El Gobierno prefiere querer agradar con declaraciones y promesas populistas, aunque sean una trampa, como ya advertía Epícteto: “Querer agradar a los demás es una trampa peligrosa”.
Las pensiones y la vivienda son dos ejemplos de como los Gobiernos intentan agradar a su clientela para conservar sus votos. Las pensiones son uno de los retos pendientes de la economía española que nadie se atreve a coger por los cuernos. La vivienda se ha convertido –fruto de políticas disparatadas y populistas– en uno de los grandes problemas del país.
PENSIONES. El Gobierno presume de que la llamada «hucha de las pensiones» ya acumula un fondo de 7.000 millones de euros. No lo relaciona con el hecho de que la Seguridad Social ha doblado su deuda en cuatro años y que ya alcanza los 110.000 millones de euros, ni tampoco con que el déficit anual supera los 55.000 millones. Con esa deuda y un gasto muy superior a los ingresos, tener y presumir de 7.000 millones de hucha no solo es absurdo, sino que es una trampa para ingenuos pues una hucha es para guardar lo que sobre y no lo que falta. El problema está ahí, pero nadie quiere abordarlo porque es impopular.
VIVIENDA. “Hoy, el principal problema de nuestro país no es el paro, es la vivienda”, incidió recientemente Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Por su parte Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE), acaban de insistir en la trampa de la política de vivienda, que «no solo no ha ayudado a mitigar el problema de la oferta, sino que lo ha incrementado, al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su venta o alquiler».
Apenas un 30% de las familias encabezadas por personas menores de 35 años son propietarias de una vivienda. En 2011, estas mismas familias eran casi el 70%. El gran problema es que los más jóvenes no están consiguiendo ni endeudarse por su bajos salarios, por las subidas de precios en el mercado inmobiliario y porque las condiciones de financiación de los bancos (hipotecas) son más estrictas.
En la campaña de las autonómicas de mayo de 2023, el presidente del Gobierno prometió 183.040 viviendas públicas para incrementar la oferta de alquiler en España. A día de hoy sigue siendo toda una incógnita su avance pues la oferta se basaba en planes muy diferentes:
Plan estatal de vivienda 2022-2025
Con un presupuesto de 1.700 millones de euros. En total, los planes estatales anteriores han puesto en marcha 10.000 viviendas en los últimos cinco años, una media de 2.000 por año.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Se esperan unas 20.000 viviendas. Cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros, con cargo a los fondos europeos Next Generation y se gestionan a través de las CCAA. Este programa se ampliará en otros 4.000 millones más y estas subvenciones podrán optar cuando destinen los pisos a alquiler por debajo de los precios de mercado durante un mínimo de 50 años.
Sepes (Entidad Estatal de Suelo)
Por el momento, tiene unos 20.000 pisos en marcha, en fase muy previa de planeamiento o de urbanización, De ellas, unos 10.000 corresponden a la Operación Campamento, donde Sepes y el Ayuntamiento de Madrid trabajan de la mano en el desarrollo.
Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria)
El “banco malo”, en su nuevo plan estratégico, contempla destinar 51.000 viviendas a alquiler. A medio y largo plazo, en su Plan Viena, planea construir en 4 o 5 años sobre suelos de su propiedad unos 15.000 pisos que se destinarán al alquiler asequible (por debajo de mercado),
Fondo Social de Viviendas (FSV)
Se trata de un convenio firmado entre el Gobierno y algunas de las principales entidades financieras del país, para ceder viviendas que se han adjudicado a la administración. Se gestionarán unas 10.000 viviendas. Los beneficiarios, personas que están en situación de especial vulnerabilidad social, pagan una renta mensual que no supere el 30 % de los ingresos netos totales de la unidad familiar.