En 1985, con Felipe González en la presidencia del Gobierno, el periodo de cotización mínimo exigido para percibir una pensión pasó de 10 a 15 años y el número de años utilizados para el cómputo de su cuantía saltó de 2 a 8 años. CC OO convocó huelga general el 20 de junio de ese mismo año, donde UGT no participó. A pesar del éxito de la movilización el PSOE no retiró su reforma, pero estableció posteriormente la revisión automática anual según el IPC.
No hay que olvidar que durante el felipismo (1982 a 1996) apenas se creó empleo en términos netos. El lento aumento de los ingresos de la Seguridad Social, soportado realmente por subidas impositivas, contrastaba con un número creciente de jubilados, lo que introducía nuevas presiones de gasto y el sistema parecía estar camino de la quiebra
En 1997, con José María Aznar en La Moncloa, se volvió a incrementar el número de años para fijar la base reguladora de 8 a 15 años. El gobierno de Aznar se vio obligado a pedir un crédito para cumplir los compromisos de pago de la Seguridad Social. La intensa creación de empleo ocurrida durante el aznarismo ayudó a reequilibrar el sistema y disipó los fantasmas de la bancarrota de las pensiones.
En 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del país, elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años y, lo que es más importante, se pasó de 15 a 25 años el cómputo de los años para fijar la cantidad a percibir mediante un periodo transitorio que añade un año más desde 2013 hasta 2022. Bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, se mantuvo el saldo positivo de la Seguridad Social, aunque con un componente de ingresos cada vez más atado al empleo que generaba la burbuja inmobiliaria. El colapso del ladrillo tumbó la ilusión de prosperidad de la primera legislatura de Rodríguez Zapatero y condujo a la Seguridad Social a una preocupante deriva. Si en 2008 aún registraba un superávit del 1,3% del PIB, en 2010 ya estaba al borde del déficit.
Desde 2011 (final del zapaterismo), el sistema está en números rojos, con déficits anuales que se han enquistado entre los 15.000 y los 20.000 millones. La única forma de seguir pagando las pensiones en una situación así era echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social creado por el gobierno de Aznar que acumuló 66.800 millones entre el año 2000 y 2011. Sin embargo, los desequilibrios entre los ingresos por cotizaciones y los gastos en prestaciones obligaron a vaciar esa hucha entre 2012 y 2019. En la actualidad, apenas quedan unos 1.500 millones en caja. Puesto que estos recursos dejaron de ser suficientes para compensar el déficit del sistema en el año 2016, la deuda de la Seguridad Social con el propio Estado se ha disparado desde 2017, a 50.000 millones en 2019.
Durante los últimos quince años, el único intento de reformar el sistema fue la introducción del factor de sostenibilidad, impulsado bajo gobierno de Rajoy y bajo su mandato las pensiones experimentaron aumentos muy moderados: 1% en 2012 y 2013, 0,25% en 2014, 2015 y 2016. Este sistema logró frenar el aumento del gasto y empezó a favorecer un vuelco en las previsiones de equilibrio del sistema. Sin embargo, esta perspectiva se fue al traste en 2017, cuando las negociaciones parlamentarias del PP con PNV terminaron en la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. Desde entonces, el aumento de gastos del sistema solo ha contribuido a ahondar el déficit de la Seguridad Social.
Las cuentas de 2020 han elevador esta cifra hasta niveles sin precedentes y a comienzos de año, el gobierno ya esperaba inyectar 14.000 millones para cubrir las pagas extra de verano y de navidad.
La crisis del Covid-19 llega, pues, en el peor momento y ha provocado una caída de ingresos valorada en otros 14.000 millones. A esta segunda cifra debería sumarse el incremento del gasto en prestaciones por desempleo, que va a aumentar en unos 20.000 millones. Es cierto que el programa de reaseguro europeo que financiará el pago de los ERTE puede mitigar en 15.000 millones estas obligaciones, pero incluso descontando tal partida encontramos que el déficit del sistema se va a duplicar. Por lo tanto el curso 2020 se cerrará con unas obligaciones cercanas a los 85.000 millones, equivalentes a unos 10.000 euros por pensionista, del orden de 9 meses de su pensión.
El actual desGobierno de coalición, por sus luchas intestinas, parece incapaz de “poner el cascabel” al gato de uñas que son las pensiones y con la UE “echándole el aliento al cogote” con la amenaza del parón de los Fondos Europeos de Recuperación