LAS PENSIONES ESPAÑOLAS: QUEBRADAS PERO ASEGURADAS

REFORMAS RECIENTES DE LAS PENSIONES ESPAÑOLAS

La demografía y el mercado laboral españoles han desbordado por completo a un sistema de pensiones concebido hace muchas décadas en unas circunstancias demográficas y económicas muy diferentes de las actuales. A medida que han pasado los años el sistema de reparto español ha adquirido funciones impropias, y se ha ido parcheando para mejorarlo pero nunca se ha planteado una reforma integral.

La SS española es deficitaria desde 2010. Desde 2016 y hasta 2019 los déficits de la SS sumaron unos 80.000 millones € y supusieron un 1,6 % del PIB. Los déficits reiterados del sistema demuestran que las reformas paramétricas de los últimos años no han sido capaces ni de adecuar el sistema a las nuevas condiciones demográficas y económicas, ni mucho menos prepararlo para el futuro.

1.- LAS PENSIONES ESPAÑOLAS ESTÁN QUEBRADAS

El último superávit de la SS española se produjo en 2010 y si nos fijamos exclusivamente en la parte contributiva del sistema y calculamos la diferencia entre las cotizaciones de los ocupados y las pensiones contributivas, el último superávit se produjo en 2009. Estos déficits se deben a crecimiento continuado del gasto en pensiones y a la caída de las cotizaciones entre 2008 y 2013 y a su posterior crecimiento lento. El aumento de gasto en pensiones se debe a tres razones.

  • Al aumento de la longevidad que ha encarecido el coste medio de los pensionistas para el sistema.
  • Al aumento del número de nuevos pensionistas, debido a que los nacidos durante el boom de la natalidad de los años 60 están empezando a jubilarse.
  • Al aumento de la pensión media inicial, debido al aumento de la educación y, por lo tanto, de la productividad y de los salarios, y la mayor duración de las carreras laborales.

Entre 2008 y 2013 los ingresos de la SS disminuyeron considerablemente debido a la destrucción de más de 3,3 millones de puestos de trabajo. Entre 2013 y 2019 las afiliaciones se han recuperado, pero las cotizaciones han crecido a un ritmo inferior al del crecimiento de los gastos de la SS.

En lo que respecta al Fondo de Reserva de las pensiones, a finales de 2019 contará formalmente con unos 1.560 millones de euros, después de ocho años consecutivos de retiradas de fondos y de haber alcanzado un máximo de 66.815 millones de euros en 2011. Pero, el Fondo de Reserva de las Pensiones está agotado pues los 1.560 millones de euros son una ficción contable que esconde la realidad contable de una deuda de la Seguridad Social con el estado de 35.557 millones de euros.

2.- PERO LAS PENSIONES ESPAÑOLAS SÍ ESTÁN GARANTIZADAS

Desde un punto de vista político, las pensiones españolas están garantizadas porque los pensionistas han capturado al estado de bienestar. Desde un punto de vista técnico, las pensiones están garantizadas porque simplemente la doble caja del Estado español (una caja para la Seguridad Social y otra distinta para el resto del Estado) es simplemente una ficción contable.

Las pensiones serán el último programa del estado del bienestar en recortarse porque los mayores han capturado políticamente al Estado. En 2020 hay en España 9 millones de pensionistas que suponen 9 millones de votos. Los pensionistas son, con mucha diferencia, el colectivo más numeroso y, en consecuencia, son el grupo social que más poder político tiene.

La inoperatividad del Pacto de Toledo, que reúne a todos los partidos con representación parlamentaria, y que excluye a las pensiones del debate político, institucionaliza y demuestra la captura del estado por parte de los pensionistas. La derogación del Indice de Revalorización de las Pensiones, la recuperación del IPC para actualizar las pensiones, y la negativa a aplicar el Factor de Sostenibilidad previsto para 2019, confirman que los derechos de los pensionistas están garantizados y que su captura del estado es eficaz y efectiva. Por lo tanto, se demuestra de forma incontestable que las pensiones españolas están garantizadas y que van a seguir estándolo en el futuro.

Las pensiones están garantizadas, además de porque el Estado español siempre va a querer pagarlas, porque va a poder hacerlo, porque la doble caja del es sólo una ficción contable. Desde 2014, el Fondo de Reserva de las pensiones (FRSS) ha estado invertido en deuda pública española en su totalidad. Esto quiere decir que los superávits de la SS, cuando los ha tenido, se han dedicado a financiar al Estado. Además, desde 2017 los déficits de la SS se han financiado mayoritariamente con créditos del Estado: desde 2017 a 2019 el importe total de estos créditos ha ascendido a 36.952 millones €. Por lo tanto, la realidad demuestra que el Estado tiene una caja única que integra la de la SS con los Presupuestos Generales del Estado(PGE).

La duda razonable es si en la caja integrada del Estado habrá recursos suficientes para atender a las restantes partidas del presupuesto. Pero los pensionistas pueden estar tranquilos: si alguna vez falta dinero, el Estado español dejará de pagar la inversión pública, la educación pública, la sanidad pública o cualquier otro programa antes que las pensiones.

