La edad no perdona. Así de crudo es el mercado laboral español, del que los mayores de 50 años son expulsados sin piedad, aumentando las cifras del paro de larga duración. Aunque en los últimos tiempos el colectivo de más de 45 años ha reducido su peso en el desempleo de 1,9 a 1,6 millones de personas, lo cierto es que su evolución sigue siendo mucho peor que la del conjunto de la población (mejora el 14,7% frente al 23,3% nacional) y se deja notar en la ocupación. Ahora la situación pinta peor que hace unos meses porque vuelven los expedientes de regulación de empleo (ERE), las prejubilaciones, desvinculaciones y bajas incentivadas, que tienen como claro foco a los más veteranos de las plantillas. De hecho, Gonzalo Pino, secretario de política sindical de UGT, está seguro de que 2019 registrará un aumento de las cifras del año precedente.
Los años no pesan igual para todos
Las grandes empresas echan de sus plantillas a los empleados de mayor edad. Pero solo a algunos. Porque no hay más que darse una vuelta por las presidencias de las 35 compañías que componen el selectivo bursátil Ibex 35 para darse cuenta de que les pesan los años. Mucho. Su edad media supera los 62. Pero solo tres están por debajo de la fatídica cifra elegida para los despidos, de 52 años, mientras que 14 superan los 65 años. Los mayores son: José Lladó (Técnicas Reunidas), con 85; Alejandro Echevarría (Mediaset), con 77; Juan José Brugera (Colonial), con 73; Florentino Pérez (ACS), con 72; Antonio Brufrau (Repsol), con 71; Rafael Miranda (Acerinox), Josep Oliu (Banco Sabadell) y José Antonio Tazón (Amadeus), con 70. ¿Es que ellos no necesitan renovación en la era digital
Banco Santander anunció la semana pasada que despediría a 3.713 empleados a través de un ERE, un par de semanas después de que Caixabank presentase el suyo para 2.023 personas, o de que Dia, Nissan, Supersol, Vodafone, Bayer o Adolfo Domínguez hiciesen lo propio, sumándose así a organizaciones como Iberia que mantienen abiertos los suyos. Otras empresas, como Naturgy, El Corte Inglés, las farmacéuticas Merck o Pfizer, o Inditex, prefieren poner en marcha despidos voluntarios negociados individualmente. Son solo algunos ejemplos de unos mecanismos que cobran fuerza a medida que las empresas ganan dinero, pueden invertir en reestructuraciones y las ponen sobre la mesa.
Ya sucedió durante el último ERE de Telefónica, en 2011, que motivó que el Gobierno introdujese un cambio en la normativa para que las compañías que obtienen ganancias y acometen regulaciones de personal se hagan cargo de las prestaciones del desempleo durante los dos años preceptivos, la denominada enmienda Telefónica (la cual propició también que el siguiente plan de ajuste de la operadora, de 2016 a 2018, se efectuase a través de bajas voluntarias, un total de 4.875). Sin embargo, ahora, una vez superados estos efectos disuasorios, las empresas vuelven a decantarse por los ERE porque son más seguros jurídicamente, según Godino. “Están aumentando los expedientes, pero la causa no es económica. Son recortes para mejorar la productividad. Se sustituye a trabajadores veteranos con sueldos altos por jóvenes más preparados para hacer frente a la digitalización de las empresas y con salarios mucho más bajos”, explica Román Merino, responsable de la consultora de diseño de reestructuraciones Reinforce Consulting.
La banca es el sector que ofrece indemnizaciones más generosas para desprenderse de su personal. Aunque las jubilaciones doradas de los años ochenta y, sobre todo, noventa hayan pasado a mejor vida, estas entidades pagan los finiquitos más jugosos (solo comparables con multinacionales del tamaño de Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol…). Una forma de acallar las críticas al contentar al personal. Porque, no nos olvidemos, pese a que cada día las grandes empresas dan boleto a sus empleados a una edad más temprana, muchos de sus trabajadores esperan este retiro como agua de mayo dadas sus ventajosas condiciones (perciben entre un 70% y un 100% de su último salario en la mayoría de las ocasiones).
