplirse, es susceptible de ser tumbada por la justicia. De hecho, algunos grupos parlamentarios, como el PP, ya han amenazado con acudir al Tribunal Constitucional para “impedir que Sánchez haga campaña electoral desde Moncloa“.
En términos generales, el artículo 86 de la Constitución establece que los decretos leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al régimen electoral. El profesor García Vitoria advierte de que, en caso de que se incumpla alguno de estos “principios básicos“, el Gobierno se arriesga no solo a la no convalidación en el Congreso, sino a que ese abuso sea recurrido ante el Tribunal Constitucional y este acabe por tumbar la norma
El problema principal que surge aquí es la laxitud en la consideración de lo que es urgente. Este experto cuestiona “hasta qué punto puede el Gobierno alegar urgencia para sacar adelante medidas que tienen más que ver con su programa electoral que con una necesidad para el país” y pone un ejemplo: “Si un Real Decreto Ley establece un plazo de entrada en vigor de seis meses, es contrario a la consideración de urgente“
Otro problema al que se enfrenta el Gobierno de Sánchez a la hora de sacar adelante parte de su agenda a base de decretazos es la inseguridad jurídica que provoca esta vía. Los reales decretos-leyes se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente de su aprobación y entran en vigor un día después. Luego existe el riesgo de que sean tumbados en el Congreso, como sucedió con el texto en materia de vivienda que modificaba los contratos de alquiler. Y, por último, como ha quedado demostrado, cabe la posibilidad de que la justicia anule sus efectos, lo que acaba provocando complejos embrollos legales.
En Moncloa parecen no importar estas restricciones ni los posibles vetos que pueda imponer el Constitucional. De hecho, el Gobierno está presumiendo de que podrá aprobar diversos decretos leyes con las cámaras disueltas, atribuyéndose la situación como un mérito de que el Ejecutivo sigue trabajando. Además, desde el equipo de Sánchez se destaca insistentemente entre sus logros el haber aprobado nada menos que 25 decretos leyes en los casi nueve meses en el poder. Es lo que algunos en el Congreso han llamado “la banalización del decreto-ley“