3.- LAS PENSIONES ESPAÑOLAS NO SON CREÍBLES

Las reformas continuas de las pensiones, las contrarreformas, la inoperatividad del Pacto de Toledo, las manifestaciones de los mayores, los avisos de los investigadores, el discurso de los sindicatos, los intereses del sector asegurador y el ruido de los medios y las redes sociales han contribuido a crear un estado de desconcierto generalizado en cuanto a la sostenibilidad y al futuro de las pensiones.

Como no saben a qué atenerse con relación a sus pensiones, muchos trabajadores y muchos pensionistas españoles desconfían del futuro de sus pensiones.

Esta falta de credibilidad de las pensiones de reparto es especialmente preocupante porque las rentas para la jubilación de los españoles proceden casi exclusivamente de las pensiones públicas de reparto.

Para mejorar la credibilidad de las pensiones la Seguridad Social debería comunicar a los trabajadores mayores de 50 años las cuantías de sus derechos pensionables y de su pensión esperable. Esta comunicación no haría más que cumplir con la legalidad vigente. El 2 de agosto de 2011 el Gobierno de España presidido por Jose Luis Rodríguez Zapatero aprobó una Ley que obliga a la Seguridad Social a informar a cada trabajador anualmente sobre la cuantía de su pensión pública, como ocurre en muchos países europeos. Literalmente, la disposición adicional vigésima sexta de esa Ley dice lo siguiente:

«A estos efectos, la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria prevista en el artículo 161.1 de la presente Ley, a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen».

Pero ni ese Gobierno, ni los Gobiernos posteriores, presididos por Mariano Rajoy y por Pedro Sánchez se han atrevido a enviar esa carta a los trabajadores españoles. Mientras esa carta no se envíe, la verdadera situación de las pensiones españolas seguirá en el limbo oficial y por lo tanto, estará expuesta a todo tipo de especulaciones.

A pesar de que las pensiones españolas estén garantizadas, no van a poder pagarse con las cotizaciones a la SS en la próxima década. Como la sostenibilidad del sistema está en entredicho, las pensiones han perdido su credibilidad. Las discusiones sobre las reformas de los sistemas de pensiones se complican enseguida porque los sistemas de pensiones combinan aspectos políticos y aspectos técnicos y unos y otros son difíciles de separar.

Los sistemas de pensiones de reparto son transferencias a los pensionistas que se financian parcial o totalmente con un impuesto sobre las rentas del trabajo. Por lo tanto, las pensiones de reparto son un mecanismo redistributivo entre generaciones cuyo funcionamiento puede resumirse contestando a las dos preguntas siguientes: ¿quién paga las cotizaciones? y ¿quién cobra las pensiones?. La acumulación de reformas del sistema de pensiones de reparto español ha ido modificando las respuestas a estas preguntas hasta llegar a la situación actual que esta plagada de incentivos perversos y de arbitrariedades.

4.- AUNQUE NO HAY REMEDIOS “MÁGICOS”

A pesar de la complicada situación patrimonial de la Seguridad Social, la pasividad del Gobierno y del Pacto de Toledo invita a pensar que confían en que los problemas de las pensiones españolas se resuelvan mágicamente con una combinación de aumentos en las tasas de empleo, aumentos en la inmigración, aumentos de la natalidad y retrasos en las edades de jubilación.

Según el escenario demográfico central del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de dependencia demográfica española en 2015 era de 3,8 residentes con edades comprendidas entre los 21 y los 66 años por cada residente con 67 años o más. Según ese mismo escenario, en 2050 esa tasa quedará reducida a 1,4.

Si quisiéramos recuperar en 2050 la tasa de dependencia demográfica de 2015 exclusivamente con retrasos en la edad de jubilación, la edad de jubilación efectiva tendría que retrasarse a los 77 años.

Si quisiéramos recuperar la tasa de dependencia de 2015 exclusivamente con inmigrantes, España tendría que acoger a 36,1 millones de emigrantes entre 2015 y 2050.

Si quisiéramos hacerlo con aumentos en la tasa de empleo, la tasa de ocupación en 2050 debería ser del 125 % de la población en edad laboral.

Si quisiéramos recuperar la tasa de dependencia de 2015 exclusivamente fomentando la natalidad, cada española en debería tener ocho hijos más de los previstos por el INE. Si reducimos esa cifra a dos hijos más de los previstos, para recuperar en 2050 la tasa de dependencia demográfica de 2015, además de los 9,4 millones de nacidos adicionales, harían falta 26,7 millones de inmigrantes.

Las necesidades de financiación de las pensiones del futuro, en un escenario económico razonable con un crecimiento medio del PIB del 2%, van a ser tan altas que no van a poder pagarse razonablemente con otros recursos fiscales, como aumentos de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o de otros impuestos. Por ejemplo, si quisiéramos pagar las pensiones con aumentos en el tipo del IVA, en 2050 el tipo del IVA debería ser del 48 %.

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