Sin embargo, estas son solo las condiciones de unos pocos, advierte Carlos Bravo, secretario confederal de protección social y políticas públicas de CC OO: los que trabajan en las macroempresas del país. “La mayoría de los trabajadores de más de 50 años son expulsados por las compañías, en el mejor de los casos con una indemnización por despido improcedente. No suelen encontrar trabajo, con lo que enganchan la prestación por desempleo con el subsidio para mayores de 52 años, que ahora ha subido y permite una cotización más alta y, por tanto, que la pensión se resienta menos”.
Estas diferencias producen una España de dos velocidades. Un país desigual que lo mismo que ofrece mayores oportunidades a las familias de rentas altas, también trata mejor a los trabajadores y extrabajadores de las grandes empresas.
En los expedientes de regulación de empleo, las multinacionales se hacen cargo del pago de las prestaciones del paro impuesto por la enmienda Telefónica y del convenio especial con la Seguridad Social con el que el veterano despedido cotizará hasta llegar a la jubilación anticipada (61-63 años). Unos convenios que el Gobierno ha tenido que reforzar recientemente porque las empresas se los saltaban, dejando este puente a la jubilación en manos del particular, que ahora puede denunciar directamente este incumplimiento. Según Braulio Molina, socio del departamento laboral de Garrigues, el convenio puede costar entre 12.000 y 13.000 euros para una base máxima de cotización.
Con los planes de bajas incentivadas, desvinculados de los ERE, las empresas no dan acceso al desempleo y, por tanto, no lo sufragan (en todo caso, lo incluyen en la indemnización) y pueden hacerse cargo (o no) del convenio especial con la Seguridad Social cuando son de mutuo acuerdo. Son sistemas de ajuste de plantilla mucho más caros para las compañías, entre un 30% y un 40% más, según el abogado de Garrigues. Y también para el trabajador, ya que, al ser un despido acordado, no dispone de exención fiscal. Otro de los motivos por los que muchas empresas han sido denunciadas, al igual que sus exempleados, teniendo que pagar las cantidades detraídas al fisco y la multa correspondiente, explica David Díaz, director del departamento laboral de Baker McKenzie, quien también alude a las irregularidades en las prestaciones por desempleo que cometen las organizaciones tratando de que el Estado asuma unos gastos que les corresponden, una infracción grave tanto para ellas como para el trabajador. El coste medio del paro se sitúa en unos 80.000 euros, según CC OO.
“La tendencia de las grandes empresas a expulsar gente mayor de sus plantillas es estructural. Su política no es razonable en una sociedad envejecida, pero suelen pagar el desempleo y las cotizaciones; otra cosa es cuando utilizan los resortes de la Seguridad Social y del Estado. Tenemos que estar atentos a que no consuman recursos públicos”, señala Carlos Bravo.
Es insostenible para España un sistema de pensiones en el que los contribuyentes cada vez son menos y los jubilados más. “Las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas ponen en cuestión el mantenimiento del sistema de reparto, en el que cada persona que se retira es un cotizante menos”, agrega Díaz-Giménez. De las altas de jubilación que llegaron a la Seguridad Social en 2018, que crecieron un 6%, el 43% correspondieron a jubilaciones anticipadas. Y durante el primer trimestre de este año ese porcentaje ha subido hasta el 48%.
En el Ministerio de Trabajo carecen de estadísticas sobre prejubilaciones, al ser una figura sin carácter legal, pero UGT calcula que al menos 600.000 personas viven en España de estas rentas mensuales que habitualmente estructura una compañía de seguros.
Unos datos que dejan al descubierto el desacoplamiento que existe entre la edad de retiro legal (que este año se sitúa en 65,8 años, siguiendo el camino ascendente que la llevará a colocarse en 67 años en 2027), en tanto que la edad real no llega a los 63. “Hay que acercar la edad legal y la edad efectiva de jubilación”, sostiene Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, consciente de la urgencia de la reforma de las pensiones.
